En un contexto marcado por el ajuste impulsado por el Gobierno de Javier Milei, un informe ubicó a La Rioja como la provincia con mayor nivel de morosidad del país. Frente a este escenario, el Gobierno provincial puso en marcha un paquete de medidas para contener el impacto del endeudamiento sobre las familias riojanas, que incluye la creación de un registro obligatorio de prestamistas y la suspensión temporal de embargos.
Este ranking de morosidad liderado por la provincia, figura en el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado con datos del Banco Central pertenecientes a julio de 2026. Con una cifra de 70.633 deudores morosos, La Rioja abarca el 1,2% del total nacional. El dato más alarmante es que la provincia alcanza un 23,5% de morosidad, superando con amplitud el promedio nacional del 15,7%.
Lo que muestra el análisis de CEPA es que la mora promedio se ubica en 3 millones de pesos por cada persona afectada, repartiéndose en 2,1 millones con bancos tradicionales y 1,3 millones con billeteras digitales. Al segmentar por canal financiero, los morosos exclusivos de las billeteras virtuales representan el 1,4% del país, duplicando al 0,7% correspondiente al circuito bancario.
El perfil de los afectados
Según el informe, los sectores en edad de trabajar y de menor nivel socioeconómico son los más golpeados por esta dinámica. Casi el 70% de los deudores se ubica en la franja de los 25 a los 54 años, con una incidencia crítica en las personas de 25 a 34 años, grupo que suma 19.787 afectados.
La complejidad del panorama se agrava al analizar la mora: la inmensa mayoría se clasifica en Situación 5 (considerada irrecuperable), abarcando a 45.582 casos, con más de 10.000 riojanos encasillados en mora incobrable. Ante este escenario, analistas del CEPA remarcan que no se trata de un fenómeno puntual, sino de un deterioro estructural extendido en las provincias con menores ingresos, donde la persistente inflación acorrala la capacidad de pago.
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El paquete de medidas impulsado por Quintela
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció el 20 de agosto la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para crear un régimen de protección integral a los usuarios de créditos de consumo. La medida tiene la finalidad de frenar prácticas abusivas, evitar tasas desproporcionadas y resguardar los ingresos familiares en un contexto que el mandatario calificó de extrema gravedad.
La iniciativa se suma a otras medidas provinciales contra el endeudamiento, como la quita del código de descuento a la firma Genesys por irregularidades y la promulgación de la ley que suspende las ejecuciones prendarias por 180 días. Esta norma no elimina las deudas ni modifica contratos, pero concede un plazo para renegociar antes de la pérdida de bienes.