La crisis de la vivienda está pasando a ser el problema de una generación, pero también una bandera de partidos o movimientos de izquierda y progresistas. Al menos de los que saben leer la época. La Puerta del Sol en Madrid es por estas horas el lugar de un acampe de miles de personas que levantan consignas como “la vivienda es un derecho” e incluso reeditan la frase del Manifiesto Comunista: “Inquilinas del mundo, uníos”.
Esta expresión en las calles lejos está de ser un arrebato improvisado, es más bien la maduración de un malestar. Esta cronista estuvo en la capital española menos de una semana antes de que estallara y no había conversación en la que el tema del precio de los alquileres y costo de créditos entre jóvenes no estuviera presente. Por eso, el caso de Maricarmen, la anciana de 87 años que fue desalojada de su departamento porque un fondo buitre compró el edificio y buscó una veta en la ley para hacerlo, solo fue la chispa que cayó sobre una sequía, en este caso una sequía de viviendas.
En Argentina, la situación podría graficarse en lo que la influencer de TikTok Camila Ramírez llamó “la generación de fingir demencia” y que ella misma describió así en 2022: “O sea, como que ya fue, me la deliro en el disfrute y listo. Total, lo que gano no me alcanza para nada, no me voy a hacer una casa”. El economista Emanuel Álvarez Agis citó a la influencer en una entrevista de El método Rebord donde intentó “traducirla”: ”O sea, el joven argentino ya se resignó a que va a vivir trabajando, con un buen sueldo, en un departamento bastante deteriorado a 20 km de la capital, va a tardar dos horas en ir a su laburo, va a tardar una en volver y no va a poder comprarse un auto” y mucho menos una casa, pero va después a Palermo Hollywood a gastar miles de pesos el cubierto. El punto es cómo se sublima ese malestar; la salida individual de quien tiene un resto y “se la delira” de forma solitaria; o se busca alguna expresión colectiva para buscar transformarlo.
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La escena madrileña -también vista en otras ciudades como Barcelona, Sevilla, Santander o Las Palmas- no es ni la primera, ni la última que opta por la salida colectiva y que logró poner el tema como la prioridad de la agenda nacional, incluso desplazando la crisis migratoria en Ceuta.
El Gobierno de Pedro Sánchez venía pateando el tratamiento de un decreto sobre viviendas y desalojos argumentando que no tenía apoyo de sus socios ocasionales en el parlamento. Finalmente, tras los acampes, apuró dos regulaciones y las sometió a votación el último viernes. Las dos naufragaron y los catalanes de Junts -de Carles Puigdemont- quedaron como los responsables de ese fracaso. Ahora, Sánchez coquetea con la idea de adelantar elecciones. Las teorías conspirativas sobre un supuesto armado del líder del PSOE para agitar protestas, exponer que estaba de manos atadas frente a los que le colaboran con votos en el legislativo y que incluso lo hizo para desplazar el tema migratorio… Van demasiado lejos e incluso subestiman a los manifestantes.
Las protestas por los precios de la vivienda se van a extender por Europa en los próximos días ya que en países como Irlanda, Portugal, Bélgica y Países Bajos ya se convocaron manifestaciones inspiradas por las acampadas españolas. Algunos de esos llamados son impulsados por la Iniciativa Ciudadana Europea "Derecho a la vivienda Ahora y para Siempre" que empezó a recolectar firmas en septiembre para exigir a la Comisión Europea medidas que contabilicen las viviendas vacías o fomenten la conversión de inmuebles ociosos en hogares. “La iniciativa necesita un millón de firmas en toda la UE para obligar a la Comisión a dar una respuesta oficial”, informó la Cadena Ser de España.
La articulación del Party of the European Left -que agrupa a partidos comunistas y de izquierda de todo ese continente- para impulsar la campaña “La vivienda es un derecho fundamental, no un privilegio” y que va a celebrar un congreso a fines de este mes, propone la imposición de topes legales a los precios de alquiler, la regulación estricta del turismo de alquiler temporal -como por ejemplo de plataformas como Airbnb- y también que la Unión Europea (UE) reoriente el gasto militar hacia la construcción o creación de viviendas sociales. “El aumento de los alquileres, la pobreza energética, el hacinamiento, la falta de vivienda y la postergación de la independencia de los jóvenes demuestran la urgencia de esta lucha”, dicen en su página web. Vivienda y emancipación, tienen una relación directa.
