La Rioja avanza en la elaboración de un nuevo marco legal destinado a proteger los derechos de las personas mayores. El anteproyecto fue desarrollado por organismos provinciales especializados y propone reemplazar la Ley 9.623, vigente desde 2014, con una normativa que incorpore las nuevas necesidades y desafíos vinculados con la vejez.
La iniciativa fue impulsada por la Dirección General de Adultos Mayores y la Unidad Provincial de Adultos Mayores (UPAM), bajo la dirección de Marcela Fernández. El objetivo es actualizar las herramientas legales disponibles y establecer un sistema de protección integral acorde con la realidad actual.
El trabajo incorporó aportes provenientes de distintos sectores de la Capital y de organismos especializados, con la intención de construir una propuesta que contemple las particularidades de la provincia y pueda aplicarse de manera efectiva en todo el territorio riojano.
Una normativa construida con participación de distintos sectores
La elaboración del anteproyecto se desarrolló mediante un proceso que incluyó la participación de organismos públicos, instituciones y áreas vinculadas con la atención de las personas mayores. Uno de los principales ejes de la propuesta es su adecuación a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, instrumento internacional que en La Rioja cuenta con rango constitucional.
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De esta manera, el nuevo marco legal busca fortalecer una perspectiva basada en derechos y ampliar las herramientas de protección frente a las distintas situaciones que pueden atravesar las personas mayores.
El proyecto espera llegar a la Legislatura
El anteproyecto ya fue presentado formalmente por el Ministerio de Desarrollo Social ante la Asesoría General de Gobierno. El próximo paso dependerá de la decisión del Poder Ejecutivo provincial de enviar la iniciativa a la Cámara de Diputados para que pueda comenzar el tratamiento legislativo.
De concretarse ese recorrido, la nueva ley reemplazaría una normativa que lleva más de una década en vigencia y establecería un marco actualizado para las políticas destinadas a las personas mayores. La propuesta apunta así a consolidar una política provincial de protección integral que reconozca a las personas mayores como sujetos de derecho y que adapte la legislación riojana a los estándares internacionales vigentes.