La jueza federal de Estados Unidos, Jeannette Vargas, anuló este viernes la suspensión de visas de inmigrantes impuesta por la administración de Donald Trump a ciudadanos de 75 países. La jurista consideró que la medida es contraria a la ley y que el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió sus facultades al ordenar los rechazos.
La política había sido implementada en enero por el Departamento de Estado y frenó la emisión de visas de inmigrante para casi el 40% de los países del mundo. La medida alcanzó a ciudadanos de naciones como Brasil, Colombia, Egipto, Haití, Somalia y Rusia.
El Gobierno de Trump argumentó que buscaba evitar el ingreso de personas que quisieran entrar al país para "solamente recibir asistencia social y beneficios públicos".
La decisión fue tomada por Vargas, jueza del Tribunal Federal de Distrito de Manhattan, que además cuestionó la forma en que la administración aplicó el criterio de "carga pública". Según la normativa estadounidense, un inmigrante puede ser considerado potencialmente dependiente del Estado, pero esa evaluación debe hacerse de manera individual.
La magistrada concluyó que la política de Rubio establecía, en los hechos, un rechazo automático para determinados solicitantes según su país de origen. El expediente judicial incluye un cable enviado por el secretario de Estado a las embajadas y consulados estadounidenses en el que se indicaba que los funcionarios debían rechazar las solicitudes incluso si los interesados presentaban pruebas adicionales para demostrar que podían mantenerse por sus propios medios.
Qué decidió la jueza sobre las Visas ya rechazadas
La resolución deja sin efecto las denegaciones de Visas que hayan tenido como único fundamento esta política. Sin embargo, los rechazos realizados por otros motivos legales seguirán vigentes, incluso cuando los funcionarios consulares también hayan mencionado el criterio cuestionado por la jueza.
La suspensión afectaba a las visas de inmigrante utilizadas, entre otros casos, por personas que buscan reunirse con familiares o aceptar empleos y establecerse de manera permanente en Estados Unidos. No alcanzaba a las visas de no inmigrante, como las destinadas a turistas o estudiantes.
Vargas también sostuvo que la medida chocaba con una ley de 1965 que prohíbe la discriminación por nacionalidad en materia de visas. Además, señaló que otra disposición legal limita la capacidad del secretario de Estado para intervenir en las decisiones individuales de los funcionarios consulares.
Los países afectados
La lista incluía países de distintas regiones. Entre ellos estaban Brasil, Colombia, Egipto, Haití, Somalia, Rusia, Jordania y Georgia. También comprendía naciones del Caribe, África subsahariana, los Balcanes, Medio Oriente, Asia Central y el Sudeste Asiático.
El Gobierno estadounidense elaboró la lista a partir de datos del Consejo de Asesores Económicos. El criterio utilizado se concentró en países donde más del 30% de los hogares inmigrantes recibían algún tipo de asistencia pública.
El caso fue impulsado por ciudadanos estadounidenses que habían iniciado trámites para llevar a familiares desde Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía. También participaron cinco ciudadanos colombianos que habían solicitado visas laborales.