La letra chica de la reforma: el ajuste caerá sobre todos los trabajadores

Sturzenegger tenía razón. Cuando en diciembre pasado el ministro de Desregulación admitió sin rodeos que la reforma laboral impulsada por el Gobierno impactaría sobre todos los trabajadores describía, con crudeza, el corazón del proyecto. Aunque en las últimas semanas el oficialismo intentó instalar que los cambios solo regirían para nuevos contratos, el texto enviado al Congreso y las interpretaciones de especialistas confirmaron a este medio que, pese al discurso oficial, el nuevo articulado permitirá también sobre relaciones laborales vigentes, abriendo la puerta a despidos más baratos y mayor inestabilidad.

De ese modo, la promesa de “no retroactividad” aparece más como un eslogan que como una garantía jurídica concreta. De hecho, el proyecto de ley podría haber explicitado que las relaciones laborales preexistentes conservan íntegramente sus derechos adquiridos, pero no lo hizo. Por el contrario, habilita que despidos, indemnizaciones, cambios en jornadas y modalidades de trabajo se rijan por las nuevas reglas, sin importar cuándo haya sido contratado el trabajador. En términos prácticos: ante un despido futuro, las condiciones serán las de la nueva ley, aunque la relación laboral lleve años de antigüedad.

Detrás de esta arquitectura legal se perfila un modelo que favorece principalmente a grandes empresas —en muchos casos extranjeras y ligadas a sectores primarios extractivos que crecen al calor del actual esquema económico—, al tiempo que profundiza el deterioro de las condiciones de trabajo y consolida un mecanismo de salarios pisados. La combinación de menores costos de despido, mayor flexibilidad de jornadas y debilitamiento de la negociación colectiva apunta a un mismo resultado: más inestabilidad laboral, incluso en contextos de crisis, donde “te echan y ya”, con menos protección con un Estado que termina socializando parte de los costos que antes recaían sobre los empleadores.

Retroactividad: qué tiene que saber un laburante

Mientras el Gobierno nacional busca avanzar la semana próxima en la aprobación del proyecto de “modernización laboral” en Senado, diferentes funcionarios y voceros oficiales y extra oficiales vienen insistiendo con que la norma “no tendrá efecto retroactivo”. En contraste, diferentes sindicatos alertaron que los cambios afectarán a las y los trabajadores, incluso a quienes ya tiene un contrato laboral vigente.

Al respecto, este medio consultó a especialistas en la materia que despejaron dudas y dejaron en claro que el impacto de la nueva normativa-en caso de avanzar tal y como busca el Ejecutivo- será generalizado. “El proyecto de ley no dice ‘esta norma comenzará a regir solo para las nuevas relaciones laborales que se inicien luego de su puesta en vigencia, y quienes tienen relaciones laborales preexistentes mantendrán todos los derechos adquiridos’, podría decirlo pero no es así, y esto implica que efectivamente se aplicará para el futuro, pero también para las relaciones vigentes”, explicó Matías Cremonte, abogado laboralista, Presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALAL).

De esa manera, la reforma recaerá sobre las condiciones de vida y de trabajo de todos los trabajadores en su conjunto. Un ejemplo gráfico: “si te despiden el año que viene con la vigencia de esta ley, no importa si entraste hace un año o tres, te van a pagar la indemnización en base a la nueva ley vigente”. Hay que recordar que una de las modificaciones clave recae sobre el actual sistema de indemnización por antigüedad que sería reemplazo por un Fondo de Cese Laboral que se financia con aportes jubilatorios (3% de descuentos que hoy van a ANSES). Además, en el cálculo final ya no se incluirá aguinaldo, bonos u otros conceptos para fijar el monto final.

En esa línea, el entrevistado explicó con otro ejemplo práctico: “la noma de accidentes de trabajo se reformó en 2017, y si alguien tiene un accidente ahora se aplica esa ley por más que haya ingresado antes de esa fecha a su trabajo”. En sintonía, al ser consultada por El Destape, Candelaria Rueda, socióloga e investigadora del Instituto Argentina Grande (IAG) coincidió en que “uno de los elementos más arriesgados en términos de la retroactividad es la reducción en el cálculo de indemnizaciones” ya que -alertó- “impactaría en contratos de trabajo vigentes”.

Según la especialista, un aspecto no menor tiene que ver con “tal como está planteado en el texto de la ley seguramente se va a generar muchísimo crecimiento en la litigiosidad ya que a un contrato de trabajo por más que ya está vigente le van a aplicar la norma actual”. Asimismo, consideró que podría aumentar la conflictividad en los espacios de trabajo y en el vínculo con el empleador por lo que “habrá que ver también qué interpretación de estas normas hagan las distintas instancias judiciales en un contexto donde venimos de muchos años en los que el Poder Judicial está muy cuestionado respecto a su posibilidad de arbitrar sin influencias políticas”.

De acuerdo con el proyecto del oficialismo, el financiamiento estatal de las indemnizaciones será a través de la reducción de los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Esto implica que el 3% que antes se destinaba a aportes jubilatorios pasa al Fondo de Asistencia Laboral para las indemnizaciones que, por ende, serán cubiertas por el Estado (a través del Tesoro) en lugar del privado. De este modo, “se produce una transferencia de ingresos del sector público al privado, sin distinguir tamaño de empresas (las grandes también dejarán de aportar al SIPA) y se configura un esquema que, al reducir el costo efectivo del despido, incentiva el ajuste por el lado del empleo”, señaló el centro de estudios.

