Ajuste jubilatorio modelo FMI

El ministro de Economía Martín Guzmán y su mesa chica ya entraron en “modo FMI”. El nuevo credo del gobierno se llama “sustentabilidad fiscal”. No se trata de noticias nuevas, los números fueron adelantados en el Presupuesto 2021, que incluyó una reducción del déficit fiscal desde los más de 8 puntos previstos para este año a 4,5. En términos agregados la caída del gasto para el año próximo, redondeando una inflación del 30 por ciento para 2020, sería de 10 puntos porcentuales, lo que oficialmente es explicado por “el gasto extraordinario de la pandemia en 2019” contra el que se compara 2021.

Desde el equipo económico destacan que el objetivo del recorte es dar “señales” de “consistencia fiscal” frente a la negociación en puerta con el organismo financiero, lo que parece incluir también la sobreactuación, ya que hasta se habló de que se buscará “sobrecumplir” la meta presupuestaria, es decir tener un déficit todavía menor.

Cualquiera que mire el Presupuesto con ánimo de poda encontrará rápidamente que los gastos principales son tres: jubilaciones, pensiones y ayuda social. No hace falta ser muy creativo, entonces, para imaginar por dónde pasará la guadaña.   

La nueva regla de cálculo informada el lunes, que comenzará a aplicarse en marzo próximo, será de ajuste semestral y combinará dos elementos. El primero, 50 por ciento de la fórmula, será la variación del RIPTE, que es la “Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables” que surge del SIPA, el “Sistema Integrado Previsional Argentino”. Dicho de manera rápida, la variación promedio de los salarios de los trabajadores en blanco. El segundo elemento, el otro 50 por ciento de la fórmula, será la variación de la recaudación del sistema previsional, es decir lo que el Estado “formalmente” tiene para pagar. Se trata de una regla lógica similar a la aplicada desde 2008 hasta su derogación en 2017. Pero parecido no es lo mismo, porque se introducen dos cambios no necesariamente favorables para los trabajadores pasivos. El primero, respecto de la primera parte de la regla, es que se deja afuera la variación de los salarios informales.

En la fórmula 2008-2017 se elegía la variación más favorable. La segunda es que se le pone un tope del 3 por ciento por sobre el aumento de la recaudación previsional. Es decir que por más que los salarios empujen para arriba el resultado de la fórmula, no se computará más que hasta el tope de la variación de la recaudación multiplicado por 1,03. El límite parece lógico, pero no después de tres años de estancamiento de los ingresos y sólo parece responder a una mera voluntad fiscalista. El atendible contraargumento oficial es que en un universo de beneficiarios donde alrededor de las tres cuartas partes reciben la jubilación mínima las pérdidas del pasado fueron parcialmente compensadas por el acceso a medicamentos gratuitos y los aumentos de suma fija ya otorgados que estarían 8 puntos por encima de la inflación.

Seguramente, la parte que mayores críticas opositoras despertará será la eliminación del componente de ajuste por inflación introducido por el macrismo y parte de la bancada legislativa del peronismo en 2017, con el argumento de la “reparación histórica” para legitimar el blanqueo de activos. Sin embargo, en una economía inflacionaria como la local la introducción de reglas indexatorias es absolutamente irracional. Fueron precisamente los saltos inflacionarios producidos entre 2017 y 2019 los que obligaron a desechar la fórmula de la “reparación histórica”. En este sentido resulta mucho más lógico que el ingreso de los pasivos quede atado al de los trabajadores activos, como propone el nuevo régimen de movilidad. 

Más allá de los detalles, la fórmula que entrará en vigencia en marzo no puede separarse de las reformas estructurales asociadas a los acuerdos de “Facilidades extendidas” del FMI, modelo de acuerdo que el gobierno también anunció esta semana que buscará con el organismo. Un informe del pasado septiembre de la consultora “pxq” relevó que el 100 por ciento de este tipo de acuerdos realizados desde 2016 por el Fondo implicaron reformas fiscales, las que incluyeron reformas previsionales en el 54 por ciento de los casos y laborales el 46 por ciento (que la suma de 100 es casual).

En los extremos hubo países que hicieron reformas fiscales sin tocar lo previsional ni lo laboral, y otros que tocaron las tres cosas. La negociación con el FMI está abierta, pero las señales de por dónde pasará la oferta de ajuste local, en un escenario con casi nulo espacio para las reformas laborales, parecen ir en una sola dirección. El dato duro es que el FMI, el gran presente griego que heredó el macrismo, está adentro y condicionará por años el devenir de la economía local.