El presidente chileno José Antonio Kast se lanzó el fin de semana con la presentación parlamentaria de su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), una versión trasandina de la añeja Ley Bases de Javier Milei, con la que Kast quiere llevar adelante su prometida reforma de seguridad. Se trata de un paquete de 20 leyes entre las que propone estados de excepción de hasta 240 días con la suma del poder público a su favor, permitiéndose concentrar poder en su persona y restringir derechos como la libertad de protesta y de reunión. Esto implica una reforma constitucional, dado que por la carta magna chilena sólo existen cuatro casos para la excepcionalidad presidencial, agregándose ahora una quinta. Las críticas le llegaron desde la izquierda hasta de algunos de sus aliados en la derecha, acusándolo de percibirse un nuevo "dictador" y de querer autoproclamarse "emperador de Chile", razón por la cual le retiró a la ACOT el carácter de tratamiento "urgente" en el Legislativo este martes.
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Meses después de asumir al frente del Palacio de la Moneda, el presidente Kast decidió pisar el acelerador y comenzar a cumplir con sus promesas. La seguridad fue su punta de lanza durante la campaña, tema en el que criticó a su antecesor Gabriel Boric señalándolo de haber sido "cómplice" de los delincuentes que "dañaron a Chile desde 2022". De acuerdo a la versión oficial de La Moneda, la ACOT busca enfrentar "graves alteraciones de seguridad pública causadas por organizaciones criminales o terroristas", motivo por el que consideran necesario crear un nuevo estado de excepción constitucional con fuertes restricciones a civiles, permitiéndole al jefe de Estado hacerlo sin necesidad de pasar por el Congreso.
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Tras anunciar la propuesta, el propio Kast afirmó el lunes en declaraciones radiales que más allá de las diferencias que "puedan existir en el debate", en Chile "hay bastante consenso de que al crimen organizado hay que abordarlo de una manera distinta". En ese sentido explicó que dará comienzo al tratamiento legislativo "para que todas las opiniones sean bienvenidas" y se pueda así "perfeccionar un proyecto".
Desde diferentes bancadas parlamentarias salieron a criticar al mega proyecto de Kast. El diputado Marcos Barraza, del Partido Comunista (PC), en diálogo con El Destape señaló que la ley ACOT "es parte del ADN y del rumbo que ha tomado este Gobierno, que en los hechos expresa una orientación protofascista". Si bien afirmó que el problema de la seguridad pública en Chile "es real" y que "la ciudadanía se siente agobiada", fue duro con la propuesta oficialista al asegurar que las respuestas del Ejecutivo, lejos de entregar mayor seguridad, "apuntan a una reforma constitucional que busca concentrar poder, debilitar al Estado de derecho y separar a los poderes del Estado".
"Frente a distintos conflictos, el Gobierno instala una amenaza, identifica enemigos internos y desde ahí pretende justificar retrocesos en derechos y garantías. Hoy esa lógica se expresa con especial fuerza en la agenda de seguridad", afirmó Barraza para este medio.
El objetivo político de Kast y la reacción popular a su reforma
Tras la presentación que hizo el presidente Kast de su "Ley Bases", distintas voces especializadas en todo el país salieron al cruce de la propuesta. Uno de ellos fue el politólogo Marcelo Mella, quien en conversación con El Destape afirmó que a partir del problema de seguridad que atraviesa Chile, el Gobierno consideró la existencia de "un nivel de respaldo a las políticas más punitivas" que les permitiría a estas medidas "percibir un apoyo masivo a nivel de opinión pública y una presión insostenible para los parlamentarios en general".
Sin embargo, el analista afirmó que "esto no fue así" y que lo que hoy se ve "es que hay una oposición parlamentaria que el gobierno subestimó y que ahora aparece incluso desde los partidos del oficialismo".
"Evidentemente hubo un error de evaluación en este tema, que es uno de los dos temas principales en la encuesta de opinión pública y uno de los dos temas que llevó al Presidente caso a ganar la elección durante el año pasado", agregó Mella a este portal.
Los argumentos del oficialismo para defender la reforma constitucional de Kast
A partir de la intención del presidente Kast de agregar una nueva categoría constitucional para los estados de excepción, fuentes cercanas al oficialismo describen a la ley ACOT como un primer paso para avanzar hacia una reforma más grande de la Carta Magna, similar a lo que intentó Boric en su momento, aunque con un contenido liberal y afín al gobierno.
El diputado y presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, advirtió en conversación con la CNN Chile que desde su bancada y partido creen que es necesaria una reforma constitucional y que, por esa razón, revisarán "de a uno" los temas de cada ley dentro de la ACOT para evaluar "cómo hay que reformar a la Constitución para habilitar esa reforma constitucional".
