Juezas y jueces de tribunales nacionales, regionales e internacionales firmaron en el Vaticano la Declaración de la Casina Pio IV sobre el acceso a la justicia climática, un documento que busca fortalecer la intervención de los sistemas judiciales frente a las consecuencias del cambio climático y garantizar la protección de los derechos humanos de las poblaciones afectadas. La iniciativa fue el resultado de una cumbre internacional celebrada el 6 y 7 de octubre, con la participación de magistrados, académicos y especialistas de distintos continentes.
El encuentro, denominado “Jueces, Litigancia Climática y Derechos Humanos”, fue organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas (IFBC), con el patrocinio de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales y la colaboración del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU).
La declaración parte de una definición central: la emergencia climática dejó de ser una cuestión exclusivamente científica o política para convertirse también en un problema jurídico que compromete derechos fundamentales.
“La amenaza existencial que representa la emergencia climática ya no puede ser tratada como una cuestión reservada a los ámbitos científico o político, sino que constituye un problema jurídico, vinculado a la realización efectiva de los derechos humanos”, sostiene el documento aprobado durante la cumbre.
La definición adquiere relevancia en un escenario de creciente judicialización de los conflictos ambientales, desde la contaminación y la explotación de recursos naturales hasta las consecuencias de los fenómenos climáticos extremos sobre las comunidades más vulnerables.
Una hoja de ruta para que los tribunales intervengan frente a la crisis ambiental
Uno de los principales objetivos del encuentro fue avanzar en la implementación judicial de los principios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Opinión Consultiva OC-32/25 sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos.
El documento propone traducir esos estándares internacionales en decisiones judiciales concretas, fundamentadas, ejecutables y oportunas, capaces de ofrecer respuestas frente a vulneraciones de derechos vinculadas con la crisis ambiental.
La declaración establece, además, una distinción sobre el alcance de la intervención de los tribunales.
“La función judicial en materia climática no supone sustituir a los poderes políticos en el diseño de la política pública”, señala el texto. Su responsabilidad consiste en controlar que las decisiones y omisiones estatales respeten las obligaciones jurídicas, las garantías del debido proceso y los principios del Estado de Derecho Ambiental.
En esa línea, los participantes acordaron impulsar programas de formación judicial, protocolos de actuación y mecanismos de cooperación técnica para facilitar la aplicación de los estándares internacionales.
También plantearon la necesidad de mantener un espacio permanente de diálogo entre los sistemas judiciales de América Latina, Europa y África, que permita compartir experiencias y construir herramientas comunes para abordar los litigios climáticos.
El legado del papa Francisco y la defensa de los derechos sociales
La cumbre estuvo atravesada por el pensamiento del papa Francisco, impulsor de una concepción que vincula la defensa del ambiente con la justicia social y la protección de los sectores más vulnerables.
El Instituto Fray Bartolomé de las Casas, creado en 2023 por iniciativa de Francisco, constituye la rama académica de COPAJU, una organización internacional del ámbito judicial inspirada en la doctrina social de la Iglesia.
Durante la apertura del encuentro, el magistrado argentino Roberto Andrés Gallardo, presidente de COPAJU, recordó la importancia que Francisco otorgaba a la formación permanente de los integrantes de los poderes judiciales.
“Era para Francisco un objetivo central, porque entendía que los poderes judiciales en el mundo eran un factor gravitante al momento de la definición de políticas”, sostuvo Gallardo.
La declaración recupera además elementos de la doctrina social pontificia y propone una lectura integral de la emergencia ambiental, en la que la crisis climática y la desigualdad social aparecen como dimensiones de un mismo problema.
El documento incorpora reflexiones de Francisco y de su sucesor, León XIV, sobre el impacto desproporcionado que la degradación ambiental tiene sobre las poblaciones pobres.
“Trágicamente, quienes se encuentran en las situaciones más vulnerables son los primeros en sufrir los efectos devastadores del cambio climático, la deforestación y la contaminación”, expresó León XIV en un mensaje recuperado por la declaración.
Una cumbre con representantes de las principales cortes internacionales
La convocatoria reunió a cerca de 60 participantes, entre magistrados de cortes nacionales, regionales e internacionales, representantes académicos y especialistas en derechos humanos.
Entre las autoridades presentes estuvieron Sarah Cleveland, jueza de la Corte Internacional de Justicia; Blaise Tchikaya, presidente de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; y Mattias Guyomar, presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
También participaron Antonio Herman Benjamin, ministro del Superior Tribunal de Justicia de Brasil; Janet Tello Gilardi, presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Perú; María Isabel Perelló Doménech, presidenta del Tribunal Supremo de España; Fabien Raynaud, presidente adjunto del Consejo de Estado de Francia; y Verónica Gómez, jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La presencia latinoamericana incluyó a autoridades de COPAJU y representantes de sus capítulos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay, Paraguay, Perú, Estados Unidos y Costa Rica. También participó Emilce Cuda, secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina.
Del reconocimiento de los derechos a su aplicación efectiva
La Declaración de la Casina Pio IV no fue concebida como un instrumento jurídico vinculante ni como una conclusión definitiva del debate, sino como un punto de partida para fortalecer la cooperación judicial internacional.
Entre sus compromisos centrales figuran la continuidad del diálogo entre tribunales, el intercambio de conocimientos entre jurisdicciones y el perfeccionamiento de herramientas que permitan aplicar los principios de la Corte Interamericana en conflictos ambientales concretos.
El desafío planteado por los participantes es reducir la distancia entre el reconocimiento formal de los derechos y su protección efectiva, especialmente cuando los efectos del cambio climático comprometen la salud, las condiciones de vida y el futuro de las comunidades.
La declaración busca instalar la justicia climática como una dimensión permanente de la actuación judicial, en un contexto en el que las consecuencias de la emergencia ambiental plantean nuevas obligaciones para los Estados y mayores exigencias para los sistemas de protección de los derechos humanos.
El encuentro celebrado en el Vaticano dejó así una agenda de trabajo internacional orientada a que la protección del ambiente y de las poblaciones vulnerables no dependa exclusivamente de decisiones políticas, sino que también cuente con mecanismos judiciales capaces de garantizar el cumplimiento de los derechos reconocidos.