El conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales continúa en la Justicia, cuando vence el plazo de cinco días que el juez federal Martín Cormick le había otorgado al Gobierno para cumplir de manera integral con la medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. El Poder Ejecutivo, en lugar de aceptar la intimación, presentó un recurso ante el magistrado y sostuvo que ya cumplió con las obligaciones establecidas, por lo que también pidió que se deje sin efecto el apercibimiento de multas por cada día de demora.
La presentación del Gobierno se conoció mientras los gremios universitarios iniciaron un paro nacional de 72 horas, desde este miércoles hasta el viernes 2 de octubre, en reclamo de la aplicación de la Ley 27.795 y de una recomposición salarial. De este modo, el vencimiento del plazo judicial coincide con una nueva medida de fuerza en las universidades públicas y con una disputa que ya acumula decisiones de primera instancia, resoluciones de la Cámara y una intervención de la Corte Suprema.
Cormick, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, había vuelto a intimar al Estado Nacional el 22 de septiembre luego de considerar que la cautelar vigente no había sido cumplida en su totalidad. En esa resolución, el magistrado sostuvo que "no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme" y ordenó al Poder Ejecutivo que dé "efectivo cumplimiento" en un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de aplicar astreintes, es decir, sanciones económicas por cada jornada de incumplimiento.
La discusión judicial se concentra especialmente en los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen mecanismos vinculados con la recomposición de los salarios de docentes y no docentes y con la actualización de las becas estudiantiles. La cautelar que ordenó avanzar con esas disposiciones fue dictada originalmente en diciembre de 2025, posteriormente confirmada por la Cámara de Apelaciones y quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara en junio el recurso extraordinario presentado por el Estado.
Según la presentación que realizó ante el juzgado, el Ejecutivo considera que las medidas adoptadas durante este año, entre ellas las recomposiciones salariales, las negociaciones paritarias y las actualizaciones de determinados programas de becas, permiten considerar cumplida la cautelar. La Casa Rosada también cuestionó que la resolución judicial no haya precisado, desde su perspectiva, qué parte concreta de la medida continúa pendiente y pidió que no se apliquen las astreintes.
El planteo oficial fue presentado inicialmente como un recurso de revocatoria ante el propio Cormick y dejó planteada una apelación en subsidio para el caso de que el juez mantenga la intimación. El expediente, según la información publicada sobre la presentación, todavía no había sido elevado a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, por lo que el próximo movimiento procesal depende de la decisión que adopte el magistrado frente al recurso del Ejecutivo.
La disputa por los salarios universitarios
Los gremios sostienen que el aumento aplicado por el Gobierno está lejos de lo que, según su interpretación de la ley y de la cautelar, debería percibir el personal universitario para recuperar el poder adquisitivo perdido. En la última negociación paritaria, el Ejecutivo mantuvo una propuesta de incremento del 3% para los salarios de septiembre, mientras las organizaciones sindicales reclaman una recomposición acumulada del 33,4%. (El Destape)
La diferencia entre ambas posiciones explica en buena medida por qué la discusión judicial continúa aun después de los acuerdos alcanzados durante el año. En junio, el Gobierno había acordado con parte de los representantes universitarios una recomposición de la masa salarial y otras medidas para el sector, pero posteriormente los gremios plantearon que esos incrementos no alcanzaban para cumplir con lo dispuesto por la cautelar. El Ejecutivo, en cambio, utiliza esas medidas como parte de la documentación con la que intenta demostrar ante la Justicia que avanzó en el cumplimiento.
La controversia también alcanza a las becas. Desde el sistema universitario señalaron que algunas actualizaciones fueron realizadas de manera parcial y cuestionaron que otros programas permanezcan sin modificaciones. El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, había señalado ante El Destape que el Gobierno había informado al juez que estaba cumpliendo con la cautelar, aunque desde el Consejo Interuniversitario Nacional sostenían que ese cumplimiento no era efectivo en todos sus puntos. En particular, había señalado que las becas Manuel Belgrano habían tenido una actualización parcial, mientras que las Progresar permanecían sin actualización desde septiembre de 2024.
La diferencia entre lo que el Ejecutivo considera suficiente y lo que las universidades reclaman es, por lo tanto, el núcleo de la nueva instancia judicial. La cautelar original permanece firme y lo que ahora se discute es si el Estado cumplió efectivamente con las obligaciones establecidas y, en consecuencia, si corresponde mantener la intimación y eventualmente aplicar las multas advertidas por Cormick.
El reclamo gremial
El nuevo capítulo judicial se produce al mismo tiempo que comenzó el paro universitario de 72 horas convocado por CONADU y CONADU Histórica. La medida se desarrolla desde este miércoles 30 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre y tiene como reclamos principales el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y la aplicación de la medida cautelar.
La fecha no es menor para las organizaciones sindicales, porque el inicio de la huelga coincide con el vencimiento del plazo que Cormick había fijado para que el Ejecutivo cumpliera con la cautelar. La medida había sido definida después de que no prosperaran las negociaciones salariales y los gremios resolvieran profundizar el plan de lucha frente a la falta de acuerdo con el Gobierno.
Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), cuestionó la decisión del Ejecutivo de recurrir nuevamente a una instancia judicial. En declaraciones a este medio, sostuvo: "En el día de ayer el Gobierno Nacional nos mostró a la sociedad argentina que las instancias de apelación judicial parecen ser infinitas cuando uno tiene poder".
El dirigente agregó que "el gobierno de Javier Milei no tiene un conflicto con las universidades, con sus docentes, con sus no docentes, con los y las estudiantes. El gobierno de Javier Milei tiene un conflicto con la democracia en la Argentina". Se trata de una valoración política del dirigente sindical sobre el conflicto y la conducta del Ejecutivo, en el marco de un reclamo que ADUBA viene sosteniendo desde la sanción de la ley.
Cagnacci también cuestionó que el Poder Ejecutivo recurra la intimación cuando, según su interpretación, existe una obligación vigente de cumplir tanto con la legislación como con las decisiones judiciales. "Tomó la decisión política de no cumplir con una ley sancionada y ratificada por el poder legislativo, que es la ley de financiamiento universitario", afirmó, y añadió que el Gobierno "tomó la decisión política de no acatar fallos judiciales y ahora lo muestra nuevamente apelando una nueva instancia".
El secretario general de ADUBA planteó además que la resolución del conflicto debería pasar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes. "Esperamos la sociedad argentina en su conjunto y la comunidad universitaria en particular que esta vez el Poder Judicial le haga saber al Gobierno Nacional lo que todos sabemos. Hay que cumplir con la ley", sostuvo.