El gobernador Ricardo Quintela se refirió a los cuatro allanamientos realizados este martes en la Capital por una investigación por presunta usura. El mandatario explicó que la prioridad oficial es combatir estas maniobras ilícitas, investigar a fondo la responsabilidad de los involucrados y "perseguir a aquellos que utilizan la situación difícil por la que vive el pueblo riojano y el pueblo argentino para sacar provecho”.
Este operativo se suma a una serie de acciones para combatir los circuitos ilegales de préstamos. Los primeros días septiembre, en un operativo similar, detuvieron a 10 prestamistas. El gobernador además confirmó que reforzarán la asistencia estatal a las familias endeudadas.
Los allanamientos se realizaron de manera simultánea en distintos puntos de la Capital. En uno de los domicilios, ubicado sobre avenida 2 de Abril, además de $15 millones en efectivo, fueron secuestrados una camioneta, tres motocicletas y numerosos electrodomésticos y bienes de interés para la causa.
La investigación busca establecer el funcionamiento de la presunta red de préstamos informales y determinar las responsabilidades de las personas detenidas, en un expediente que continúa bajo secreto de sumario y desarrollo judicial.
La Rioja endurece la pelea contra la usura
En un contexto de creciente endeudamiento y morosidad, el Gobierno provincial activó durante agosto medidas para contener a las personas que, ante situaciones económicas límite, recurren a circuitos informales de crédito. Por un lado, la gestión redujo la tasa general del Banco Rioja para ofrecer alternativas viables. Por otro, avanzó con investigaciones y operativos policiales para desarticular estos esquemas ilícitos.
Hace pocos días, Quintela también se refirió a esta tema en un medio nacional y explicó los mecanismos abusivos empleados por los prestamistas ilegales, señalando que solían hacer firmar documentos en blanco o retener tanto vehículos como escrituras de propiedades a modo de garantía. Posteriormente, esas firmas e instrumentos eran utilizados para reclamar por vía judicial montos que resultaban imposibles de saldar para los deudores.
Según señaló, cerca del 40% de la población de la provincia atraviesa situaciones de endeudamiento, mientras el Gobierno busca ofrecer alternativas para evitar que las familias recurran al crédito informal.
En este sentido, el mandatario enfatizó que este tipo de prácticas delictivas ha comenzado a combatirse con mayor firmeza en el territorio provincial, advirtiendo que quienes realizan préstamos al margen de la ley deben afrontar severas consecuencias judiciales.