Un juez de Paz de Aguaray fue condenado en la provincia de Salta tras reconocer que retuvo dinero de cuotas alimentarias que debía entregar a sus beneficiarias. Se trata de Freddy Josué Chocobar, quien admitió los dos hechos investigados por la Justicia durante un juicio abreviado.
El magistrado fue declarado responsable de los delitos de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real por dos hechos. La Justicia le impuso una pena de un año de prisión de ejecución condicional y dos años de inhabilitación.
La investigación comenzó a partir de denuncias relacionadas con fondos que habían sido depositados en el Juzgado de Paz de Aguaray para ser destinados al pago de cuotas alimentarias. Sin embargo, el dinero no habría llegado a las personas que debían recibirlo.
El juez de Paz reconoció los dos casos durante un juicio abreviado
Durante la audiencia, Chocobar reconoció su responsabilidad en los dos hechos. En uno de ellos, admitió que una mujer se presentó en el juzgado para retirar $370.000 que habían sido depositados en concepto de cuota alimentaria, pero que finalmente no le entregó el dinero.
En el segundo caso, otra beneficiaria tampoco recibió los fondos que habían sido depositados con la misma finalidad. En total, como parte del acuerdo judicial, el juez deberá devolver $690.000 a las víctimas. La primera cuota ya fue depositada y el resto deberá ser abonado de acuerdo con las condiciones establecidas.
Por su condición de juez de Paz, Chocobar contaba con inmunidad constitucional, por lo que la Fiscalía debió impulsar un procedimiento específico para poder someterlo a la Justicia penal.
La Corte de Salta había autorizado avanzar con la investigación
El fiscal Jorge Armando Cazón solicitó formalmente el levantamiento de la inmunidad. El pedido fue aceptado por unanimidad por la Corte de Justicia de Salta, que además dispuso la suspensión provisoria de Chocobar en sus funciones. Así, la Fiscalía pudo avanzar con la investigación que finalmente terminó en la condena.
Además de la pena de prisión condicional y la inhabilitación, el exjuez deberá cumplir una serie de reglas de conducta durante dos años. Entre ellas figuran fijar residencia y someterse al control del Programa de Inserción Social y Control de Presos y Liberados.
También tendrá prohibido acercarse a menos de 300 metros de las víctimas y sus familias, además de cualquier acto de amenaza o violencia física o psicológica contra ellas.