Tras la nueva sanción de la Ley de Educación Superior, el Gobierno de La Rioja defendió la validez de sus títulos a nivel nacional. La reforma busca reorganizar la oferta académica en función de las necesidades socioproductivas de la provincia.
La legislación establece un marco para fortalecer la educación superior como política de Estado y articular las disposiciones provinciales con las nacionales, sostuvo la titular del organismo Zoraida Rodríguez, en diálogo con Medios Rioja, y remarcó que entre las principales inquietudes de la comunidad educativa se destacó la homologación de los títulos.
"Se garantiza la titularización y homologación a nivel nacional", afirmó Rodríguez, quien vinculó esa garantía con el marco normativo del Consejo Federal de Educación y la resolución 479.
Continuidad de las carreras y nuevas cohortes
Rodríguez descartó el cierre de las propuestas educativas y confirmó que se habilitó una cohorte adicional para los profesorados de Francés y de Discapacidad.
La medida contempla cuatro años de cursado para esas carreras en los institutos Albino Sánchez Barros y Carolina Tobar García, con el objetivo de garantizar la continuidad académica de quienes integran las cohortes previstas. Sin embargo, la titular de Gestión Educativa defendió la necesidad de revisar la oferta formativa y evaluar el interés de los estudiantes al momento de planificar nuevas propuestas.
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Formación vinculada con el trabajo y las necesidades del aula
La nueva ley también contempla la actualización de los planes de estudio, algunos de los cuales, según explicó Rodríguez, acumulaban hasta cuatro décadas de antigüedad. La intención es revisar los contenidos y adecuarlos a las transformaciones sociales, educativas y productivas.
Uno de los ejes es la empleabilidad local, mediante trayectos formativos relacionados con actividades que demanden trabajadores en La Rioja. El objetivo es que los jóvenes puedan encontrar oportunidades laborales en la provincia después de graduarse.
Otro aspecto apunta a la preparación integral de los docentes para abordar situaciones que se presentan en las escuelas, entre ellas el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y otras problemáticas vinculadas con la salud y el aprendizaje.
La reforma también prevé la creación de consejos consultivos en cada instituto, con participación de docentes, estudiantes, directivos y representantes de los sectores productivos. A esto se sumará la conformación de Consejos Regionales para incorporar la perspectiva del interior provincial en la planificación de las carreras técnicas y docentes.
Una ley trabajada desde 2022
Rodríguez recordó que el proyecto comenzó a trabajarse en 2022 con la participación de docentes y que recibió el aval de los gremios a mediados de 2025. También aseguró que los distintos sectores educativos estarán representados durante la reglamentación de la norma.
La discusión se desarrolla en medio de los cuestionamientos de parte de la comunidad educativa sobre el alcance de los cambios. Frente a esas inquietudes, el Gobierno provincial sostiene que la reforma busca modernizar el sistema, mantener la continuidad de las carreras y orientar la formación hacia las necesidades laborales y productivas de La Rioja.
La implementación y la reglamentación de la ley serán claves para definir cómo se aplicarán esos objetivos en cada instituto y cómo se garantizará la participación de docentes y estudiantes en las decisiones sobre la oferta académica.