La empresa Union Bat S.A. de Gualeguaychú, un actor clave en la fabricación de baterías para la industria automotriz, decidió cerrar su planta en el Parque Industrial local y despedir a la totalidad de su personal. Sin previo aviso y mediante métodos que los trabajadores calificaron de "indignantes", más de 100 familias quedaron en la calle, convirtiéndose en un nuevo exponente de la crisis de ventas que atraviesa la industria bajo el modelo económico de Javier Milei.
La crueldad de la medida no solo se mide en la pérdida de ingresos, sino en las formas. Mientras los operarios del turno mañana eran notificados al terminar su jornada, a los del turno tarde se les bloqueó el ingreso con una escribana en la puerta.
Según informó el portal Infogremiales, muchos otros recibieron la noticia a través de mensajes de WhatsApp.
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Matías, un operario con 22 años de antigüedad, resumió la desolación frente a medios locales: “No nos avisaron nada, pedimos respuestas y no las tuvimos”, resumió. Esta falta de sensibilidad empresarial parece ampararse en un clima de época donde la protección del empleo dejó de ser una prioridad estatal.
El fin de la producción y el desamparo estatal
La empresa argumenta una “falta de ventas” para justificar el vaciamiento de una planta de 20.000 metros cuadrados que poseía certificación internacional. Sin embargo, el impacto social es devastador: se trata de trabajadores con un promedio de entre 15 y 25 años de servicio en una actividad considerada insalubre, muchos de ellos a las puertas de la jubilación.
Martín Gómez, prosecretario del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas, expresó su desconcierto: “Me enteré a las 10 de la mañana por el llamado de un delegado”. Según el gremialista, la firma venía pagando los salarios en cuotas, pero no había señales que anticiparan un cierre total e inmediato.
Los trabajadores iniciaron un acampe y una guardia permanente frente a las instalaciones para evitar que la empresa retire la maquinaria, en un intento desesperado por resguardar sus indemnizaciones.
Por su parte, el próximo lunes se presentará la denuncia formal ante la secretaría de Trabajo provincial, aunque el escepticismo reina entre los delegados. “Hay 100 familias que se están quedando en la calle. Que las autoridades se pongan a la altura de las circunstancias y salgan a decir algo”, reclamó Gómez.
Este episodio no es un hecho aislado, sino que se inscribe en lo que los sectores industriales ya denominan una “transformación regresiva” de la economía argentina. Mientras el Gobierno nacional celebra el ajuste fiscal, el tejido productivo del interior se desmorona. El cierre de Union Bat se suma a una lista creciente de conflictos en la zona, como los despidos en Laboratorios Pyam.
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