“La emisión monetaria es uno de los factores que alimenta la inflación”. Fue la definición del ministro de Economía Martín Guzmán a la señal TN, agregando que el país necesita poner las “cuentas fiscales en orden, hay que ir reduciendo el déficit fiscal”.
Alejandro Vanoli, quien estuvo a cargo del Banco Central, señaló hace algunos años a este periodista que “sorprende que a esta altura de la historia haya quienes todavía crean que hay una relación de física o mecanicista entre emisión e inflación, ya que la suba de precios tiene factores multicausales y los principales tienen que ver con la puja distributiva y cuestiones estructurales de oferta y demanda. Depende de las condiciones materiales y de los contextos, la cantidad de dinero puede ir a un proceso de crecimiento de la economía o a un proceso de aumento de los precios”.
Ambas declaraciones, no son en absoluto contradictorias. Ni Guzmán señaló, en la entrevista citada, que la política monetaria y fiscal era el único instrumento para combatir la inflación, -como sí lo planteaban los ortodoxos funcionarios macristas en cuya gestión Argentina tuvo la tasa de inflación anual más alta de las últimas tres décadas-, ni Vanoli dejó de adjudicarle rol alguno. Sin embargo, tal como se desprende de ambos testimonios, resulta evidente que la relevancia otorgada a la emisión es bien distinta.
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Estas diferentes concepciones pueden explicar en parte la diferenciación de los últimos meses en las políticas económicas del gobierno kirchnerista y del actual para combatir la inflación. Y es que mientras que en el kirchnernismo se “piso” el valor del dólar y de las tarifas, se impusieron altas retenciones para desacoplar el costo de los alimentos, se profundizaron los programas de regulación de precios, además de defender el poder adquisitivo de salarios, jubilaciones, y planes sociales, en el actual gobierno se anunciaron o efectuaron medidas diferentes.
El hecho es que el gobierno de Cristina pudo demostrar una capacidad para disminuir la inflación cuando la misma amenazaba con espiralizarse, luego del salto devaluatorio de comienzos de 2014. En efecto, según el IPC Congreso elaborados por políticos y consultoras opositores, la inflación cedió de un 38,5 a 25 por ciento entre 2014 y 2015. E incluso ese 2014 fue en continuo descenso, pues de acuerdo a este mismo índice, en enero alcanzó 4,6, en febrero 4,3, en marzo 3,3 y 2,78 por ciento en abril, sosteniéndose en esa media.
Con todo, las políticas aplicadas tenían un trasfondo que excedía la cuestión técnica. Y es que las mismas tenían como otras de sus aristas, tal vez la principal, lograr una redistribución del ingreso, pues las limitaciones a las tasas de interés, los precios cuidados, las retenciones y el congelamiento del dólar, o el congelamiento tarifario, -solo en parte compensado por subsidios- reducían ganancias extraordinarios de bancos, oligopolios alimenticios, agroexportadores o energéticas, siempre en favor del grueso de la población, que experimento los mayores salarios y jubilaciones, medidas en dólares, de toda Latinoamérica.
La mayor crítica que tuvieron, tanto de la alianza Cambiemos como del Frente Renovador, fueron que las mismas acrecentaban un desequilibrio macroeconómico, básicamente por la suba de subsidios a las tarifas energéticas que aumentaban el déficit fiscal, así como por el retraso cambiario. Tan real como que medidas de signo contrario, aplicadas durante el gobierno macrista, produjeron otro desequilibrio, en este caso social, a causa del incremento de 4,5 millones de pobres, según la UCA, y un millón de nuevos desempleados, según el INDEC. (Sin por ello resolver el desequilibrio financiero, pues empeoraron todos los índices macroeconómicos, con la única excepción del déficit primario).
Desde un inicio, el Frente de Todos se diferenció claramente de la última experiencia neoliberal. Aunque como puede verse en el caso de la inflación, también existen divergencias con las medidas aplicadas durante el kirchnerismo. No obstante, los más importantes funcionarios del equipo económico sostuvieron en los últimos días que buscaban, tal como sucedió en los años previos a la gestión de la alianza Cambiemos, que los salarios le ganen a la inflación. Enfrentan así el desafío de demostrar que sus políticas lograrán una más sólida contención de la inflación, es decir el 29 por ciento previsto en el presupuesto, con salarios, jubilaciones, y planes sociales subiendo por encima de este índice, logrando paralelamente una reducción del déficit fiscal y crecimiento del PBI.
Un elemento que no pudieron exhibir en el año pandémico, pues junto a la recesión el Indec exhibió que el promedio de todos los tipos de salarios subió un 33 por ciento frente a una inflación anualizada del 36,1 por ciento, existe la apuesta a que sus políticas, claramente diferentes a las del macrismo pero también disimiles a las del kirchnerismo, lograrán revertir esta tendencia.