Claves para entender la crisis política en Ecuador

Inflación, contracción de la economía empujada por la guerra en Ucrania, aumento de la pobreza, reclamos del sector más movilizado del país, los indígenas, y la respuesta lenta y por momentos represiva de un Gobierno de derecha.

28 de junio, 2022 | 00.05

Reclamos, protestas, paro nacional, represión, muertos, más protestas, un gobierno que tambalea, medidas tibias y diálogo forzado. Cada vez que un Gobierno en Ecuador apuesta por aumentar los precios de los bienes básicos, quitar subsidios o ayudas sociales en un momento económico nacional difícil, la olla a presión social estalla. Las exigencias, los ríos de sangre y las promesas se repiten de manera casi calcada. A veces el diálogo no alcanza y la crisis tumba al Gobierno de turno, otra vez descomprime la situación y abre una salida política con más o menos resultados concretos. Es aún muy temprano para saber cómo terminará la que quedó al desnudo en las últimas semanas, pero un repaso por sus causas deja en claro que, aún si sobrevive, el presidente Guillermo Lasso tiene cuatro años muy complicados por delante. Especialmente si mantiene su política económica. 

Los reclamos

El 13 de junio pasado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) convocó a un paro nacional que poco a poco fue expandiéndose por la mayoría del territorio con una lista de exigencias claras: 1. reducir los precios del combustible; 2. fijar una moratoria de un año en el sistema financiero para que las familias paguen sus deudas; 3. garantizar el empleo y los derechos laborales; 4. que haya precios justos en los productos del campo; 5. no explotar la minería en los territorios indígenas; 6. respetar los derechos colectivos; 7. no privatizar los servicios estratégicos; 8. desarrollar políticas para controlar la especulación en los precios; 9. otorgar mayor presupuesto para salud y educación; y 10. adoptar medidas para mejorar la seguridad.

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El detonante de esta nueva movilización nacional -que una vez más fue muy efectiva a la hora de cortar las principales arterias que comunican por tierra el país y provocar un creciente desabastecimiento de combustibles y alimentos en las principales ciudades- había sido el aumento de los combustibles, una cuestión que ya había demostrado ser muy sensible en el Gobierno anterior de Lenin Moreno, cuando éste intentó eliminar los subsidios y terminó escapando de una capital sitiada e instalando su Gobierno durante varios días en la ciudad de Guayaquil.

En los últimos tiempos, el precio del diésel casi se duplicó, de US$1 a US$1,90 por galón (3,8 litros), y la gasolina aumentó de US$1,75 a US$2,55, según estimaciones de la agencia de noticias AFP.

El movimiento indígena

La Conaie es la cúpula del movimiento indígena, la cabeza del actor social más poderoso, con mayor capacidad de movilización y de presión popular en el país. En Ecuador, durante años se dijo: al movimiento indígena no le alcanza para gobernar, pero sí para bloquear y hasta tumbar un gobierno.

En muy pocas oportunidades apoyó a un presidente desde las urnas hasta el Palacio de Carondelet, pero no dudó en retirarse de la coalición oficialista cuando su aliado abandonó sus promesas de campaña y volcarse con toda la fuerza a las calles. Durante la mayor parte del correismo, especialmente los últimos años, la cúpula del movimiento indígena mantuvo una relación tensa con el Ejecutivo. Esa herida política sigue abierta, como quedó en evidencia en la última elección presidencial. El correismo consiguió el apoyo del entonces líder de la Conaie, Jaime Vargas, pero a la hora de la verdad, la base no acompañó al candidato de Rafael Correa, Andrés Arauz, quien ganó la primera vuelta pero terminó perdiendo el balotaje con Lasso.

