En un nuevo fallo favorable al país, Loretta Preska, jueza federal de Nueva York, formalizó este martes la anulación de su sentencia contra la Argentina y cerró definitivamente del juicio por la estatización de YPF en 2012, que le hubiera podido costar al país unos US$16.000 millones.
Con esta resolución se cumple lo dispuesto por la Cámara de Apelaciones, que había anulado la condena millonaria. De este modo, la única posibilidad de que el juicio se reabra consiste en que la Corte Suprema de Estados Unidos decida tomar el caso, algo que resulta improbable dada la baja cantidad de fallos que emite por año.
La intervención de la magistrada quedó concluida en el expediente que se tramitó en Nueva York por la expropiación de la petrolera, realizada en 2012 bajo el gobierno de Cristina Kirchner. La orden de Preska de este martes anuló su propia sentencia de 2023 que imponía a la Argentina un pago de US$16.100 millones, una suma que, al incorporar los intereses, excedía los US$18.000 millones.
La medida da cumplimiento al fallo que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito emitió en marzo. En esa instancia, Denny Chin y Beth Robinson votaron por revocar la sentencia de primera instancia al considerar que la ley argentina había sido interpretada incorrectamente, mientras que José Cabranes se pronunció en disidencia.
Según determinó el tribunal de alzada, la normativa argentina sobre expropiaciones no permite que terceros presenten demandas que interfieran en el procedimiento expropiatorio. También sostuvo que el estatuto de YPF no configura un contrato bilateral entre accionistas que permita reclamar una indemnización por daños. La vía ordinaria de apelación se agotó en junio, cuando el pleno del tribunal desestimó una solicitud de revisión.
Qué posibilidades hay de que se reabra el juicio por YPF
A principios de octubre, Burford Capital acudió a la Corte Suprema de Estados Unidos mediante un recurso de certiorari. El fondo de litigios financia la demanda que iniciaron los exaccionistas Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park. En el escrito, la parte demandante describió el fallo de la Cámara como "gravemente errónea, totalmente sin precedentes y de consecuencias extremadamente relevantes".
El máximo tribunal estadounidense, no obstante, no está obligado a aceptar el expediente. De las entre 7.000 y 8.000 solicitudes que recibe cada año, la Corte suele admitir la revisión de unos 80 casos y no tiene un plazo establecido para pronunciarse.
En paralelo, y en nombre de las sociedades Petersen, Burford inició un reclamo arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un organismo que depende del Banco Mundial.