El secretario General de Gobierno de La Rioja, Ricardo Herrera, defendió las medidas impulsadas por la gestión de Ricardo Quintela para contener el impacto del endeudamiento sobre las familias y respaldó el DNU del gobernador que busca limitar prácticas abusivas en el mercado crediticio. Para el funcionario, proteger a los hogares frente al sobreendeudamiento constituye una “necesidad urgente”.
La medida busca proteger a las familias frente al impacto del aumento de tarifas y de las tasas vinculadas a los servicios públicos, explicó Herrera en diálogo con Medios Rioja. El DNU establece mecanismos de revisión a cargo de las áreas de Comercio y Defensa al Consumidor y toma como referencia las tasas de interés fijadas por el Banco Central.
Herrera también advirtió que el Estado provincial intervendrá ante posibles prácticas abusivas o situaciones de usura por parte de entidades crediticias, con participación del Ministerio Público Fiscal y la Policía. La iniciativa se suma a otras herramientas impulsadas por la Provincia para contener el endeudamiento de los hogares y evitar que la crisis económica profundice las situaciones de vulnerabilidad.
De qué trata el DNU
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció el pasado 20 de agosto la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para crear un régimen de protección integral a los usuarios de créditos de consumo. La medida tiene la finalidad de frenar prácticas abusivas, evitar tasas desproporcionadas y resguardar los ingresos familiares en un contexto que el mandatario calificó de extrema gravedad.
La iniciativa se suma a otras medidas provinciales contra el endeudamiento, como la quita del código de descuento a la firma Genesys por irregularidades y la promulgación de la ley que suspende las ejecuciones prendarias por 180 días. Esta norma no elimina las deudas ni modifica contratos, pero concede un plazo para renegociar antes de la pérdida de bienes.
Tanto el DNU como la suspensión de ejecuciones tendrán carácter provisorio mientras persista la crisis. El proyecto garantiza el derecho de los deudores a solicitar una reestructuración que obligará a los acreedores a presentar, en un máximo de 15 días hábiles, propuestas de refinanciación entre 12 y 36 cuotas.
La tasa de interés aplicada no podrá superar la Tasa de Intereses Moratorios informada por el Banco Central de la República Argentina, lo que garantiza previsibilidad en los pagos. Para evitar deudas impagables, el marco normativo prohíbe la capitalización reiterada de punitorios, fija topes a los recargos adicionales y limita los gastos administrativos y comisiones al 2% del total refinanciado.
Desde el Ejecutivo y el Poder Legislativo provincial remarcaron que no se busca desconocer las obligaciones, sino generar esquemas viables para que los acreedores cobren y las familias puedan cumplir sin comprometer sus necesidades básicas.
El impacto de los Chachos
Durante la entrevista, Herrera también realizó un balance positivo de la circulación de los Bocade y aseguró que permitieron inyectar más de $4.000 millones en la economía riojana. Además, sostuvo que los bonos contribuyeron a aliviar los ingresos de trabajadores y comerciantes y minimizó las críticas surgidas alrededor de su implementación.
En ese sentido, remarcó que el objetivo de la gestión continúa siendo generar herramientas concretas para afrontar las dificultades económicas. Herrera también cuestionó las políticas del Gobierno nacional y señaló que La Rioja mantiene una postura firme en defensa de los recursos que corresponden a la provincia.
Si bien reconoció la existencia de canales de diálogo con la administración central, indicó que las conversaciones están vinculadas principalmente con la discusión de partidas presupuestarias y fondos destinados a áreas sensibles como salud y desarrollo social.
En ese contexto, sostuvo que el Gobierno provincial no resignará su autonomía ni su posición frente a las decisiones del Gobierno nacional y continuará impulsando medidas para contener el impacto de la situación económica sobre las familias riojanas.