El defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, cuestionó el impacto de la política económica nacional en los ingresos de las familias y advirtió que la desaceleración de la inflación no se traduce en una recuperación del poder adquisitivo. También criticó las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la Ley de Tierras Rurales y reclamó que el tribunal actúe dentro de sus atribuciones constitucionales.
Gialluca sostuvo que, pese a "la desaceleración de la inflación", los hogares argentinos continúan perdiendo capacidad de compra. En ese sentido, describió un escenario de retracción del consumo y de la actividad económica que, según señaló a Nea Hoy, profundiza el círculo recesivo.
El funcionario también cuestionó el alcance del índice de precios que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Según explicó, el indicador registra el ritmo de aumento de los precios, pero no refleja por sí solo el costo de vida acumulado ni la evolución de los ingresos. “Mide solamente el ritmo de aumento de los precios, no el costo de vida acumulado y menos el nivel de los ingresos”, afirmó.
En esa línea, el defensor del Pueblo planteó que el aumento de los gastos esenciales reduce el dinero disponible de los trabajadores para afrontar sus necesidades cotidianas. Alquileres, tarifas, medicamentos y deudas con tarjetas de crédito forman parte de los compromisos que presionan sobre los presupuestos familiares.
“Son millones los trabajadores que se preguntan cuánto del salario queda disponible después de pagar el alquiler, las tarifas, los medicamentos, las tarjetas de crédito y el resto de los gastos que no pueden evitarse”, expresó.
Para Gialluca, la desaceleración inflacionaria se convirtió en “el principal eje de comunicación” del Gobierno nacional. De acuerdo con su planteo, los datos que difunde el INDEC se presentan como señales de estabilidad y recuperación económica, aunque esa lectura no coincide con las dificultades que enfrentan los consumidores.
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Además, cuestionó los precios de los alimentos, los combustibles y los alquileres, que consideró “totalmente subestimados”. También vinculó la caída del consumo con los despidos, los cierres de empresas y el deterioro del entramado productivo.
Las críticas a la Corte Suprema
En otro tramo de su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo de Formosa cuestionó las decisiones de la Corte Suprema en torno a la Ley de Tierras Rurales. Según informó el organismo, el planteo es compartido por defensorías de otras provincias.
Gialluca reclamó que el máximo tribunal “debe corregir sus excesos y desvíos en temas de competencia”. Para fundamentar sus críticas, recordó las decisiones adoptadas por la Corte a fines de septiembre y durante octubre de 2026 en relación con la normativa que establece restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.
A fines de septiembre, el tribunal rechazó una demanda presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) por falta de legitimación. Esa decisión dejó vigente la derogación de las restricciones a la adquisición de tierras rurales por extranjeros.
Días después, la Corte suspendió provisoriamente los efectos del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y restituyó temporalmente la Ley de Tierras Rurales, a partir de una presentación de la Asociación Civil Árbol de Pie.
Al analizar esa secuencia, Gialluca sostuvo que “evidencia que la Corte se encuentra actualmente supeditada fuertemente a los movimientos políticos que vive la Argentina”. También destacó los cuestionamientos del juez Carlos Rosenkrantz, quien objetó la competencia del tribunal para dictar una medida cautelar en esa instancia.
Operaciones de tierras ya concretadas
El defensor del Pueblo también advirtió sobre las consecuencias jurídicas que podrían derivarse de las operaciones realizadas durante el período en que rigió la derogación de las restricciones. Según planteó, esas transacciones podrían generar situaciones difíciles de revertir.
A su vez, cuestionó los criterios utilizados para admitir o rechazar demandas judiciales y recordó la intervención de la Corte Suprema en los procesos electorales de San Juan y Tucumán en 2023.
Finalmente, Gialluca sostuvo que la competencia judicial y la legitimación procesal son garantías vinculadas con la seguridad jurídica y el derecho de defensa. En ese marco, reclamó que el máximo tribunal respete sus atribuciones constitucionales y evite “la aplicación de dos varas distintas para medir la misma realidad”.