La misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) que durante más de una semana revisó el programa económico argentino concluyó este martes su trabajo en Buenos Aires, aunque todavía no comunicó si recomendará la aprobación de la tercera revisión, paso necesario para habilitar un desembolso de alrededor de 900 millones de dólares. El resultado de las conversaciones quedó ahora en manos de los equipos técnicos del Fondo y, posteriormente, del Directorio Ejecutivo, por lo que el Gobierno todavía deberá atravesar una instancia adicional antes de contar con esos dólares.
“Una misión técnica del FMI encabezada por Joyce Wong, en el marco de la tercera revisión del programa respaldado por el Servicio Ampliado del FMI (SAF) para Argentina, concluyó el martes en Buenos Aires”, informó el organismo, que agregó que las conversaciones continuarán por los canales habituales y que brindará más información “a su debido tiempo”..
La misión estuvo encabezada por Joyce Wong, nueva responsable técnica del caso argentino, y mantuvo reuniones con funcionarios del equipo económico durante aproximadamente diez días. La evaluación incluyó las cuentas públicas, la acumulación de reservas y los compromisos asumidos dentro del programa vigente, en un momento en que el Gobierno busca recomponer el stock de dólares del Banco Central (BCRA) después de haber afrontado un vencimiento con el propio Fondo. El organismo había previsto para 2026 un desembolso cercano a 1.900 millones de dólares, de los cuales unos 1.000 millones fueron habilitados luego de la segunda revisión, por lo que el tramo pendiente ronda los 900 millones.
Reservas arriba y cuentas en rojo: la disparidad que evalúa el organismo
La particularidad de esta tercera revisión es que las dos variables centrales del programa muestran resultados diferentes. En materia cambiaria, el Gobierno llega con números que le permiten exhibir un sobrecumplimiento de la pauta de compras de divisas y una acumulación de reservas superior al objetivo establecido para el año. En cambio, las cuentas fiscales quedaron por debajo de la meta correspondiente al primer semestre, una diferencia que el Poder Ejecutivo reconoce y que abre la posibilidad de solicitar un waiver al organismo.
El programa contemplaba para todo 2026 una pauta de compras de divisas del BCRA por 10.000 millones de dólares, mientras que la autoridad monetaria acumuló compras superiores a 14.200 millones de dólares, de acuerdo con las cifras utilizadas para evaluar el desempeño del programa. Esto implica una diferencia superior a 4.200 millones de dólares respecto del objetivo anual.
El programa fijó una meta de 8.000 millones de dólares y estimaciones de Analytica citadas durante la revisión ubicaron el resultado en torno a los 9.000 millones de dólares. El dato adquiere relevancia porque la acumulación de divisas había sido uno de los puntos de mayor tensión en las primeras etapas del acuerdo y porque el propio FMI había señalado, en la revisión anterior, que el fortalecimiento de los activos externos era un elemento central para reducir la vulnerabilidad financiera.
La "letra chica" del BCRA: flexibilización de metas y el impacto del último pago
En la revisión de mayo, el organismo redujo de manera significativa el objetivo de reservas netas correspondiente al 30 de junio: la meta original suponía una variación positiva de 3.200 millones de dólares y el nuevo parámetro pasó a una variación de -8.600 millones de dólares. Según el análisis de Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), con el objetivo original el Gobierno habría quedado 6.311 millones de dólares por debajo de la exigencia.
Esto no elimina el cumplimiento de la meta vigente, pero permite observar que el resultado debe compararse con el parámetro finalmente acordado entre las partes y no con la exigencia inicial del programa. En otras palabras, el Gobierno logró alcanzar el objetivo que terminó rigiendo la revisión, pero ese objetivo había sido flexibilizado previamente por el Fondo.
El 25 de septiembre, Argentina afrontó un vencimiento de capital con el FMI por unos 800 millones de dólares. Los registros del propio organismo muestran que para esa fecha estaba previsto un pago de 583,3 millones de Derechos Especiales de Giro, equivalente a aproximadamente 800 millones de dólares según la cotización correspondiente. Ese pago se produjo pocos días antes de la finalización de la misión y redujo el margen disponible en las reservas brutas.
El frente fiscal bajo la lupa: un bache de $570.000 millones y el pedido de waiver
La situación es diferente cuando se observan las cuentas públicas. El programa establece para 2026 un objetivo de superávit primario equivalente al 1,4% del PBI, mientras que durante el primer semestre el resultado acumulado alcanzó el 0,6% del producto, frente a una meta semestral de 0,7%. La diferencia puede parecer acotada en términos del PBI, pero se traduce en cientos de miles de millones de pesos cuando se la lleva a valores nominales.
Entre enero y junio, el Gobierno registró un superávit primario de aproximadamente 6,29 billones de pesos, mientras que la meta vigente al 30 de junio era de $6,86 billones. La brecha fue, por lo tanto, de unos 570.000 millones de pesos, incluso después de que el FMI redujera previamente la exigencia fiscal para ese período. El objetivo original había sido establecido en 8,46 billones de pesos y posteriormente fue reducido a 6,86 billones.
“En el primer semestre de 2026 el Gobierno acumuló un superávit primario de 6,29 billones de pesos, quedando 570.000 millones por debajo de la meta del 30 de junio”, señaló Letcher al analizar los resultados fiscales de la primera mitad del año.
La discusión sobre este incumplimiento es ahora central para determinar qué tratamiento recibirá la revisión. El propio vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció que existe la posibilidad de que sea necesario recurrir a una dispensa, aunque remarcó que el Gobierno considera que logró superar otros compromisos relevantes.
“Argentina sobrecumplió muchas de esas metas. Lo más importante es cómo acumulamos reservas. En el caso de algún incumplimiento se pide un waiver y no vamos a tener problemas con eso”, afirmó Ravier durante su conferencia de prensa del martes. En esa misma intervención aclaró que hasta ese momento no tenía información de que se hubiera solicitado formalmente el waiver, por lo que la posibilidad todavía debía definirse en el marco de la negociación con el organismo.
El reconocimiento oficial resulta relevante porque desplaza la discusión desde la posibilidad de un incumplimiento hacia el mecanismo que podría utilizarse para resolverlo. El Gobierno no necesita demostrar que alcanzó todas las metas si el Fondo acepta una dispensa para aquella que no se cumplió, pero la decisión depende de la evaluación que realicen los técnicos y, finalmente, de las autoridades del organismo.
En la segunda revisión, aprobada por el Directorio del FMI en mayo, el Directorio habilitó un desembolso de aproximadamente 1.000 millones de dólares dentro del acuerdo de Facilidades Extendidas por 20.000 millones firmado en abril de 2025.