El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró este jueves el resultado fiscal de agosto y destacó que el Sector Público Nacional registró un superávit financiero de $635.529 millones. El dato fue presentado por el funcionario en la red social X (ex Twitter) como una continuidad del esquema de equilibrio de las cuentas públicas que sostiene el gobierno de Javier Milei, aunque detrás del resultado aparece una nueva contracción del gasto que alcanzó a partidas sociales, transferencias a las provincias, salarios estatales y funcionamiento del Estado.
Según el posteo de Caputo, el Sector Público Nacional obtuvo en agosto un superávit primario de $1.990.322 millones y un resultado financiero positivo de $635.529 millones, después del pago de $1.354.793 millones en intereses netos de tenencias intrasector público. En los primeros ocho meses del año, el resultado primario acumuló aproximadamente 1,1% del PBI y el financiero 0,2%. El ministro sostuvo que "desde el inicio de la gestión, el orden fiscal se alcanzó mediante la reducción del gasto público" y agregó que el Gobierno llevó adelante "en simultáneo una reducción de impuestos acumulada equivalente a alrededor de 3% del PIB".
El dato que queda en segundo plano en la comunicación oficial es la magnitud de la reducción de las erogaciones. Una estimación de Analytica sobre la base de información del Ministerio de Economía muestra que el gasto primario devengado cayó 10,3% interanual en términos reales durante agosto, la mayor contracción mensual de 2026, y acumuló una baja de 4,1% en los primeros ocho meses del año.
La diferencia entre el resultado fiscal y la ejecución presupuestaria permite observar cómo se construye el superávit que el Gobierno exhibe como uno de los principales logros de su programa económico. El gasto devengado registra los compromisos asumidos por el Estado, aunque no necesariamente implica que todos esos recursos hayan sido desembolsados durante el período. La caída de la ejecución muestra, de todos modos, el nivel de restricción aplicado sobre distintas partidas presupuestarias.
Provincias, programas sociales y salarios
El ajuste tuvo una distribución desigual. Las transferencias corrientes a las provincias se redujeron 86,1% real interanual en agosto, mientras que los programas sociales, sin contar la AUH y las asignaciones familiares, disminuyeron 40,6%. El gasto en bienes y servicios cayó 19,6% y las remuneraciones del sector público se redujeron 8% en términos reales, de acuerdo con la estimación de Analytica utilizada para el análisis. En el acumulado de enero a agosto, las transferencias a las provincias registraron una caída real de 64,6%, aunque la consultora señala que, si se excluyen los recursos destinados a hospitales SAMIC, la reducción es de 55,2%.
El recorte de las transferencias provinciales tiene además una consecuencia sobre las cuentas de los gobiernos subnacionales, que deben afrontar con recursos propios parte de gastos que anteriormente contaban con asistencia nacional. En este esquema, el equilibrio de las cuentas nacionales se alcanza trasladando una porción del ajuste hacia otros niveles del Estado.
Los programas sociales también muestran una fuerte contracción. La baja de 40,6% en agosto está condicionada en parte por el cese, en junio, de las transferencias correspondientes al programa Volver al Trabajo. En el caso de las pensiones no contributivas, Analytica calculó una caída real de 76,7% durante agosto, aunque advirtió que la comparación está influida por una elevada base del mismo mes del año anterior.
En el caso de las jubilaciones y pensiones, el ajuste fue menor en términos porcentuales pero relevante por el peso de la partida dentro del presupuesto. Un informe de Analytica mostró que el gasto real destinado a jubilaciones y pensiones cayó 1,5% interanual en agosto y que la partida acumuló apenas una variación positiva de 0,1% en los primeros ocho meses del año. A eso se suma el congelamiento del bono previsional. En agosto, el Gobierno mantuvo en $70.000 el refuerzo destinado a jubilados que cobran el haber mínimo y pensionados, una suma que permanece sin actualización desde hace 28 meses. De haberse actualizado desde marzo de 2024 en línea con el haber mínimo, el monto habría alcanzado aproximadamente $220.000.
El ajuste también alcanzó a las universidades nacionales. Según datos de ejecución presupuestaria difundidos por ASAP, los fondos girados a las casas de estudios cayeron 1,1% real interanual en agosto y acumularon una reducción de 12,7% durante los primeros ocho meses de 2026. Los salarios públicos, por su parte, retrocedieron 7,9% real interanual en agosto y 4,2% en el acumulado del año. La situación universitaria se encuentra además atravesada por el conflicto alrededor de la Ley de Financiamiento Universitario. La Corte Suprema dejó firmes las cautelares que obligan al Gobierno a cumplir con las disposiciones vinculadas con salarios docentes y no docentes y becas estudiantiles, en un conflicto que se mantiene abierto entre el Ejecutivo y las universidades.
En junio, el Gobierno había puesto sobre la mesa una propuesta que contemplaba un incremento salarial cercano al 24%, un aumento de 20% para gastos de funcionamiento y una suba de 50% para las becas Manuel Belgrano, además de recursos para hospitales universitarios. El conflicto se produjo precisamente porque las universidades venían reclamando la aplicación de la ley y una recomposición de partidas que habían quedado por debajo de la evolución de los precios.
La reducción de los salarios estatales forma parte de una dinámica más amplia sobre los ingresos laborales. En el sector privado formal, un informe del INDEC mostró que en junio los salarios habían aumentado 1,9% mensual frente a una inflación de 2,1%, mientras que en la comparación interanual permanecían cuatro puntos porcentuales por debajo de la evolución de los precios. Otro relevamiento citado por el medio ubicó al salario real privado 9% por debajo del nivel registrado al inicio de la gestión de Milei.