El Gobierno creará un cargo fijo en las facturas de electricidad para los usuarios de todo el país para financiar AMBA I, una obra de transporte eléctrico de alta tensión que es clave para liberar nodos del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) -hoy totalmente saturados- en el centro del país, que es la zona de mayor consumo energético. Si bien todavía no se publicó la medida, esta semana la secretaria de Energía, María Tettamanti, confirmó que el gobierno avanzará con el nuevo cargo fijo. En los hechos, implicará un cargo extra de entre 1% y 3% del monto de las facturas finales de los hogares.
No es la primera obra de infraestructura energética que se construirá con financiamiento de la demanda y no a través de una licitación. En el pasado hubo cargos fijos que solventaron la construcción de gasoductos, entre otras obras. En este caso, lo llamativo es que el gobierno de Javier Milei, que paralizó la obra pública con el argumento de que el sector privado iba a ser el único protagonista en llevarla adelante, ahora impulse una obra con rol preponderante del Estado y financiamiento de los usuarios.
El Destape entrevistó a Cecilia Garibotti, ex subsecretaria de Planeamiento Energético y actual investigadora de la Fundación Encuentro, que analizó el nuevo esquema del gobierno.
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- ¿Qué opinión tenés sobre el anuncio de Tettamanti respecto a la creación de un cargo fijo para financiar la obra AMBA I?
Si bien todavía no está la medida oficial, creo que hay que explicar bien por qué la demanda va a pagar la obra. Los usuarios de todo el país ahora van a financiar una obra que es para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Es decir, en 2025 vamos a tener aumentos en el costo de la generación (a partir de mayo, según informó el gobierno), que implica una fuerte quita de subsidios. También habrá aumento en los segmentos regulados de trasporte y distribución. Y ahora se suma un nuevo cargo fijo. Hay muchos aumentos de tarifas para el próximo año.
- ¿Cómo ves que se cree un cargo fijo para financiar una obra?
No digo que esté mal, se utilizó mucho en el pasado, pero sí es una estructura extraña para este gobierno porque dijo muchas veces que no sirve. Es raro que vaya a este esquema. El gobierno venía diciendo que las obras la paguen los privados y ahora dice que la paguen los usuarios. La obra va a traer beneficios para el sistema eléctrico, pero estas medidas que aplican sobre una factura, que ya viene teniendo fuertes aumentos, debería tener un sólido argumento oficial que lo justifique. No se trata de elegir caprichosamente entre un cargo fijo o una licitación, porque muchos usuarios van a terminar pagando la obra y no se van a beneficiar. No lo va a pagar solamente la demanda de Buenos Aires, sino de todo el país. Lo positivo es que, por fin, se muestran comprometidos con la obra pública.
- ¿Qué margen político tiene el gobierno para aplicar un cargo fijo nuevo en este contexto económico y social?
A la gente que no puede pagar los costos de la energía encima se le sumará este cargo fijo. Además que ya se están incorporando los costos del “Plan de Contingencia para el Verano”, que no se sabe cuánto va a salir porque va a implicar más aumentos de la energía. Los usuarios van a pagarle a las empresas para que no consuman energía en los picos de consumo. Son muchos aumentos tarifarios para 2025 que el gobierno debería explicar. Los aumentos no son bien recibidos por la gente.
- ¿Qué tan clave es la obra AMBA I?
Es clave para el sistema, esto es así. El tema es cómo hacerlo, porque si después vamos a estar preguntándonos por qué pagamos este cargo fijo todos los usuarios si vemos que hay gente cruzando a Paraguay con 200.000 dólares. La obra se tiene que hacer. El financiamiento internacional es caro. La creación de este cargo fijo es un reconocimiento claro de que no se logró que vengan privados a invertir a la Argentina. La ex Canciller Diana Mondino se preguntaba hace un año “por qué el gasoducto (Néstor Kirchner) tiene que ser estatal y lo tenemos que pagar los 47 millones de argentinos”. Un año después están anunciando la creación de un fideicomiso (este año el gobierno de Milei eliminó una decena) para que lo administre el Estado y todos paguemos una obra pública. AMBA I será una obra con completa intervención del Estado. Yo veo que es una forma absolutamente válida, me llama la atención que lo haga este gobierno.
- ¿Hace cuánto que no se hacen líneas de alta tensión en el país?
Entre 2015 y 2019 no se incorporaron nuevos kilómetros de líneas de alta tensión ni de gasoductos troncales. Sin financiamiento para obra pública, el sistema se estanca porque el sector privado no asume estas inversiones por su cuenta. El cambio de paradigma es positivo: antes se priorizaba un enfoque donde "si la obra no es rentable, no se hace", mientras que ahora el discurso parece ser "el sistema debe pagar esta obra". En la gestión anterior, junto con Sergio Massa, en las que se inauguraron más de 875 kilómetros de líneas de alta tensión, se desarrolló el Plan de Transporte Federal, que priorizaba la construcción de líneas en todo el país. Muchas fueron financiadas mediante créditos multilaterales y a través del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (FFTEF) donde las provincias mismas definían obras prioritarias. Sin embargo, el gobierno ahora desfinanció este fondo y frenó las obras. Es preocupante que el esquema actual sea antifederal. El plan promovido por Massa tenía un enfoque más equitativo: todos contribuían, pero todos tenían garantizadas obras que mejoraban sus sistemas, obras que de otro modo no podrían haberse financiado. Aunque el cambio de postura hacia la inversión pública es positivo, el enfoque debería alinearse con una visión federal.