Un video en el que se ve a un hombre golpear de manera salvaje a su pareja se viralizó en las últimas horas y el agresor ya fue identificado, aunque la entidad "Madres que rompen el silencio" cuestionó la lentitud de la Justicia para actuar en este hecho ocurrido en la localidad bonaerense de Tapalqué.
Según pudo saber El Destape, el caso lo lleva adelante la UFI N°1 de Azul, a cargo de Marcelo Fernández, bajo la carátula de lesiones leves en contexto de violencia de género. Además de compartir el video, la mujer se presentó en el Hospital Municipal de Tapalqué, donde constataron equimosis recientes, un corte cicatrizado en el rostro y una lesión consignada como autoinfligida.
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La denuncia de la asociación civil
En ese sentido, la asociación civil "Madres que rompen el silencio" de Río Negro exteriorizó su más enérgico repudio ante el caso y denunció una alarmante demora y falta de respuestas de la Justicia local, a pesar de contar con registros fílmicos y fotográficos contundentes.
La organización tomó conocimiento directo del caso y dispone de material probatorio de alto valor —que incluye registros fílmicos y fotográficos contundentes— que acreditan una brutal agresión física sufrida por la mujer. Sin embargo, advirtieron que la respuesta estatal está lejos de estar a la altura de las circunstancias.
El video, la prueba clave
Según pudo averiguar la prensa, en el video se ve al agresor, quien fuera identificado presuntamente como R.C., revisar el teléfono de su pareja y golpearla de manera salvaje en reiteradas ocasiones, mientras ella pide por favor que se detenga. Las imágenes se viralizaron rápidamente en las últimas horas y generaron un fuerte repudio en la comunidad y en organizaciones que trabajan contra la violencia de género.
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El reclamo ante la Justicia
La entidad "Madres que rompen el silencio" señaló que la fiscalía y los organismos locales incurren en una peligrosa demora procesal y advirtieron que "la violencia institucional por omisión o demora también es una forma de violencia que perpetúa el peligro".
El reclamo se dio ante las autoridades del Departamento Judicial de Azul, a las cuales se les exigió una serie de medidas, como la intervención urgente para revisar y agilizar el accionar de las dependencias judiciales y policiales locales; el dictado inmediato de medidas de protección y restricción perimetral eficaces para resguardar la integridad psicofísica de la víctima; y el cese absoluto de las dilaciones burocráticas frente a la existencia de pruebas audiovisuales explícitas que certifican la agresión.
"No se puede seguir tolerando que la burocracia judicial desampare a quienes denuncian", indicó la asociación, al tiempo que advirtió que se mantendrá en estado de alerta comunitaria hasta que las garantías constitucionales y de seguridad sean cumplidas de manera efectiva. La organización reiteró su pedido de una respuesta urgente y eficaz por parte de las autoridades, y remarcó la importancia de que estos casos no queden impunes.