El negocio de la opacidad. La Argentina no es una guarida fiscal (todavía) aunque todo el plexo normativo impulsado por la administración Milei apuntala las condiciones estructurales para que el poder económico pueda moverse en las sombras.
Los cambios que se impulsan en la Ley de Sociedades tienden a reducir el control estatal, aumentar la libertad de los operadores para regular el funcionamiento y los derechos de los socios (lo que puede devenir en facilitar el control del accionista mayoritario), admitir prórrogas de jurisdicción y la aplicación del derecho extranjero en las relaciones entre los socios, permitir sociedades de objeto muy amplio, casi indeterminado, o facilitar el desarrollo de las sociedades creadas en una jurisdicción (generalmente de baja o nula tributación) para desarrollar su objeto en otra (off shore).
Según Enrique Hidalgo, ex secretario Parlamentario (2005-2011) y especialista en derecho comercial y constitucional, de aprobarse el proyecto del Poder Ejecutivo podrán crearse empresas para el mero encubrimiento patrimonial.
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“El proyecto del oficialismo propone modificar la ley para admitir que el Estado otorgue el beneficio de la limitación de responsabilidad patrimonial sin exigir que la sociedad tenga vocación empresarial. La sociedad deja de ser necesariamente un instrumento de desarrollo para devenir, en muchos casos, en un mero patrimonio de afectación sin beneficio para la comunidad”, sostuvo en un artículo publicado en elDial.com.
La Argentina no es una guarida fiscal aunque las empresas que forman parte del principal núcleo exportador del país actúan como tal al trasladar sus ganancias a la guarida fiscal de Montevideo. Las empresas involucradas en esta maniobra son las mismas que detentan la titularidad de los principales puertos sobre la traza de la Vía Navegable Troncal (VNT).
Son las dueñas del Paraná; entre ellas aparece el ABCD del agro global, ADM, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus (LDC), a la que se le sumó la china COFCO. En cuanto a las firmas de origen nacional están Molinos Agro (de la familia Pérez Companc), Aceitera General Deheza (Urquía-Acevedo), Vicentín (bajo gestión del Grupo Grassi S.A) y Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).
El RIGI también forma parte del esquema de opacidades oficial. El enclave sojero entró dentro de este régimen de excepción a través del proyecto de la Terminal Multipropósito Timbúes, impulsada por Servicios Portuarios S.A (propiedad de Juan Manuel Ondarcuhu). Los recursos del país drenan por el Paraná. El investigador Jerónimo Montero Bressán (UNSAM-Conicet) se preguntó por qué otorgar beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios extraordinarios a una inversión destinada a ampliar un corredor exportador ya consolidado.
“Desde los minerales y los hidrocarburos hasta los granos y sus derivados, el régimen consolida una geografía de grandes infraestructuras orientadas a conectar los territorios productivos con los mercados globales. La pregunta que atraviesa estos proyectos es, entonces, cuánto de la riqueza que circula por esos corredores permanece en los territorios y quiénes se apropian de sus principales beneficios”, reflexionó en su texto publicado en el segundo boletín del Observatorio RIGI.
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El ABCD de la evasión
Las empresas ADM, Bunge Cargill y Dreyfus, sumadas a Molinos Agro, Aceitera General Deheza, Adecoagro y Cofco, no solo poseen un control territorial sobre las materias primas agropecuarias de la región y son las dueñas de los principales puertos privados ubicados sobre la VNT sino que también constituyen la base de un circuito financiero utilizado para la elusión – evasión fiscal y el traslado ficticio de ganancias hacia empresas cáscaras que pertenecen al mismo grupo empresarial.
Estas compañías asumieron el rol central en el arte de transformar la evasión en elusión, según el análisis realizado por Mercedes Marcó del Pont, ex titular del BCRA y la AFIP, en el prólogo del libro Desafíos de la fiscalidad internacional (de las compiladoras Verónica Grondona y Magdalena Rúa). Este mecanismo les permite sustraerse de su obligación de contribuir al fisco, además de profundizar la fuga de divisas vía la dolarización de los excedentes.
De acuerdo a las investigadoras Grondona y Rúa, estas maniobras de elusión fiscal se llevan adelante entre empresas de un mismo grupo corporativo. Las reglas, métodos, recomendaciones y directrices acerca de la valoración de las operaciones intragrupo están basadas en el principio de plena concurrencia que consiste en valorar las transacciones entre partes relacionadas como si se hubieran originado entre empresas independientes, cuando en realidad se realizan dentro de un único conjunto económico a nivel global que asigna territorialmente sus ganancias a los fines productivos.
El principio de concurrencia, conocido en inglés como arm´s length, fue implementado en el país durante la última Dictadura Cívico Militar Eclesiástica. El esquema de legalidad fraguada de aceptar la ficción de los contratos entre entidades vinculadas se consolidó durante la década menemista con la sanción de la Ley de Inversiones Extranjeras de 1993 – otro de los instrumentos del saqueo- y la reforma de la Ley del Impuesto a las Ganancias de 1998.
