La Justicia Electoral de La Rioja tendrá una nueva estructura institucional luego de la entrada en vigencia de la Ley N° 10.898, promulgada el 18 de agosto mediante el Decreto N° 1.278. La norma, sancionada por la Legislatura el 13 de agosto, reemplaza el régimen establecido por el Decreto Ley N° 4.234, vigente desde 1983.
La reforma no modifica la manera en que los riojanos votan, sino que reorganiza los organismos encargados de intervenir en los procesos electorales, redefine sus competencias y establece nuevas herramientas para agilizar y especializar el funcionamiento de la Justicia Electoral.
Uno de los principales cambios es la creación de un Juzgado Electoral Provincial permanente, que estará a cargo de un juez designado mediante el mecanismo establecido por la Constitución Provincial y el Consejo de la Magistratura.
Un Juzgado Electoral permanente
El magistrado tendrá un mandato de diez años y percibirá una remuneración equivalente a la de un Juez de Cámara. Además, contará con una Secretaría propia y una estructura vinculada a la Función Judicial. La modificación busca dejar atrás el esquema transitorio que regía hasta ahora y otorgar continuidad a una función específica dentro de la Justicia Electoral.
También se modifica la composición del Tribunal Electoral, que continuará integrado por tres miembros: un integrante del Tribunal Superior de Justicia, que ejercerá la presidencia; un Juez de Cámara y un integrante del Ministerio Público de la Defensa.
Sus miembros serán designados por sorteo del Tribunal Superior de Justicia y tendrán mandatos de cuatro años, frente a los dos que establecía el régimen anterior. También se mantiene la prohibición de haber ocupado cargos partidarios durante los cuatro años previos a la designación.
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Más control sobre los partidos políticos
La nueva estructura incorpora además mayores facultades para el Juzgado Electoral, que tendrá competencias de primera instancia y asumirá funciones relacionadas con el funcionamiento interno de las organizaciones políticas. Entre ellas se encuentra el control y fiscalización del patrimonio de los partidos, además de la intervención sobre registros de afiliados, nombres y símbolos partidarios y determinados procesos internos.
El Tribunal Electoral, por su parte, tendrá a su cargo funciones como la organización de los procesos electorales, la oficialización de listas, el escrutinio definitivo y la proclamación de los candidatos electos. La norma establece así una diferenciación más clara entre ambos organismos, con una lógica de primera y segunda instancia.
Autarquía y digitalización
Otro de los cambios establecidos por la Ley 10.898 es la autarquía financiera de la Justicia Electoral. El Tribunal podrá proponer ante la Función Legislativa su propio presupuesto de gastos, con el objetivo de contar con mayor autonomía para su funcionamiento.
La reforma también incorpora la obligatoriedad de utilizar tecnologías de la información y sistemas de tramitación electrónica para los expedientes electorales. La medida apunta a agilizar los procedimientos y mejorar su trazabilidad, especialmente durante los períodos electorales.
Los plazos procesales continuarán siendo breves: el Juzgado Electoral tendrá cinco días para dictar sentencia y el Tribunal Electoral diez. Además, el vencimiento de esos plazos implicará la pérdida automática de jurisdicción y el pase del expediente al subrogante correspondiente.
Un nuevo padrón electoral provincial
La reforma contempla también la creación de un Registro Provincial de Electores, que quedará bajo la administración del Tribunal Electoral. Su implementación será progresiva. Mientras se completa la conformación del padrón y se articula el sistema con la Justicia Federal, continuará utilizándose de manera transitoria el padrón electoral nacional.
El nuevo esquema deberá comenzar a implementarse de cara al próximo ciclo electoral y requerirá avanzar en la designación del Juez Electoral, la conformación del Tribunal, la organización presupuestaria, la digitalización de los procedimientos y la construcción progresiva del registro provincial.
De esta manera, la reforma modifica la arquitectura institucional de la Justicia Electoral riojana después de más de cuatro décadas y redefine quién organiza, quién controla y quién resuelve las controversias vinculadas con los procesos electorales en la provincia.