El pago de las cuotas de los colegios privados comenzó a ocupar un lugar significativo dentro de las obligaciones que las familias postergan cuando los ingresos no alcanzan para cubrir todos los gastos del mes. Según datos de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Argentina (AIEPBA), la morosidad alcanza un promedio nacional del 11%, aunque en determinadas instituciones llega a ubicarse entre el 30% y el 40%, en un contexto en el que los hogares acumulan compromisos con tarjetas de crédito, alquileres, comercios, servicios y otras obligaciones vinculadas al consumo cotidiano.
El secretario ejecutivo de AIEPBA, Martín Zurita, señaló que existe "un promedio nacional de morosidad en el pago de cuotas del 11%" y destacó que "en algunos casos llega a alcanzar entre el 30% y 40%", un nivel que, según explicó, resulta elevado para los parámetros habituales del sector. Desde las instituciones educativas privadas señalan que el aumento de la morosidad afecta directamente su estructura financiera, debido a que una parte importante de los gastos de funcionamiento está vinculada con los salarios docentes. Zurita sostuvo que el costo laboral representa cerca del 80% de la composición de la cuota de los colegios y planteó que los ajustes de los aranceles deberían acompañar la evolución de los salarios.
El planteo aparece en un año en el que las instituciones privadas de la provincia de Buenos Aires atravesaron meses sin aumentos autorizados en los aranceles mientras continuaban afrontando incrementos salariales. En julio, AIEPBA informó que los colegios privados bonaerenses con subvención estatal aplicarían un aumento de hasta 8% entre agosto y septiembre, dividido en dos tramos de 5,5% y 2,5%. La entidad también reclamó un incremento retroactivo para compensar los meses iniciales de 2026 en los que no pudieron trasladar los mayores costos a las cuotas.
En ese momento, Zurita explicó que "en diciembre, enero, febrero, marzo y abril no tuvimos el aumento autorizado y sin embargo tuvimos que pagar los aumentos de sueldo de esos meses, con lo cual se nos provocó un problema financiero". También afirmó que "muchas escuelas tuvieron que endeudarse, pidiendo préstamos para pagar sueldos y aguinaldos".
Las familias encuentran dificultades para sostener el pago de las cuotas mientras los colegios necesitan aumentar sus ingresos para cubrir costos que, según las entidades del sector, están determinados principalmente por los salarios. Un incremento de los aranceles puede mejorar los ingresos de las instituciones, pero al mismo tiempo aumentar la presión sobre los hogares que ya presentan dificultades para cumplir con los pagos.
La morosidad, además, no constituye el único factor que afecta a las escuelas privadas. Zurita señaló que el sector enfrenta una reducción de la natalidad, con 400.000 nacimientos menos durante los últimos cinco años, una situación que reduce potencialmente la matrícula y afecta los ingresos futuros de las instituciones. A esto se agregan las dificultades que existen en algunas jurisdicciones para actualizar los aranceles de acuerdo con la evolución de los costos.
Según AIEPBA, la combinación de estos factores derivó en el cierre de más de 300 instituciones educativas desde la pandemia, incluyendo establecimientos de nivel maternal, jardines de infantes y escuelas primarias y secundarias con décadas de trayectoria.
Un relevamiento del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), realizado sobre 4.200 casos efectivos en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, estableció que el 92,3% de los hogares registra algún tipo de deuda .El estudio correspondiente a agosto de 2026 muestra, además, que el 49,3% de las obligaciones relevadas no puede identificarse directamente a través de la información del Banco Central, ya que corresponde a compromisos como alquileres, compras fiadas, impuestos, expensas, servicios, préstamos informales y educación privada.
No toda deuda es bancaria
La educación privada representa el 2,2% del total de las obligaciones relevadas por el IETSE. El porcentaje se ubica por debajo del fiado en comercios de proximidad, los alquileres, los impuestos y expensas o los servicios, pero permite identificar que las cuotas escolares también están siendo financiadas mediante la postergación de pagos. En términos del presupuesto familiar, no se trata de un gasto extraordinario, sino de una obligación mensual que debe competir con el resto de los gastos necesarios para sostener el hogar.
El informe del IETSE permite observar que una parte de las obligaciones familiares queda fuera de los registros tradicionales de endeudamiento. Del total relevado, el 50,7% corresponde a deudas que pueden deducirse a partir de información del sistema financiero, mientras que el 49,3% restante está compuesto por compromisos que no aparecen necesariamente como préstamos o financiamiento bancario. Dentro de este último grupo, la educación privada explica el 2,2%, por detrás del fiado en comercios de proximidad, que representa el 13,3%; los alquileres de vivienda, con 12,5%; impuestos, tasas y expensas, con 8,5%; préstamos familiares, de amistades o prestamistas no regulados, con 4,7%; y servicios de empresas privadas, con 4,3%.
En agosto, el 28,4% de los hogares endeudados acumulaba más de tres deudas, frente al 23,5% registrado en marzo de 2026, el 12% de mayo de 2025 y el 8% de julio de 2024. Al mismo tiempo, los hogares con una sola deuda se redujeron al 10,8%, desde el 14,7% de marzo, el 23% de 2025 y el 35% de 2024. La acumulación de cuotas escolares impagas debe leerse dentro de esa multiplicación de obligaciones. Una familia puede mantener una deuda con una tarjeta, atrasarse con el alquiler, comprar alimentos mediante el fiado y, al mismo tiempo, postergar el pago de la escuela. Ninguna de esas obligaciones necesariamente aparece en conjunto en los registros financieros tradicionales, aunque todas compiten por el mismo ingreso mensual.
El IETSE señaló que "la deuda de los hogares argentinos es sustancialmente más amplia que aquella que puede observarse exclusivamente a través de los registros financieros tradicionales". La educación privada forma parte de ese universo de compromisos que pueden quedar fuera de las estadísticas habituales sobre crédito y morosidad. El 62,5% del uso de las tarjetas de crédito está destinado actualmente a la compra de alimentos, frente al 61% de marzo de 2026, el 58% de 2025 y el 54% de 2024. El dato muestra que una proporción creciente del crédito se utiliza para afrontar gastos corrientes, lo que reduce el margen disponible para otras obligaciones mensuales.