"Lo que hará el Gobierno ahora es salir a explicar con detalle cuál es el contenido de cada proyecto de ley, para que luego en el Congreso haya un acuerdo importante para legislar sobre la materia. A partir de eso se verá qué reforma constitucional se requiere para habilitar el contenido de estas leyes", señaló Ramírez, quien a finales de la semana pasada dijo que en principio "no estaban los votos de la UDI para permitir la nueva excepcionalidad", aunque ahora cambiaron de opinión "tras hablar con el comité político del partido y con el Gobierno".
"Si tú me dices: ‘vamos a interceptar el teléfono cuando el crimen organizado o el terrorismo estén a punto de cometer un atentado’, yo te digo: de todas maneras. Ahora, si tú me dices: 'esto es para que el presidente pueda interceptar teléfonos cuando tenga meras dudas', yo te digo: no. Eso no es suficiente", reflexionó Ramírez en los últimos días, reafirmándose en la necesidad de "una reforma constitucional más grande".
Las críticas de la izquierda al proyecto de Kast
El expresidente Boric fue el primero en cuestionar la reforma del oficialismo. La describió como "un estado de sitio de 240 días" que establece "una limitación a las libertades que no se habían visto en la democracia chilena". A él se sumó la presidenta de la coalición progresista Frente Amplio (FA), Gael Yeomans, quien el lunes aseguró a la prensa local que "es un gustito ideológico" que "se quiso dar el Partido Republicano".
La secretaria general del FA, Constanza Martínez, también habló del tema en una conferencia de prensa y aseguró que la reforma que impulsa el oficialismo permitirá "darle facultades de emperador a un Presidente de la República".
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Distintos referentes de Chile Vamos, la coalición que conduce Kast, también pusieron el grito en el cielo con la iniciativa del mandatario. Uno de ellos fue el presidente del centroderechista Evolución Política (Evopoli), el senador Luciano Cruz-Coke, quien afirmó a través de su cuenta de X que la mega ley concede "poderes excesivos al presidente que jamás querría en manos de la oposición. Debe ser corregido". Y concluyó al asegurar que "no se justifica en democracia dar atribuciones al ejecutivo sin control del Congreso en 240 días".
"No consta ni siquiera de todos los apoyos de la derecha, eso dice bastante. No es una reforma que una", señaló Yeomans el lunes ante las declaraciones de Ramírez y Coke.
Qué dicen los demás artículos de la ACOT
Aparte de la excepcionalidad de 240 días, la ley ACOT reúne otros 19 proyectos que ya estaban en el Congreso, nueve nuevas iniciativas y una reforma constitucional. Entre las propuestas centrales aparece una Nómina Nacional de Organizaciones Criminales, que permitiría establecer el delito autónomo de pertenecer a una de esas estructuras y aplicar un régimen penitenciario más duro a sus integrantes.
Otro de los ejes es "seguirle la plata" al crimen organizado, tal como lo definieron desde La Moneda. La agenda contempla crear una Agencia de Decomiso y Destrucción de Bienes Ilícitos, con facultades para administrar, liquidar o destruir activos provenientes de actividades criminales, además de mecanismos para congelar bienes de personas investigadas. En paralelo, Kast propone cárceles y regímenes penitenciarios diferenciados para condenados vinculados con organizaciones criminales, con la idea de cortar la capacidad de las bandas para seguir operando desde las prisiones.
También está propuesto retrocar las políticas de frontera y despliegue policial, con la propuesta de ley de “Frontera Cero”, que amplía las facultades de Carabineros y la PDI en zonas fronterizas y establece mecanismos para decomisar y destruir bienes ingresados por pasos no habilitados. A eso se suman iniciativas para modernizar a las policías, reforzar la investigación criminal, acelerar el acceso a información de telecomunicaciones en causas de crimen organizado y ampliar las herramientas de flagrancia.
También hay un capítulo directamente vinculado con la protesta y el funcionamiento cotidiano de las ciudades: Kast impulsa una modificación de la Ley Antibarricadas para castigar los cortes de tránsito deliberados incluso cuando no exista violencia, además de medidas para proteger infraestructura crítica de sectores como energía, agua y telecomunicaciones.
El paquete también incluye un nuevo delito por reclutar menores para actividades criminales, cambios en responsabilidad penal adolescente, juicio oral en ausencia para prófugos y una mayor protección penal para policías. En otras palabras, el estado de excepción de 240 días es apenas una pieza de una ofensiva legislativa bastante más amplia.