El Gobierno de La Rioja extendió por 60 días más el congelamiento de tarifas de servicios públicos. La medida impulsada por Ricardo Quintela mantiene hasta el 31 de octubre los valores de la energía eléctrica, el agua y saneamiento, el transporte urbano y la conectividad. También continúa la reducción extraordinaria del 20% en las cuotas de viviendas sociales, sin incrementos durante el período establecido.
Las medidas dispuestas por el Decreto N.º 617/26 están destinadas a preservar el acceso de las familias riojanas a servicios esenciales y mitigar el impacto de la actual situación económica sobre los hogares ante esta crisis desatada por el gobierno nacional de Javier Milei.
La decisión que rige desde este 1 de septiembre mantiene los cuadros tarifarios y precios vigentes al 30 de abril de este año. Asimismo, continuará vigente la reducción extraordinaria del 20% en el valor de las cuotas que abonan las y los adjudicatarios de viviendas sociales de la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo. Estos valores tampoco podrán incrementarse durante el período de la prórroga.
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La Rioja cuida el bolsillo de las familias
Con esta medida, el gobierno provincial busca evitar cambios abruptos en las reglas del juego y garantizar el acceso a prestaciones clave para la vida cotidiana de la comunidad. El decreto ordena a los organismos y empresas prestatarias tomar los recaudos necesarios para asegurar servicios continuos y de calidad.
De esta manera la gestión riojana reafirma su compromiso de agotar las herramientas a su alcance para aliviar el bolsillo de las familias y asegurar los servicios esenciales en un contexto económico complejo.
La Rioja en un contexto de morosidad
En el marco de la emergencia crediticia declarada por 180 días, el gobernador de La Rioja anunció este 31 de agosto un paquete de medidas implementado a través del Banco Rioja para aliviar el endeudamiento.
La primera de las medidas implementadas aborda la reducción de tasas en los préstamos personales mediante un recorte acumulado de 20 puntos porcentuales, estructurado en dos etapas de 10 puntos: la primera aplicada a comienzos de agosto y la segunda vigente a partir de este lunes 31. Con este ajuste, el costo financiero se fija en un 52% para préstamos a 12 meses y en un 56% para plazos de hasta 36 meses, alcanzando parámetros similares a los del Banco Nación.
Esta medida está orientada a empleados de la Administración Pública, jubilados y trabajadores en relación de dependencia del sector privado que perciban sus haberes en la institución, lo que abarca tanto el otorgamiento de nuevos créditos como la refinanciación de deudas vigentes para clientes al día.