En medio de la discusión sobre la reforma flexibilizadora laboral, el conflicto laboral que atraviesa la firma Newsan-Siam en la provincia de Buenos Aires da cuenta de los efectos de la precarización del empleo en algunos sectores, en un contexto de caída de la producción y demanda interna. La compañía despidió a 45 operarios en sus plantas de Monte Chingolo y Avellaneda, al tiempo que mantiene suspendido sin fecha de reincorporación a cerca de la mitad de los trabajadores permanentes, una situación que genera preocupación entre los empleados y sus familias.
Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Avellaneda, sindicato con representación en las plantas afectadas, advierten que los despidos fueron implementados mediante la finalización de contratos a plazo fijo, modalidad que —según representantes gremiales— encubre desvinculaciones que debieron haber transitado hacia estabilidad por antigüedad. Esta situación da cuenta de los mecanismos formales a través de los cuales se ejecutan las desvinculaciones, que en muchos casos transforman situaciones laborales precarias en despidos sin garantías plenas de protección social.
La visita que hizo Milei en plena campaña a la planta era un adelanto de esa alianza antiobrera. Cuando estuvo en la isla aseguró que la empresa era “un ejemplo de eficiencia y competitividad para el futuro industrial del país”. De los aproximadamente 150 trabajadores permanentes que integran las dos plantas, alrededor de 70 permanecen suspendidos, con la incertidumbre de si volverán a trabajar una vez concluido el período de resguardo pactado para febrero, según cifras difundidas por el portal InfoGremiales.
La empresa Newsan-Siam justifica su decisión argumentando una caída en las ventas, que obligaría a ajustes operativos. Sin embargo, esa explicación no encuentra correlato unívoco cuando se la contrasta con informes de agencias especializadas. Un análisis de la agencia Moody’s Local, por ejemplo, subrayó que la firma mantiene una posición competitiva sólida en el mercado argentino con niveles de endeudamiento considerados bajos tanto en el corto como en el largo plazo, lo que cuestiona la narrativa de una crisis productiva terminal como causal única de los despidos y suspensiones.
Las decisiones empresariales se dan a pocos días de un debate parlamentario sobre una reforma laboral promovida desde el Gobierno nacional, una discusión que ha generado ampliada controversia en el mundo sindical y en sectores de la política. La proximidad de este debate incrementa la incertidumbre, dado que los trabajadores ven potenciamiento de vulnerabilidades en un momento donde las reglas de juego del empleo podrían reformarse afectando derechos laborales y mecanismos de protección.
Los trabajadores afectados relatan que el conflicto se viene desarrollando desde octubre del año pasado, cuando comenzaron las suspensiones rotativas que, en muchos casos, implicaban una semana de trabajo por mes y que fueron escalando en alcance. Tras las vacaciones de enero, varios operarios denunciaron que no se les permitió el ingreso a las plantas, incrementando así el clima de preocupación y desprotección. Estos testimonios reflejan un patrón que combina ajustes empresariales por vía de suspensiones cada vez más prolongadas y la pérdida efectiva de fuentes de trabajo.
Varias industrias redujeron personal o suspendieron trabajadores, en algunos casos en razón de la caída del consumo interno, la apertura de importaciones y la presión sobre la competitividad productiva, fenómenos que ya se venían manifestando en diversos informes del sector productivo.
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