Un tercer caso que pone sobre la mesa cómo podría afectar dicha reforma el día a día laboral de quienes ya están empleados es el siguiente: “el proyecto habilita implementar el ‘banco de horas’ y fija que, por ejemplo, se podrá establecer dicho sistema por acuerdo individual, entonces la pregunta es qué trabajador/a no va a aceptar ese cambio si la alternativa es perder su puesto, o peor aún, que lo obliguen y por ende tenga que considerarse despedido”, planteó Cremonte, asesor de gremios como Aceiteros, ATE nacional, UOM, entre otros.

En ese sentido aclaró que “para un caso así la ley actual permite recurrir a la justicia laboral y plantear que hay un abuso del poder de dirección del empleador porque está obligándolo a modificar una condición esencial del contrato de trabajo, y en esa situación el trabajador no pierde la relación laboral”. Sin embargo, con la modificación de la ley “estará obligado a ir juicio y ganarlo, es decir, que un juez diga que efectivamente había una justa causa para rescindir el contrato de parte del trabajador, y entonces ahí recién tiene derecho a la indemnización”. En esa línea subrayó que “es algo inviable y mucho más en un contexto en el que crece el desempleo, y eso ya opera de por sí como disciplinador social”.

Los especialistas coincidieron en que la posibilidad de armar “bancos de horas" para compensar las horas extras –en vez de recibir un 50% por cada hora extra trabajada- flexibilizaría la jornada laboral en su totalidad ya que se podrá estipular, por empresa, que las personas que trabajen horas extras las compensen con tiempo libre, alterando el ingreso económico y la organización del tiempo familiar (con horarios de salida y de descanso menos pautados). Además, se elimina la cláusula que indica en el apartado de horas extra que debe haber entre jornadas efectivas 12 horas de descanso.

De esa manera, uno de los ejes estructurales del proyecto tiene que ver con el intento de equiparar el vínculo empleador/empleado como si no existiera ninguna asimetría a la hora de tomar decisiones, negociar y definir todo lo relativo a la relación laboral. “El tema con el ‘banco de horas’ y lo que llaman casi como eufemismo ‘negociación dinámica’ (que es esto de que por baja productividad de la empresa se puede reducir las horas de contrato sin previsibilidad) es que se plantea que puede haber una adhesión a este modelo por ‘acuerdo voluntario de las partes’ pero lo cierto es que si al trabajador le dicen vas a tener que firmar este cambio, no tiene muchas chances de negarse”, sumó por su lado Rueda.

Un cambio radical al que apuesta el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) tiene que ver con el debilitamiento de la negociación colectiva a partir de incentivar que los convenios de empresa prevalezcan sobre los convenios de actividad, y ello pese a que contengan cláusulas menos favorables para los trabajadores.

Peores condiciones con ingresos pulverizados

“La discusión de fondo es por la distribución del ingreso” analizó el economista Hernán Herrera en diálogo con este medio. Mientras el gobierno decidió postergar indefinidamente la publicación del nuevo IPC-INDEC para evitar que el indicador reflejara el impacto real de la suba de servicios y regulados en el bolsillo de la población (la canasta de bienes y servicios con la que se mide la inflación hace tiempo dejó de ser representativa de los gastos familiares), con la reforma laboral buscará ahora consolidar un modelo que garantice mayor libertad al capital para imponer condiciones, bajo amenaza latente de despidos cuyas indemnizaciones que ya ni recaerían sobre los empresarios.

Según el coordinador del área de economía del IAG, “lo que se busca es favorecer intereses de empresas extranjeras, de grandes firmas que vienen por recursos estratégicos, en el contexto geopolítico y geoeconómico actual”. De hecho, la reforma propuesta iguala los aportes patronales que tendrán que hacer los empleadores por las nuevas relaciones que registren en los próximos 48 meses. Así, se pasa de un esquema donde las grandes empresas (de servicios y comercio) pagan 20,4% y las Pymes 18%, a un esquema donde todas -independientemente de su facturación- pagan 5%.

En ese contexto, “los objetivos principales son, justamente, quitarle al trabajo alguno de sus derechos esenciales. Se busca debilitar a los sindicatos, desamar las paritarias por sector, que haya otro tipo de ajustes salariales y, por tanto, finalmente seguir pisando el salario que ya está más de 20 puntos abajo de 2017”, analizó.

Para el economista se trata de una ley pro-cíclica ya que se volvería más fácil despedir, incluso, en momentos recesivos. “Actualmente ante escenarios de crisis las empresas esperan a ver si se pueden recuperar, hacen un esfuerzo para no despedir mientras esperan que mejore la economía, por lo que los derechos conquistados sirven como una herramienta anticíclica. Si se concreta esta reforma vamos a tener un problema procíclico ya que, ante una crisis, se va a despedir mucho más, y después recuperar es mucho más lento que despedir”, advirtió.

En definitiva, la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional no se limita a un reordenamiento de normas ni a una actualización, sino que expresa una definición política de fondo sobre quién debe absorber los costos del ajuste. Bajo el discurso de “modernización” y “libertad”, se consolida un esquema que debilita al trabajo como sujeto de derechos, fortalece la posición de las grandes empresas y traslada al Estado -y a la sociedad en su conjunto- parte del financiamiento de despidos y conflictos futuros. En ese marco, la advertencia inicial vuelve a cobrar sentido: no habrá trabajadores “nuevos” y “viejos” frente a la ley, sino un universo completo de asalariados expuesto a peores condiciones, menor estabilidad y salarios cada vez más lejos de cubrir las necesidades básicas.