“Estoy embarazada, ayuda. Solo tengo 10 años. Fue mi tío”, fue la frase que apareció escrita el último viernes en la pared de un baño de la Escuela Carlos María de Alvear, ubicada en Villa San Damián, localidad del departamento de Rawson, provincia de San Juan. Si bien fue borrada rápidamente por orden del Ministerio de educación provincial, la gravedad del mensaje motivó el inicio de una investigación judicial a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación de Abusos Sexuales Infantiles y Violencia Intrafamiliar (UFI ANIVI) que intervinó de oficio, sin esperar una denuncia formal.
Pocos días después las autoridades educativas informaron que pudieron identificar a la alumna y que se activaron dispositivos de acompañamiento tanto para ella como para sus compañeros y compañeras. Mientras tanto la investigación debe avanzar, con cautela y evitando la revictimización, con el objetivo de determinar si la inscripción fue hecha por esa niña, y si existe efectivamente un embarazo producto de una situación de abuso sexual.
Más allá del caso y la investigación en curso, es importante analizar cuál es hoy el rol de la escuela, la Educación Sexual Integral, y cómo se articula con la actuación de la justicia, cuando una niña o un niño necesita pedir ayuda y no sabe cómo, o, no puede buscar acompañamiento en su circulo familiar más cercano. La escuela se presenta entonces, más allá de su rol educativo, como uno de los espacios e instituciones sociales seguras, donde una infancia puede encontrar adultos que escuchan, registran sus padecimientos, rompen el silencio y, eventualmente, pueden actuar para protegerla.
Abuso sexual infantil, una violencia que permanece oculta(da)
El primer osbtáculo a la hora de analizar la dimensión del delito de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes (NNyA) en Argentina es que no existe una cifra unificada capaz de contabilizar todos los casos que efectivamente ocurren. Los registros administrativos que sí se encuentran muestran solamente aquellos que llegan a las instituciones, a la Justicia o a los dispositivos de asistencia, sin tener en cuenta que una parte muy importante de estas violencias permanece sin denunciar por diferentes motivos.
UNICEF advierte, en este sentido, que la mayoría de las situaciones de abuso sexual contra NNyA no son detectadas, denunciadas o investigadas. Uno de los indicadores más amplios disponibles surge de un análisis de UNICEF publicado en 2025: el 10,5% de las mujeres argentinas de entre 15 y 49 años declaró haber sufrido violencia sexual durante su niñez. Ese porcentaje asciende a 13,5% entre las mujeres de menores ingresos, y desciende al 6,3% entre las del quintil de mayores ingresos.
Por otro lado, los registros de la Línea 137 sí permiten observar qué pasa sucede cuando las situaciones de violencia llegan a un dispositivo estatal. Según UNICEF, el 57,8% de las víctimas de violencia sexual atendidas por la Línea 137 son menores de edad y, dentro de ese universo, el 77% son niñas. Además, los registros muestran que el agresor es el padre en el 73% de los casos, y el 37% de los abusos ocurre dentro del hogar. Si bien las visibles son solo un fragmento de las violencias reales, alcanzan para cuestionar la idea de que los abusos ocurren fuera de casa, en ciertos horarios, y que los abusadores son generalmente personas desconocidas, "locos", “enfermos mentales", desviados o psicópatas. El abuso sexual infantil debe entenderse también como una violencia que se sostiene en relaciones de poder asimétricas: un adulto frente a un menor, alguien que tiene autoridad, capacidad de manipulación y, muchas veces, acceso cotidiano a la víctima.
Es un hecho que el abuso sexual infantil es un problemática que, en general, ocurre en el interior del seno familiar, lo que produce dos graves situaciones al mismo tiempo: el abusador tiende a aprovechar la relación de confianza, autoridad o dependencia para concretar el abuso y silenciar a la víctima. Las relaciones atravesadas por esa cercanía condicionan completamente las posibilidades de identificar la violencia, hablar o denunciar. El secreto, el miedo, la amenaza, la culpa, la confusión y la posibilidad de romper vínculos con familiares o seres queridos terminan funcionando como mecanismos de silenciamiento, incluso cuando la víctima entiende que aquello que está viviendo esta mal o es violencia.
