El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) definió una estrategia de conflictividad que comenzará con paros regionales y busca desembocar en una huelga nacional antes de fin de año. El reclamo central es una recomposición salarial, pero la agenda también incluye el endeudamiento de las familias y la defensa de las universidades y la salud pública.
La definición surgió durante un acto realizado en el predio de ATE Rosario, donde dirigentes sindicales de distintas actividades y regiones plantearon la necesidad de coordinar los conflictos que atraviesan a trabajadores estatales, docentes, aceiteros, aeronáuticos, profesionales de la salud y otros sectores.
El esquema propuesto por el frente apunta a federalizar la organización sindical y construir medidas de fuerza desde los territorios. La primera referencia concreta es Rosario, donde los dirigentes plantearon avanzar con un paro regional para luego extender la protesta y confluir en una medida de alcance nacional.
El plan de lucha del Fresu
El secretario general de Aceiteros Rosario (SOEAR), Marco Pozzi, marcó durante el encuentro el objetivo de corto plazo: “Necesitamos iniciar un paro regional en Rosario. Antes de fin de año va a llegar ese paro nacional”. También reivindicó la huelga de los docentes de Tierra del Fuego y sostuvo que la construcción del frente debe ampliarse a todo el país.
En la misma línea, la secretaria general de ATE Rosario, Lorena Almirón, convocó a organizar plenarios de trabajadores en cada territorio para definir un plan común de acción y avanzar hacia grandes jornadas regionales de protesta.
De esta manera, el Fresu busca que los conflictos sectoriales no permanezcan aislados y puedan convertirse en una estrategia coordinada. La hoja de ruta contempla una primera etapa de organización territorial y paros regionales, con el objetivo de alcanzar una huelga nacional antes de que termine 2026.
El reclamo por un salario mínimo de más de $ 3 millones
El principal eje de la protesta es la recuperación del poder adquisitivo. El FreSU sostiene que el Salario Mínimo Vital y Móvil debería alcanzar los $3.065.161, según una medición propia correspondiente a julio.
Ese cálculo contempla nueve necesidades: alimentación, vivienda, educación, vestimenta, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión social, en línea con la definición de salario mínimo establecida en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo.
El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, llamó a profundizar el conflicto para alcanzar un ingreso mínimo de $3 millones y consideró que existen motivos para avanzar hacia una huelga general. “La situación ya no da para más”, sostuvo durante el acto.
La cifra había sido presentada la semana pasada durante una conferencia frente al Palacio Pizzurno, en el marco de la protesta de docentes universitarios por el financiamiento de las universidades públicas.
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Endeudamiento, universidades y salud pública
El programa de lucha no se limita a la discusión salarial. El Fresu también incorporó como ejes el desendeudamiento de las familias, la defensa de las universidades públicas y el sostenimiento de la salud pública.
Los dirigentes vincularon el deterioro de los ingresos con el crecimiento del endeudamiento de los hogares, que recurren a distintas formas de financiamiento para afrontar gastos cotidianos.
En el caso de las universidades, Beatriz Introcaso, secretaria gremial de Conadu, afirmó que los docentes están lejos del salario mínimo reclamado y ratificó la pelea para que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.
La construcción del FreSU, además, reúne a organizaciones de distintas centrales y sectores sindicales. Entre ellas aparecen ATE, organizaciones aceiteras, Conadu, Conadu Histórica, Fesprosa y sindicatos vinculados con actividades aeronáuticas, marítimas, fluviales y fabriles.
Así, el frente sindical busca transformar los reclamos dispersos en un plan de lucha federal, con Rosario como uno de los primeros puntos de organización y con una meta definida: que las medidas regionales confluyan en una huelga nacional antes de fin de año.