Hoy la Conaie está dirigida por Leónidas Iza, un dirigente indígena que se opuso abiertamente al apoyo del correismo antes del balotaje, pero que tampoco apoya la idea de ser un actor más dentro del amplio y heterogéneo frente anticorreista que aún en la actualidad, a cinco años del final del Gobierno de Correa, sigue marcando muchos momentos políticos claves del país. Lasso considera a Iza como un líder combativo y aún no ha querido otorgarle ninguna legitimidad sentándose a dialogar cara a cara. En cambio, lo detuvieron tras el primer día del paro nacional y desde entonces el mandatario no ha ahorrado en adjetivos para demonizarlo

La crisis económica 

Apenas una semana antes del paro nacional de la Conaie, la Comisión Económica para América Latina y El Caribe, más conocida como la Cepal, había publicado un informe regional en el que advertía que Ecuador, junto a Paraguay y Jamaica, había sido uno de los países más afectados por la guerra en Ucrania y sus consecuencias económicas. Como destacó, Rusia y Ucrania concentraron el 4,5% de las exportaciones del país sudamericano hasta el año pasado, compras que en los últimos meses se derrumbaron y complicaron aún más la lenta recuperación que vivía Ecuador tras la pandemia. 

El año pasado, Ecuador creció un 4,2%, una recuperación insuficiente frente a la caída del 7,8% del PBI del 2020, en el momento más duro de la pandemia. La Cepal estimó en su informe que este año crecerá solo un 2,7% debido a la caída de las exportaciones y además alertó que el aumento de la inflación -algo poco usual en un país dolarizado desde hace más de 20 años- alimentará un nivel de pobreza que ya estaba en aumento. En mayo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el INDEC ecuatoriano, registró la canasta básica más cara de su registro histórico: 735 dólares. El salario mínimo es de 425 dólares. 

Frente a este difícil escenario, la Cepal estimó que la tasa de pobreza en Ecuador podría crecer del 29,7% actual al 30,3% este año. 

Lasso presidente 

La respuesta de Lasso frente a esta crisis ha sido errática. Primero rechazó el pliego de reclamos de la Conaie, los acusó de buscar desestabilizar su Gobierno, impuso un estado de excepción con el apoyo público del Ejército y lo mantuvo aún cuando la represión y los enfrentamientos en las calles crecían y fallecieron cinco manifestantes. Después de la primera semana de protestas, el presidente intentó calmar la situación con un primer paquete de medidas: 1. aumentó el bono de desarrollo humano de 50 dólares a 55; 2. prometió condonar los créditos vencidos de hasta 3.000 dólares en el Banco Estatal de Desarrollo y subsidiar a pequeños y medianos agricultores afectados por el aumento de los precios internacionales de fertilizantes causado por la guerra en Ucrania y las sanciones contra Rusia; 3. anunció créditos blandos de hasta 5.000 para el sector del campo; y 4. se comprometió a no aumentar nuevamente los combustibles. 

Pero no alcanzó. La segunda semana, el paro nacional se volvió más efectivo en el territorio, se empezó a sentir el desabastecimiento de combustibles y alimentos en algunas partes, y la represión y la violencia callejera hicieron temer una carnicería con consecuencias imprevisibles, especialmente para el futuro de su Gobierno, ya que la bancada correista impulsó en la Asamblea Legislativa un pedido de destitución presidencial, que continuará debatiéndose este martes. La bancada UNES tiene apenas 47 de los 92 votos que necesita para remover a Lasso y forzar a elecciones anticipadas para el Ejecutivo y Legislativo. Mientras el partido opositor Izquierda Democrática ya adelantó que no apoyará la salida del mandatario, la gran incógnita es qué hará el brazo político del movimiento indígena, Pachakutik, y sus 26 diputados. 

Esta tercera semana de conflicto comenzó con una relativa tregua en las calles -Lasso levantó el estado de excepción y la Conaie, aunque mantiene el paro, dejó de avanzar, y anunció una leve reducción del precio de los combustibles que no dejó satisfecho al movimiento indígena- a la espera, no solo de lo que suceda en la Asamblea Legislativa, sino también del diálogo que los cinco Poderes del Estado convocaron este lunes y que la cúpula indígena aceptó. Las conversaciones empezaron, pero no está claro cuánto está dispuesto a ceder el Gobierno y qué aceptarán los manifestantes, luego que Lenin Moreno traicionara en su último año de Gobierno los acuerdos alcanzados tras la crisis de 2019.

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