La escuela como espacio seguro
Por eso, las politicas que apuntan a prevenir y actuar ante un caso de abuso sexual infantil, como la ESI, implican brindar información acorde, materiales accesibles y gratuitos, pero sobre todo la creación de dispositivos, institucionales y roles que garanticen las condiciones humanas, emotivas y materiales para que las infancias puedan hablar. Como sucedió en San Juan, la escuela puede ser, para muchos, uno de los pocos lugares cotidianos donde encontrar a un adulto, un docente, un acompañante terapéutico, un psicólogo, una receptora, una directora o un auxiliar, por fuera del núcleo familiar que pueden convertirse en su lugar seguro. Lamentablemente en 2026 la ESI recibió un presupuesto casi inexistente, 30 millones de pesos, una cifra cien veces menor a lo asignado en 2022, y la peor desde que comenzó a aplicarse la Ley en 2008.
Según un estudio realizado en 2020 por el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, entre el 70% y el 80% de los niñas, niños y adolescentes de entre 12 y 14 años que sufrieron delitos contra la integridad sexual pudieron comprender lo que les había pasado gracias a las clases de Educación Sexual Integral, dispositivo que les permitió resignificar situaciones y, en muchos casos, hablar de lo ocurrido y buscar ayuda en la escuela. La ESI sirve como prevención al trabajar el cuerpo, la privacidad, la intimidad, el consentimiento y los derechos, pero además permite producir un cambio en la interpretación e identificación de algo ya vivido, sobre todo en los casos donde la confianza o el afecto formaban parte del vínculo con el victimario. El lenguaje es la mejor herramienta para poder comprender un abuso, distinguir entre una situación de cuidado y una situación incomoda o violento, y transmitir que existe una red adulta e institucional disponible.
Las cifras oficiales permiten desarmar rápidamente los argumentos de la polémica, que creció fuertemente en los últimos años, alrededor de la idea que “la educación sexual es responsabilidad de la familia”, el famoso “con mis hijos no te metas”, o las denuncias por “adoctrinamiento”, que forman parte de una disputa más amplia sobre quién tiene derecho a hablar con las infancias sobre el cuerpo, los vínculos, los límites y los derechos. Nadie niega que los padres y las familias cumplen un papel fundamental en la educación y el acompañamiento de sus hijos, pero convertir aquello en un obstáculo para la intervención de la escuela y el estado supone desconocer que no todas las familias son espacios seguros y que, en muchos casos, el adulto que debería proteger es quien ejerce la violencia. Cuando el silencio o la privacidad se presentan como protección de la infancia, pueden terminar funcionando las condiciones fundamentales para que las violencias permanezcan invisibles y se sigan reproduciendo.
Cómo identificar y actuar ante un caso de abuso
La principal herramienta de prevención del abuso sexual infantil es el acompañamiento familiar, educativo e esintitucional, la escucha activa, y la presencia de adultos responsables. Sin embargo no siempre un caso de abuso se puede prevenir y, ante el hecho consumado, a veces aparecen señales que permiten detectar el sufrimiento de un niño víctima de violencia. Los indicadores pueden ser físicos, emocionales o conductuales, pero también pueden responder a otras situaciones de angustia o conflicto.
Según una guía de UNICEF entre las señales que requieren atención pueden aparecer cambios bruscos de conducta, miedo o rechazo persistente hacia determinadas personas, retraimiento, angustia, conductas sexualizadas no acordes con la edad, conocimientos sexuales inusuales para el momento evolutivo, regresiones en el control de esfínteres (por ejemplo, volver a hacerse pis o caca), lesiones o sangrados genitales o anales, infecciones urinarias o de transmisión sexual recurrentes, conductas autoagresivas y, en algunos casos, embarazo. Pero ninguna de estas señales, aislada, permite diagnosticar un abuso.
El registro de cualquiera de estos signos es clave porque permite actuar y no tener que esperar a una prueba física, una declaración o una conducta mucho mas grave. De hecho, la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece el deber de comunicar situaciones que vulneren sus derechos y, específicamente, obliga a quienes trabajan en establecimientos educativos y de salud a comunicar situaciones de vulneración de derechos de las que tomen conocimiento para activar una intervención, incluso sin tener que demostrar que existió un abuso. La responsabilidad del adulto es escuchar, proteger y poner en funcionamiento la red institucional y los dispositivos especializados que correspondan. En el caso de San Juan, la aparición de una frase escrita en una pared fue suficiente para que la Justicia iniciara una investigación de oficio sin tener confirmado el nombre, apellido, fecha, hora, embarazo o las pruebas del abuso.