Dos años de deterioro del sistema de salud: desfinanciamiento, desarticulación y menor acceso a medicamentos

En un país como el nuestro, de casi tres millones de kilómetros cuadrados, 24 jurisdicciones y un sistema de salud federal, el Ministerio de Salud de la Nación ejerce un rol de coordinación y rectoría para que, dentro de las posibilidades, todos los habitantes puedan gozar de su derecho a la salud en relativa igualdad de oportunidades. Pero durante estos últimos dos años, su retracción, la subejecución de recursos y el traslado de sus obligaciones a las provincias contribuyó a aumentar la desigualdad y a dejar desprotegida a una porción cada vez mayor de la población. 

Es lo que muestra un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria que analiza las principales transformaciones introducidas en materia de medicamentos, programas sanitarios, formación de recursos humanos, financiamiento hospitalario y funcionamiento de organismos estratégicos en materia de salud en el bienio 2024-2025. De acuerdo con datos oficiales, en este período el presupuesto del organismo se redujo un 34% en relación con 2023 y se alcanzaron altos niveles de subejecución.

“Esta dinámica contribuye a desarticular políticas sanitarias nacionales”, subraya el trabajo, que destaca que un sello de esta gestión es el debilitamiento de la capacidad del Estado nacional para sostener políticas de prevención, promoción y acceso en todo el territorio.

"La Fundación Soberanía Sanitaria analiza los resultados, las consecuencias que está teniendo el retiro del gobierno nacional de sus tareas y obligaciones para con la salud, muchas de las cuales son una responsabilidad que ha sido adquirida por el tiempo, muchas por leyes, por normas, por acuerdos con las provincias, pero que además están sustentadas todas en la obligación del Estado como último garante de un derecho consagrado en nuestra Constitución Nacional –afirma Daniel Gollán, ex ministro de Salud y en la actualidad diputado nacional por la provincia de Buenos Aires–. Lo que está mostrando la realidad es que todas las acciones vinculadas con programas de prevención, de promoción, atención, rehabilitación, investigación, cuidados ya traen consecuencias graves en nuestra población. Han bajado los recursos que la Nación destina a los hospitales y los destinados al Plan Remediar que abastecía de medicamentos a todos los centros de atención primaria del país y con mucha discontinuidad en las entregas, lo cual atenta contra la regularidad de los tratamientos por parte de los pacientes. También ha bajado enormemente la entrega de tratamientos oncológicos, la atención de enfermedades poco frecuentes y en general de todos los pacientes que se tratan o reciben atención médica a partir del Plan Incluir Salud o Plan Federal de Salud. Se nota una enorme despreocupación por las enfermedades crónicas no transmisibles: hipertensión, obesidad, problemas que producen los altos índices de colesterol, etcétera".

De acuerdo con este informe, en 2024 el presupuesto de los programas descendió un 35%. Entre los más afectados se encuentra SUMAR, con una caída del 28%, lo que impacta directamente sobre el financiamiento del primer nivel de atención y la capacidad de las provincias para sostener prestaciones básicas. En 2025, si bien la caída total se modera, persiste una reducción real del 14% respecto del año anterior.

Algo similar ocurre con el área de prevención y control de enfermedades. El programa de VIH registra una reducción real cercana al 50% en 2024, mientras que en 2025 el programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles presenta una caída del 30%, lo que afecta partidas asociadas con la distribución de vacunas del Calendario Nacional.

En cuanto a los hospitales, más del 95% de los públicos dependen de provincias o municipios, pero el puñado que se encuentra dentro de la órbita del Ministerio de Salud nacional se encuentra especialmente afectado. El Posadas, que concentra alrededor de dos tercios de la inversión en esta área, padeció una reducción del 32% de su presupuesto respecto de 2023.  Y en el caso del Hospital Nacional en Red de Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte”, la reducción acumulada del gasto en términos reales entre 2023 y 2026 alcanza el 46%.

