Ante la creciente preocupación por el sobreendeudamiento que afecta a numerosos hogares riojanos, el gobernador Ricardo Quintela promovió una medida orientada a aliviar la carga financiera de las familias. Esta problemática se profundizó debido al incremento constante de la mora, una situación que impacta en la comunidad como consecuencia de las políticas del gobierno libertario de Javier Milei.
La propuesta provincial busca ofrecer soluciones operativas frente a una problemática cada vez más extendida en la provincia. El objetivo es que las personas endeudadas puedan regularizar sus compromisos financieros. La iniciativa fue presentada en la Legislatura por la diputada provincial Lourdes Ortiz.
Este esquema contempla la aplicación de límites a las tasas de interés y la puesta en marcha de un plan de refinanciación de carácter obligatorio, diseñado para evitar que las deudas se vuelvan insostenibles. El propósito es que quienes estén en situación de mora puedan sentir un alivio y acordar planes que puedan sostener, que no pongan en jaque la estabilidad económica de cada familia. .
Este Régimen Provincial de Refinanciación Responsable de Deudas en Mora y Protección frente al Sobreendeudamiento de las Familias, está destinado a consumidores y usuarios financieros domiciliados en La Rioja que tengan deudas de un mínimo de 60 días. Las deudas pueden ser originadas por préstamos personales, tarjetas de crédito, proveedores de crédito, fintech y plataformas que operen comercialmente en la provincia.
El plan para terminar con las duudas
Por un lado, el proyecto garantiza el derecho de las personas endeudadas a solicitar una reestructuración de su deuda, obligando al acreedor a presentar, en un plazo máximo de 15 días hábiles, al menos una propuesta de refinanciación acorde a la normativa. Estos planes deberán ofrecer entre 12 y 36 cuotas, con una tasa de interés que no podrá exceder la Tasa de Intereses Moratorios informada por el Banco Central de la República Argentina.
Por otro lado, para impedir que los montos acumulados vuelvan la deuda impagable, la norma impone topes estrictos a los recargos adicionales: prohíbe la capitalización reiterada de intereses punitorios, establece un techo para sumarlos al capital y limita la suma de gastos administrativos y comisiones a un máximo del 2% del total refinanciado. Asimismo, exige que cada propuesta exponga de forma transparente el costo financiero total, la tasa efectiva anual, el esquema de amortización y el valor final a abonar.
Desde el gobierno provincial remarcaron que la iniciativa no pretende desconocer las obligaciones asumidas, sino generar condiciones que permitan cumplirlas. “Estamos propiciando que el acreedor pueda cobrar y el deudor pueda pagar”, expresó Ortiz. En esta línea, sostuvo que el crecimiento del endeudamiento está directamente relacionado con el deterioro de los ingresos y con un escenario económico en el que las familias se endeudan para cubrir necesidades básicas. En consecuencia, el gobierno provincial propone acompañar la crisis con medidas concretas.