Lali Espósito utilizó sus redes sociales para llamar a una movilización masiva frente al Congreso de la Nación el próximo jueves 6 de agosto, fecha en la que la Cámara de Diputados debatirá el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que deroga la actual normativa de regulación de suelo. La artista compartió un posteo de la actriz Dolores Fonzi, convocando a marchar.
La iniciativa impulsada por el Gobierno bajo el nombre de "inviolabilidad de la propiedad privada" busca derogar la Ley de Tierras (Ley 26.737), sancionada en 2011 para fijar un límite del 15% a la titularidad de tierras rurales en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras. La eventual anulación de este marco regulatorio reactivó la alarma de organizaciones ambientalistas, sociales y especialistas en derecho territorial.
Desde distintos sectores advierten que la desregulación total abre el camino a la venta indiscriminada de recursos de alto valor estratégico. Entre las áreas señaladas en el debate se encuentran las fuentes de agua dulce en la Patagonia, los bosques nativos, las franjas cordilleranas con reservas de minerales críticos y los acuíferos clave, además de zonas de frontera sensibles para la seguridad interior.
La convocatoria de Espósito busca amplificar el reclamo social en las puertas del Congreso el día clave de la votación. Cabe recordar que el posicionamiento de la cantante se suma a una serie de manifestaciones críticas hacia la gestión nacional: la tensión entre ambas partes se remonta a las elecciones PASO de 2023, cuando Espósito expresó su preocupación ante el resultado electoral.
Puntos clave de la reforma de la Ley de Tierras
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La abrogación del marco normativo de 2011 y la supresión del límite del 15% destinado a la tenencia de tierras por parte de titulares extranjeros.
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La autorización para la adquisición de superficies estratégicas, tales como espejos de agua, acuíferos, áreas mineras cordilleranas y franjas fronterizas.
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La anulación del artículo 10, dispuesto para la preservación de reservas y cuerpos de agua permanentes.
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La revisión de la normativa sobre el régimen de tierras radicadas en zonas de frontera dictada en 1944.
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La continuidad de las limitaciones para estados o empresas públicas extranjeras, en contraste con la apertura a particulares y firmas privadas.
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Los registros oficiales que contabilizan 13,2 millones de hectáreas en manos extranjeras, con predominio de capitales procedentes de Estados Unidos, Italia y España.
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El nexo de la medida con otras iniciativas del paquete normativo, entre las que figuran las reformas sobre glaciares, el RIGI, la regulación del lobby y las sociedades anónimas.
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Los señalamientos de analistas respecto de eventuales riesgos asociados al narcotráfico, el contrabando y la cesión de recursos estratégicos.
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