En este esquema de gobernanza global diseñado por un puñado de actores del poder económico – bajo la doctrina del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional-, la jurisdicción Uruguay fue pensada como un Paraíso Fiscal para el desvío ficticio de ganancias, la fuga de divisas, la elusión-evasión fiscal y el enmascaramiento de los beneficiarios finales. También es el paso obligado de las embarcaciones que salen al Océano desde la VNT.
Las empresas agroexportadoras de Argentina y Brasil se encuentran entre las principales usuarias de este entramado fiscal profundamente nocivo para el desarrollo de los pueblos.
¿Por qué Uruguay?
La guarida fiscal elegida por estas corporaciones –como también lo sabe el dueño de Mercado Libre, Marcos Galperin- es Uruguay, que todavía sostiene una estructura jurídica funcional a la planificación fiscal nociva, la fuga de divisas y el lavado de activos.
A pesar de algunos cambios normativos producidos en los últimos años, Uruguay conserva una estructura que favorece este proceso de intermediación, donde las “empresas cáscaras” funcionan como traiders, lejos de cualquier proceso productivo.
- Se destacan las zonas francas, ámbitos en los cuales las empresas no tributan impuestos.
- Sigue vigente el Régimen de intermediación internacional, establecido mediante la Resolución DGI N.º 51 de 1997, destinado a empresas dedicadas a la compra y venta de bienes cuyo origen y destino se encuentran fuera del territorio uruguayo. Bajo este esquema, cuando no se genera valor agregado local, las empresas tributan apenas un 0,75% sobre la renta, en contraste con las alícuotas vigentes en Argentina (35%) y Brasil (34%).
- Las sociedades holding están exentas del impuesto a la renta de las actividades económicas por las ganancias derivadas de dividendos percibidos de empresas extranjeras o por los resultados de sus participaciones en el exterior.
Las sumas evadidas
Los investigadores Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti estudiaron a fondo el comportamiento de las cascaras uruguayas de las empresas Vicentin, Cargill, Bunge, BAF Partners, Nidera, Cofco, Molinos Río de la Plata, Dreyfus, AGD, Syngenta, Adecoagro, Monsanto, Viterra y Fisway SA (asociada a la cooperativa ACA). Los dos autores participan del libro Desafíos de la fiscalidad internacional (Grondona – Rúa).
Estas sociedades hacen las veces de intermediarias contables, sin tocar un solo grano. También funcionan como una suerte de hub financiero para la toma de deuda a distribuir entre sus filiales. ¿De dónde habrán salido los 7000 millones de dólares de adelanto de exportaciones utilizadas como salvataje a Milei en septiembre de 2025?
En 2019, las empresas del agronegocio radicadas en Uruguay facturaron 19.476 millones de dólares. Al año siguiente, fueron 29.776 millones de dólares. El efecto de la Pandemia del Covid -19 y el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania incidieron el precio internacional de las materias primas, al mismo tiempo en que estas corporaciones incrementaron sus maniobras fiscales al trasladar sus ganancias hacia el país vecino. En 2021 facturaron 42.654 millones de dólares.
Cargill Uruguay ejecuta la pantomima de comprarle un cargamento de soja a Cargill Argentina o Brasil para luego vendérsela a Cargill China. Las ganancias son anotadas en el país de menor carga tributaria, locación que nada tiene que ver con el territorio productivo. Es un mecanismo para fraguar rentabilidades de manera contable, utilizados por todas las agroexportadoras mencionadas.
Zanotti y Gaggero establecieron que la empresa Cargill Uruguay llegó a representar el 61% de las ganancias totales de la multinacional en 2020, al igual que Bunge con un traslado de rentabilidad del 33% para el ejercicio fiscal de 2019.
Para 2024, la empresa Aceitera General Deheza (Urquía – Acevedo) trasladó el 62% de toda su facturación hacia Uruguay; la situación de Molinos (famiglia Pérez Companc) fue mucho más abusiva, con el traslado del 94% de la facturación de todo el grupo hacia la jurisdicción Montevideo. La cooperativa ACA (que se organiza bajo la estructura de Coninagro) trasladó hacia esta guarida fiscal el 75% de su facturación.
El traslado de ganancias hacia una jurisdicción utilizada como una guarida fiscal se hace para eludir el pago del Impuesto a las Ganancias en el país de origen. Los investigadores calcularon que las filiales del agronegocio radicadas en Uruguay evitaron el pago de aproximadamente 1328 millones de dólares en concepto de impuesto a la renta corporativa durante el período 2017–2024. De ese total, 1045 millones de dólares correspondieron al fisco brasileño y 162 millones al fisco argentino.
La Argentina todavía no es una guarida fiscal aunque las agroexportadoras saben cómo eludir el pago de impuestos.