Respuestas económicas y políticas a la inflación

La leve reducción de la inflación experimentada en febrero, de 3,6 por ciento frente al 4 por ciento de los dos últimos meses, junto a una nueva suba de alimentos (3,8) que supera el promedio general, exhibe que esta cuestión ha pasado a convertirse en el principal problema económico para el gobierno, no solo por las dificultades, o el drama cuando hablamos de los sectores bajos, que genera para el grueso de la población, sino porque reduce las chances de una reactivación importante en una economía que depende en un 70 por ciento del consumo interno efectuado en gran medida por medio de salarios.
Cierto es que muy atrás quedaron los tiempos en los que el dogma neoliberal de la alianza Cambiemos “combatía” la inflación solo mediante políticas monetarias y fiscales, más precisamente a través de la suba de la tasa de interés, el freno a la emisión de pesos, o su absorción vía títulos públicos, junto a la reducción del gasto público, además de la apertura importadora. Su saldo, que fue tremendamente dañino para la actividad y el tejido socioeconómico, se demostró incluso totalmente ineficaz, pues dejó como legado el mayor índice inflacionario de las últimas dos décadas.

Desde el actual equipo económico, se advierte en cambio la multicausalidad del fenómeno, sobre el que resaltan diferentes variables, como ser el valor del dólar, el costo de las tarifas, la puja distributiva y los aumentos salariales, los oligopolios, la inflación importada, o la inercia inflacionaria, así como también, en una lectura parcialmente compartida con los economistas de Cambiemos, el déficit fiscal y la emisión monetaria. Con mayor o menor eficacia, el gobierno ha incidido sobre gran parte de estas variables, sosteniendo por el momento el congelamiento tarifario con excepción de las naftas, (sobre las que ya se anunció un aumento del 18 por ciento para los próximos tres meses), retrasando la devaluación del peso, al pasar del 3,8 por ciento en enero al 2,8 en febrero, e interviniendo para disminuir la cotización de los paralelos, junto a la intervención para que los aumentos salariales se mantengan en la pauta del 30 por ciento (bancarios y electricidad 29 por ciento, docentes porteños 30 por ciento, encargados de edificios 32 por ciento). Paralelamente, desde su fase más ortodoxa, planea reducir el déficit fiscal primario del 6,5 al 4,5 por ciento (enero arrojó incluso superávit) mientras que lleva disminuida durante este año un 4 por ciento de la base monetaria, lo cual explica en parte la cancelación de programas para las capas más bajas de la sociedad, como el Ingreso Familiar de Emergencia, o para el sector productivo, como el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción.

Todo indicaría que, gradualmente, estas respuestas irán exhibiendo resultados, más allá de que las demoras en los resultados le hayan hecho el gobierno acumular cerca de 11 puntos de los 29 proyectados para este año, lo que también indica que la meta no se cumplirá, y que una de las variables utilizadas, la limitación a la suba salarial, pueda llevar a otro año de pérdida en los salarios reales, algo prácticamente inédito para un gobierno peronista.
 

Es la política

Las medidas enumeradas tienen en común su diseño técnico y económico, superadoras sin dudas a las básicas que había llevado adelante Cambiemos, pero lejanas de las medidas políticas que surtieron un efecto sostenido, como el congelamiento de precios y salarios impuesto por el peronismo en 1952, que junto a una contracción monetaria y fiscal desde niveles de altos salarios y beneficios sociales, redujeron la inflación del 37 por ciento en 1951 al 4 por ciento en 1953, el Pacto social promovido también por Perón en 1973, que llevó la inflación del 60 por ciento en 1973 a 22 por ciento en 1974, e incluso la Ley de Convertibilidad, que finalizó la hiperinflación legada por Alfonsín, aunque a costa de deteriorar todas las variables socioeconómicas.
Todas ellas tenían en común un diseño político antes que económico, algo que el gobierno intentó reeditar con el llamado en numerosas oportunidades a un nuevo Pacto Social entre el capital y el trabajo, pero en donde la fragmentación de las organizaciones representativas del capital y el trabajo, el rechazo de las organizaciones más poderosas a programas de acuerdos, y la falta de un liderazgo político como el detentado por Perón, llevaron a la ausencia de resultados.

Existen igualmente otras medidas políticas que contribuirían a reducir los índices inflacionarios, cuanto menos en el mediano plazo. Juan Cruz Contreras, economista de la UNGS, plantea entre ellas “la nacionalización del comercio exterior, la estatización de Vicentín, el control estatal de la denominada “Hidrovía”, o la suba de retenciones, todo lo cual desacoplaría el precio de los alimentos de su cotización internacional, y facilitaría el ingreso de dólares a nuestro país, clave para la estabilidad del peso y el desarrollo industrial”.
Hasta el momento, el gobierno no ha demostrado intenciones de incursionar en estos campos. La disminución inflacionaria, con las medidas tomadas hasta el momento, debería igualmente comenzar a percibirse en los próximos meses. La incógnita, será por cuanto tiempo