La crisis de las pequeñas y medianas empresas industriales comenzó a trasladarse desde las ventas hacia el circuito financiero cotidiano de las firmas. Desde Industriales Pymes Argentinos (IPA) advirtieron que una de cada cuatro PyMEs ya registra atrasos en sus pagos, una señal de que las dificultades para sostener el capital de trabajo dejaron de ser un problema aislado de determinadas compañías y empiezan a comprometer la cadena de pagos que conecta a proveedores, fabricantes, comercios y trabajadores.
El presidente de IPA, Daniel Rosato, planteó que el escenario cambió de naturaleza y que la caída de la demanda dejó de ser el único problema para las empresas. "El problema ya no es solamente la caída de ventas, sino que está empezando a romperse la cadena de pagos", señaló. La advertencia adquiere relevancia porque, cuando una empresa demora un pago, el efecto puede trasladarse hacia otros eslabones que también necesitan cobrar para afrontar salarios, impuestos, servicios, proveedores y compromisos financieros.
El diagnóstico de la entidad se produce en un contexto en el que la industria todavía muestra dificultades para recuperar niveles de actividad previos. Los últimos datos oficiales disponibles del INDEC muestran que la producción industrial manufacturera tuvo en mayo una caída interanual de 5,7 por ciento y acumuló una baja de 3,1 por ciento durante los primeros cinco meses del año. La comparación mensual desestacionalizada mostró una mejora de 0,4 por ciento, pero ese movimiento no alcanzó para revertir el deterioro acumulado.
En mayo el uso de la capacidad instalada se ubicó en 58,4 por ciento, por debajo del 58,9 por ciento registrado en igual mes de 2025. Esto significa que, en promedio, poco más de cuatro de cada diez unidades de capacidad productiva permanecieron sin utilizar. La situación es más pronunciada en algunos segmentos industriales: la utilización llegó a 42,2 por ciento en textiles, 39,6 por ciento en caucho y plástico y 38,7 por ciento en la metalmecánica excluida la industria automotriz. (INDEC)
Menos ventas y menos liquidez
La dificultad para vender se transforma en un problema financiero cuando las empresas deben seguir afrontando costos aunque sus ingresos disminuyan. Una fábrica puede reducir turnos, postergar inversiones o utilizar parte de su capital para sostener los gastos corrientes, pero esa estrategia tiene un límite cuando los cobros comienzan a demorarse y los proveedores reclaman el cumplimiento de los vencimientos.
En mayo, El Destape había relevado una situación similar a partir de un informe sectorial que mostraba que 68,3 por ciento de las empresas consultadas había sufrido una extensión unilateral de los plazos de pago por parte de sus clientes. Casi cuatro de cada diez firmas cobraban entonces a más de 60 días, mientras que el plazo promedio de pago a proveedores se ubicaba en torno de los 30 días.
La consecuencia es un descalce que termina siendo financiado por las propias empresas. En agosto, otro relevamiento publicado por este medio mostró que el plazo promedio de cobro había llegado a 49,7 días frente a 36,7 días para pagar a proveedores. La diferencia implica que las PyMEs deben sostener con recursos propios el período que transcurre entre la entrega de una mercadería o servicio y el momento en que finalmente reciben el dinero.
Ese mecanismo puede funcionar mientras exista capital de trabajo suficiente o acceso al crédito a un costo razonable. Cuando ambas condiciones se deterioran, la demora de un cliente puede convertirse en la demora de una PyME con sus propios proveedores y, luego, en un nuevo incumplimiento. Es allí donde la cadena de pagos deja de ser una cuestión contable de cada empresa y pasa a convertirse en un problema de funcionamiento de la economía real.
Los antecedentes recientes muestran que la tensión no comenzó con la advertencia de IPA. En enero de 2026, un informe de Estudios Económicos del Banco Provincia registró que el 12,5 por ciento de las firmas presentaba atrasos superiores a 90 días en el pago de sus créditos. Cuando se incorporaban las empresas con demoras de entre 30 y 90 días, la proporción ascendía a 16,5 por ciento. El relevamiento también estimó que había más de 35.000 empresas con algún tipo de atraso en el repago de sus créditos.
Otro indicador fue la evolución de los cheques rechazados. Un informe difundido en marzo señaló que en diciembre se habían alcanzado 97.612 cheques rechazados por falta de fondos, mientras que en enero se contabilizaron 89.352 y en febrero 86.350. Para la central de riesgo Fidelitas, la persistencia de esos niveles mostraba que la presión sobre el capital de trabajo continuaba elevada.
El costo de financiar a los clientes
La dinámica que describen los empresarios tiene una consecuencia concreta: las PyMEs terminan funcionando como financiadoras involuntarias de sus clientes. Cuando el comprador extiende unilateralmente el plazo de pago, la empresa proveedora debe mantener la producción y afrontar sus propios vencimientos sin disponer todavía del dinero correspondiente a la venta.
El problema se agrava cuando el proveedor, a su vez, enfrenta mayores exigencias de sus acreedores. Si una empresa cobra a casi 50 días pero debe pagar a sus proveedores en poco más de 36, necesita cubrir ese desfasaje con caja propia, crédito o una reducción de gastos. Si no tiene ninguna de esas alternativas, el siguiente paso puede ser postergar pagos.
La encuesta de ENAC mostró además que el 66 por ciento de las empresas consultadas había denunciado extensiones unilaterales de los plazos de pago. Apenas 19,2 por ciento proyectaba realizar inversiones durante los seis meses siguientes y 62 por ciento de los empresarios consideraba que la situación económica empeoraría durante 2026.
La menor inversión, en este contexto, no es solamente una consecuencia de la incertidumbre empresaria. También es el resultado de una necesidad concreta de preservar liquidez. Una PyME que debe utilizar su capital para sostener pagos corrientes tiene menos margen para comprar maquinaria, ampliar una planta, incorporar tecnología o aumentar su producción.