El gobierno de la provincia de Buenos Aires informó que cumplió con el pago del servicio de los bonos internacionales emitidos en 2021 por aproximadamente u$s420 millones, correspondientes al vencimiento del 1° de septiembre, y que con este desembolso la administración de Axel Kicillof acumula unos u$s3.000 millones cancelados en servicios de deuda externa desde el inicio de la reestructuración, entre amortización de capital e intereses. El pago incluyó unos u$s191 millones de amortización y u$s226 millones de intereses, correspondientes a los títulos denominados Bonos A, B y C, emitidos en dólares y euros.
Debido a las restricciones financieras que enfrenta la Provincia por parte del ajuste de Nación, una parte significativa de los recursos debe destinarse a cumplir compromisos asumidos en moneda extranjera durante la gestión de María Eugenia Vidal, en un esquema que fue reestructurado por el gobierno de Kicillof después de que el perfil original de vencimientos se volviera difícil de sostener. La operación de 2021 alcanzó una adhesión cercana al 98% de los acreedores y permitió extender los plazos, reducir el costo financiero y postergar vencimientos que se concentraban en los primeros años posteriores al cambio de gobierno.
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, fue el encargado de comunicar el cumplimiento del vencimiento durante una conferencia de prensa realizada en la Gobernación junto con la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez, y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo. "En 2021 y 2022 hicimos una exitosa reestructuración de deuda, pospusimos los vencimientos y bajamos la tasa de interés, por lo cual ahorramos 4.600 millones de dólares", señaló Bianco, quien agregó que la Provincia "viene pagando todos los 1° de marzo y 1° de septiembre" y que ya canceló servicios por un total de "3.000 millones de dólares".
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La magnitud de los pagos realizados desde la reestructuración permite observar el cambio que produjo aquel acuerdo sobre el calendario financiero provincial, aunque no eliminó la presión que representa la deuda en moneda extranjera sobre el presupuesto bonaerense. Según los datos difundidos por la administración provincial, de los aproximadamente u$s3.000 millones desembolsados desde 2021, unos u$s910 millones correspondieron a amortizaciones de capital y alrededor de u$s2.100 millones a intereses, una composición que muestra que una parte relevante del esfuerzo financiero estuvo vinculada al costo de mantener la deuda durante el período.
Bianco sostuvo que la administración de Kicillof continuará afrontando las obligaciones contraídas antes de su llegada al gobierno y apuntó específicamente contra la política de endeudamiento de Vidal. "Vamos a continuar cumpliendo las obligaciones heredadas por la exgobernadora María Eugenia Vidal, que irresponsablemente tomó deuda en dólares. Como siempre, el peronismo se ocupa de pagar en tiempo y forma", afirmó el ministro durante la conferencia.
La referencia no es menor porque la reestructuración de 2021 estuvo directamente relacionada con la concentración de vencimientos que había quedado configurada al final de la gestión de Cambiemos. Un análisis publicado por El Destape en aquel momento señalaba que las obligaciones totales en moneda extranjera de la Provincia habían aumentado 68% entre fines de 2015 y 2019, al pasar de u$s5.420 millones a u$s9.134 millones, mientras que la deuda denominada en moneda extranjera pasó a representar el 83,7% del total frente al 57,9% registrado en 2015. A su vez, el 76% de los vencimientos previstos entre 2020 y 2023 correspondía a deuda contraída entre 2016 y 2019.
La reestructuración permitió entonces evitar que esa concentración de pagos derivara en una crisis de liquidez para las cuentas bonaerenses y generó, de acuerdo con las estimaciones oficiales difundidas en 2021, un alivio financiero de unos u$s4.600 millones hasta 2027. El acuerdo también triplicó los plazos de repago y redujo de manera permanente el costo financiero de los bonos bajo legislación extranjera, aunque el compromiso no desapareció: se transformó en una corriente de pagos que continúa demandando dólares de manera periódica.
Ese esquema explica la dimensión del vencimiento de septiembre y también el señalamiento que realizó Bianco respecto de la situación fiscal actual. El ministro sostuvo que la Provincia conserva su capacidad para atender los compromisos externos, pero en un contexto que definió como cada vez más complejo por la situación macroeconómica y por la reducción de recursos provenientes del Estado nacional. En intervenciones anteriores, Bianco había señalado que la Provincia debe afrontar pagos cercanos a los u$s420 millones en marzo y septiembre por la deuda reestructurada, una suma que, según su comparación, equivale aproximadamente a medio aguinaldo en cada vencimiento.
La discusión sobre la deuda se superpone así con otra dificultad para la administración bonaerense: la necesidad de definir un presupuesto para 2027 sin contar todavía con todas las variables macroeconómicas nacionales sobre las que se construyen las proyecciones de ingresos y gastos. Por ese motivo, el Ejecutivo provincial presentó ante la Legislatura una nota para postergar el envío del proyecto de Presupuesto 2027, cuyo plazo constitucional había vencido el 31 de agosto. El argumento oficial fue que todavía no existen datos suficientes del Gobierno nacional para proyectar las cuentas del próximo ejercicio.
En septiembre de 2025 el Ministerio de Economía bonaerense informó que había alcanzado acuerdos con los acreedores que habían quedado fuera del canje de 2021 y que habían obtenido sentencias firmes en tribunales de Nueva York, además de resolver procesos iniciados en Alemania. La administración provincial presentó ese acuerdo como el cierre de los litigios vinculados con los bonos que no habían ingresado a la reestructuración original. El frente de la deuda aparece, por lo tanto, como una obligación que atraviesa distintas etapas de la gestión bonaerense y que condiciona el margen disponible para otras políticas. El pago de los u$s420 millones de septiembre no constituye una nueva operación de endeudamiento sino el cumplimiento de un compromiso previamente reestructurado, y la diferencia es relevante para evaluar el impacto sobre las cuentas: el Gobierno provincial está utilizando recursos para cancelar obligaciones existentes mientras reclama que la Nación recomponga transferencias y fondos que considera correspondientes a las provincias.