El trabajo también apunta que lo mismo les sucede a los que operan bajo la modalidad de Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC), que son establecimientos de alta complejidad cofinanciados por el Estado nacional y las provincias. Entre 2023 y 2025, las transferencias del Ministerio de Salud de la Nación se redujeron en términos reales un 17%, con caídas significativas en establecimientos estratégicos como Garrahan, El Cruce, El Calafate y Esteban Echeverría.

La contracción del presupuesto sanitario nacional también se manifestó en una reducción significativa en la distribución de medicamentos del programa REMEDIAR, disminución en la entrega de tratamientos oncológicos de alto costo y retrocesos en las políticas de salud sexual y reproductiva, con la reducción abrupta de entrega de métodos anticonceptivos (de unos 7,5 millones a 2,5 millones en 2024) y preservativos.

En cuanto a la cobertura de medicamentos del PAMI, como consecuencia de cambios en el precio de referencia y de la eliminación de coberturas plenas para medicamentos de uso frecuente, entre fines de 2023 y 2025, el gasto de bolsillo de los afiliados aumentó muy por encima de la inflación general y la evolución de los haberes jubilatorios. Una evidencia elocuente del impacto de estas estrategias es la caída sostenida del consumo de medicamentos bajo receta y de venta libre, particularmente entre los afiliados de PAMI. 

"Algo similar ocurre con las enfermedades infecciosas transmisibles –agrega Gollán–, con un muy preocupante aumento de las sífilis de un 70% entre 2024 y 2025, lo cual claramente está demostrando que el retiro del programa de prevención sobre este tipo de enfermedades está produciendo daños graves. Básicamente se dejó de entregar preservativos, lo que se entrega es una cantidad ínfima. Esta es una de sus principales causas, si no la principal, este retiro del Estado de su tarea de prevención. Concomitantemente están aumentando otras enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, a la vez que continúan bajando las coberturas de vacunas ante una inacción enorme en la promoción de actividades para recuperar mayores niveles de inmunización. Ciertamente este es un problema que está sucediendo en una escala mundial, pero que tiene su correlatividad aquí en la Argentina. Nos encontramos con números que son realmente preocupantes".

En materia de transformaciones estructurales, las introducidas en la formación de recursos humanos con la derogación del artículo 52 de la Ley 26.058 de formación inicial y técnica, que garantizaba un piso mínimo de recursos para el Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional, se formalizó un vaciamiento progresivo que afecta directamente la calidad de la formación en áreas estratégicas como enfermería, laboratorio, radiología e instrumentación quirúrgica, y profundiza las brechas entre jurisdicciones con distinta capacidad fiscal, subraya el informe.

A este proceso se suma el debilitamiento del sistema de residencias, principal dispositivo de formación de posgrado de los profesionales de la salud profundizando la precarización en un contexto ya marcado por bajos ingresos y alta carga asistencial. Además, se desarticuló y provincializó el proceso de selección, lo que implica perder un instrumento que garantizaba criterios comunes de evaluación, reducía barreras económicas y territoriales de acceso, y aportaba información estratégica para la planificación sanitaria.

Finalmente, la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad, cuyo presupuesto había sufrido un recorte del 25%, más las modificaciones normativas y administrativas orientadas a intensificar los procesos de auditoría y revisión de pensiones no contributivas por invalidez, afectó el acceso efectivo a las prestaciones, promovió la disminución de recursos humanos y debilitó la articulación con las provincias, prestadores y organizaciones de la sociedad civil.

"Las provincias y los municipios están haciendo esfuerzos enormes, pero cuando el gobierno nacional se retira con todo el poder que tiene en términos de compra de medicamentos, de establecer programas en todo el país, cuando se está desfinanciando la formación de recursos humanos calificados y se está desalentando un programa de residencias que era una nave insignia de nuestro sistema de salud, los resultados ya se están pagando no solamente en pérdida de calidad de vida de cientos de miles de personas, sino lamentablemente con fallecimientos".