En un contexto marcado por el aumento de la morosidad y las dificultades de los hogares para afrontar sus deudas, el interbloque oficialista Chaco Puede, que responde al gobernador Leandro Zdero, rechazó los proyectos de ley que buscaban implementar un programa de desendeudamiento familiar. La iniciativa fue descartada por 16 votos contra 15 y, tras la votación, el dictamen volvió a comisión, por lo que el proyecto no avanzó en la Cámara de Diputados provincial.
Las propuestas, impulsadas por diputados opositores, buscaban facilitar la refinanciación y cancelación de deudas de chaqueños en situación de vulnerabilidad financiera mediante el Nuevo Banco del Chaco S.A. El debate legislativo se produjo en un escenario de fuerte deterioro de los indicadores sociales y financieros de la provincia, que fue utilizado por la oposición para fundamentar la necesidad de avanzar con una herramienta de alivio para los hogares endeudados.
Durante la sesión, el diputado y jefe del bloque PJ, Nicolás Slimel, vinculó la discusión sobre el endeudamiento con los niveles de pobreza e indigencia registrados en el Gran Resistencia. “El 48,6% de las personas del Gran Resistencia está por debajo de la línea de la pobreza y el 17,3% por debajo de la línea de indigencia y esto agrava mucho más la situación financiera”, sostuvo. En ese marco, afirmó que, según los registros del bloque opositor, más de 173 mil chaqueños se encuentran en situación de mora e irregularidad financiera bancaria.
Desde el oficialismo, en cambio, la diputada Zulema Wannesson justificó el rechazo al tratamiento del programa y el regreso del dictamen a comisión por razones técnicas. “Es absolutamente indispensable las estadísticas, informes y proyecciones del Banco Central, el Nuevo Banco del Chaco y las entidades financieras. Es indispensable dictar una ley de desendeudamiento sólida que no termine siendo inconstitucional”, sostuvo. De esta manera, el oficialismo planteó que antes de avanzar con una herramienta de alivio financiero era necesario contar con mayor información y evaluar su viabilidad jurídica y financiera.
Morosidad y déficit de 67 mil viviendas
El gobierno chaqueño quedó expuesto una vez más por sus propios números: el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), Fernando Berecoechea, admitió una morosidad cercana al 50% en la provincia del Chaco y cifró en 67.500 unidades el déficit habitacional.
Berecoechea expuso esos datos al explicar la moratoria que el organismo habilitó para adjudicatarios con cuotas ajustables. El régimen permite refinanciar saldos pendientes en planes de entre 120 y 360 cuotas, es decir, hasta 30 años.
Según detalló Noticias Argentinas, el propio funcionario sostuvo que el recupero de las cuotas es indispensable para sostener nuevas viviendas, pero reconoció que casi uno de cada dos beneficiarios no cumple regularmente.
En ese esquema, el IPDUV depende de una recaudación que hoy está partida a la mitad para financiar una demanda que supera por decenas de miles la capacidad de respuesta estatal.
El cuadro se vuelve más severo al comparar la necesidad con las obras. Berecoechea indicó que unas 170.000 familias permanecen inscriptas en el registro provincial y el organismo tiene alrededor de 900 casas en ejecución, una cantidad equivalente a poco más del uno por ciento del faltante reconocido.