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Cada vez son más los casos en los que los partidos tienen que poner la vivienda como prioridad de sus campañas. El alcalde de Nueva York, el autodenominado socialista democrático Zohran Mamdani, ganó las elecciones de 2025 con una campaña enfocada en este tema. Su promesa de congelar el precio de los alquileres pegó y a partir de este mes de octubre ya se va a hacer realidad. El Rent Guidelines Board, organismo cuyos miembros son designados por el alcalde y está encargado de regular los alquileres de cerca de un millón de viviendas en la ciudad -son viviendas de precios regulados por el Estado local-, decidió congelar los precios. Más allá de que esas viviendas reguladas no nacen con Mamdani, lo que van a ver quienes tengan que renovar el alquiler, ya sea por uno o dos años, es cero aumento. También lanzó otro programa para aumentar la oferta de viviendas accesibles en barrios que construyeron muy pocas viviendas de este tipo.
En la misma sintonía parecen estar partidos progresistas europeos. En Alemania, la referente de Die Linke (La Izquierda) Elif Eralp que salió primera en las elecciones estatales de Berlín en septiembre se presentaba así: “Soy inquilina, abogada y madre”. “Tope de alquileres”, fue una de sus consignas y su principal promesa: expropiar más de 200.000 viviendas en manos de grandes inmobiliarias. En Irlanda, el histórico Sinn Féin y en Austria los comunistas en Graz también llevaron este tipo de consignas como estandarte.
Incluso los británicos escuchan algunos de estos reclamos, no sin contradicciones. Un giro histórico antes de volver al presente. En este país, en 1945, el ministro de Sanidad laborista, Nye Bevan, anunció el mayor programa de construcción de viviendas sociales de la historia del país y describió su deseo de construir “el entramado vivo de una comunidad mixta (...) [con] la encantadora característica de los pueblos ingleses y galeses, donde el médico, el tendero, el carnicero y el jornalero agrícola vivían en la misma calle”. Esto lo describió Owen Jones, columnista de The Guardian, quien criticó a Andy Burnham antes de asumir como primer ministro por su idea de revivir aquel programa de vivienda pero manteniendo cierta idea de dieta presupuestaria. “Hoy, más de 1,3 millones de personas en Inglaterra se encuentran en listas de espera para acceder a viviendas sociales. Dado que la propiedad de una vivienda es un sueño inalcanzable para muchos, un número creciente se ha visto obligado a recurrir al alquiler privado, caracterizado por rentas abusivas. Pero con Burnham comprometido a apegarse a las arbitrarias normas fiscales, ¿cómo logrará recuperar el sueño de Bevan?”, se preguntaba Jones en junio.
Esta semana, cuando ya se escuchaban los aplausos de los acampantes de Madrid, Burnham anunció un nuevo plan de ayuda a la compra de vivienda destinado a los compradores primerizos que no tienen apoyo económico de sus padres. Independientemente de cuánto solucione el problema en ese país, lo cierto es que ya sea por temor a cierto efecto contagio de las protestas en Europa o por convicción, lo que se ve es una cierta escucha.
Pero en otros lugares como en Portugal, la reacción a la crisis de la vivienda está siendo opuesta. El Gobierno de Luís Montenegro consiguió esta semana que el Parlamento le diera luz verde a su reforma del alquiler. Pero ésta, lejos de ser en el sentido de los decretos españoles, facilita los desalojos por falta de pago y devuelve a los propietarios la “libertad” de fijar el precio de los nuevos contratos. La ultraderecha de Chega colaboró con su abstención y de esta forma el Ejecutivo conservador logró la mayoría. Solo la izquierda se opuso.
De todas formas, el caso portugués no se ve como una constante. Y mientras en Europa la vía colectiva gana las calles, en países de América Latina el malestar aún oscila entre la apatía y la atomización. Que la vivienda sea un derecho garantizado por la Constitución -tanto en España como en Argentina- no alcanza cuando la concentración de la riqueza convierte al techo en un bien inalcanzable. Para al menos dos generaciones, la urgencia es cotidiana y palpable.
Ante gobiernos que desoyen estadísticas que gritan -como en España, donde el 10% más rico se queda con el 45% de los ingresos por alquileres y el sector moviliza el 1,6% del PBI anual, según datos oficiales publicados por elDiario.es-, las alternativas se reducen. Cuando las dirigencias políticas no viabilizan respuestas estructurales, la salida individual de "fingir demencia" agota sus márgenes y la movilización en las calles vuelve a imponerse como la principal trinchera generacional.
