El Presupuesto Nacional 2027 combina una producción agropecuaria proyectada en niveles récord, una mayor recaudación asociada al comercio exterior y la continuidad de las reformas de desregulación con el ajuste de todos los organismos técnicos como el INTA, SENASA, INASE e incluso el Servicio Meteorológico Nacional, clave para los escenarios climáticos adversos que podrían sucederse.
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La administración Milei depende del sector agroexportador en cuanto a su capacidad para generar divisas, pero se retira de la inversión pública y concentra todos los beneficios en los gastos tributarios como la reducción de IVA, exención de combustibles por incorporación de biocombustibles y rebajas de contribuciones patronales. Esta es la radiografía que trazó el Programa de Investigación sobre comercio de granos (PROINGRA – UBA) en base a los datos del Presupuesto 2027.
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“La cosecha proyectada de 170 millones de toneladas supera en 16,4% el máximo de 2018/19 y amplía la base exportable; sin embargo, el crecimiento de 41,3% de las retenciones indica que una parte significativa de esa mejora se transformará en ingresos fiscales. El aumento de la recaudación, aun con menores alícuotas, dependerá de que se materialicen tanto el volumen previsto como los precios y la logística necesarios para colocar la producción”, puede leerse en el segundo informe de coyuntura del PROINGRA – UBA.
Las retenciones, pilar de la recaudación mileista
El escenario macroeconómico contempla una producción agrícola récord en la campaña 2025/2026 de 170 millones de toneladas, superando la marca histórica de 146 millones de 2018/19. Se destacan máximos históricos en maíz (71,7 millones de toneladas), trigo (27,9 millones) y girasol (7,5 millones).
La recaudación por derechos de exportación crecería 41,3% nominal en 2027 y pasaría de representar 0,75% a 0,85% del PIB. El incremento se explica por la baja base de comparación de 2026 y por el mayor volumen físico proyectado de saldos exportables. Esta dinámica conviviría con la reducción gradual de alícuotas dispuesta por los Decretos 423/26 y 566/26.
Este escenario hace suponer que no habrá otras modificaciones en las retenciones que las anunciadas a principio de año. Se espera que para 2027 haya una baja de 0,025% en la soja, lo que daría un total de tres puntos porcentuales y una reducción de un punto para el maíz. La zanahoria para los productores estaría puesta hacia 2028, con una quita de cinco puntos por mes. Para fin de aquel año la soja quedaría en los 15 puntos de retenciones.
“Se percibe una doble tensión. El agro sostiene divisas, recaudación y estabilidad macroeconómica, mientras la inversión pública específicamente sectorial permanece limitada y el apoyo estatal se canaliza principalmente mediante beneficios tributarios e infraestructura registrada en funciones generales, especialmente transporte e infraestructura hídrica”, puede leerse en el documento del PROINGRA.
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Los beneficios tributarios para el sector agropecuario
El Estado se retira de la inversión directa para el sector y concentra los beneficios sectoriales en los gastos tributarios aunque no sean de asignación directa. Los beneficios tributarios identificados suman al menos $6.811.798,3 millones en 2027, equivalentes a aproximadamente 14,4 veces el presupuesto de la función Agricultura, Ganadería y Pesca. Dentro de ese total, la alícuota reducida del IVA concentra cerca del 69,5%, mientras que la exención vinculada a biocombustibles y el pago a cuenta del impuesto al gasoil representan alrededor del 15,3% y 15,1%, respectivamente; la detracción de contribuciones patronales aporta una proporción marginal.
La venta de productos agropecuarios frescos y alimentos de origen rural —tales como carnes, frutas, miel, legumbres y hortalizas— está gravada a la alícuota reducida del 10,5% en el Impuesto al Valor Agregado. Para 2027, este ítem representa un gasto tributario estimado de $4.735.474,2 millones, equivalente al 0,33% del PIB. “Se trata de recaudación resignada y no de una transferencia presupuestaria directa al productor; su incidencia económica puede distribuirse entre productores, intermediarios y consumidores”, explicaron desde PROINGRA.
La exención o reducción del Impuesto sobre los Combustibles, prevista en la Ley N° 23.966, se aplica al volumen de biodiesel y bioetanol no gravado que se incorpora a la mezcla. Para 2027 se proyecta un gasto tributario de $1.041.898,7 millones, equivalente al 0,07% del PIB. Aunque el beneficio favorece la demanda de insumos agroindustriales, su impacto sobre productores primarios es indirecto y depende de la estructura de la cadena de biocombustibles.
“Se mantiene el esquema especial de detracción sobre la base imponible de las contribuciones patronales para los empleadores de las economías regionales, con un beneficio estimado de $3.897,4 millones en 2027. Aunque puede reducir el costo laboral formal en actividades intensivas en empleo, su magnitud representa menos del 0,1% del conjunto de beneficios tributarios sectoriales”, puede leerse en el documento citado.
El ajuste permanente
Si se toma como referencia el presupuesto propuesto para 2023 y se lo expresa en valores constantes de agosto de 2026, los créditos proyectados para 2027 muestran pérdidas reales en todos los organismos analizados.
El INTI conserva solo el 35% de su nivel de 2023 y presenta la mayor caída relativa. En el caso del INTA, conserva la mitad del presupuesto que tenía hace tres años. A este guarismo le sigue el INV con el 53%; el SENASA (54%); el SMN (63%) el INIDEP (76%) y el INASE, que mantiene el 79% y exhibe la mejor situación relativa.
“El desfinanciamiento de los organismos de ciencia, tecnología, regulación y control resulta especialmente preocupante en un contexto en el que el comercio internacional exige estándares más elevados, que pueden operar como barreras paraarancelarias. Una menor capacidad de control, certificación y trazabilidad puede afectar a las economías regionales, limitar el acceso a mercados y debilitar el desempeño exportador de sus producciones”, concluyó el informe de la UBA.