En 1979, un grupo de abuelas argentinas leyó en un periódico de La Plata una noticia que cambiaría para siempre la historia de la ciencia y los derechos humanos: existía un análisis de sangre capaz de establecer el vínculo entre un padre y un hijo. Esa novedad, leída al pasar, llevaría a aquellas mujeres a desatar una revolución.
Inmediatamente empezaron a preguntarse si habría algún método para probar la filiación no entre padres e hijos, sino entre abuelos y nietos. Recorrieron 12 países para ponerse en contacto con los más renombrados genetistas y en 1982, en ocasión de un viaje a Washington para participar de la Asamblea General de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, se encontraron con Víctor Penchaszadeh, que integraba una comisión de argentinos por los derechos humanos y le plantearon el problema. Él les dijo que no estaba resuelto, que habría que estudiarlo, y después de hablar con varios especialistas las puso en contacto con la también genetista Mary-Claire King. Juntos desarrollaron lo que hoy se conoce como el índice de abuelidad: un cálculo estadístico que permite asegurar con un 99,99% de certeza el parentesco entre una abuela, y su nieto o nieta.
Hasta el avance crucial de King, las Abuelas deambulaban por los hospitales e intentaban encontrar a sus nietos/as buscando rasgos que les resultaran familiares, o basándose en testimonios de allegados y vecinos. Pero incluso si tenían la fortuna de dar con ellos, no podían probarlo, ya que en ese momento no había tests genéticos que demostraran filiación. El problema era aún más acuciante, porque en este caso faltaba la generación intermedia: no tenían muestras de los padres o madres para comparar.
Para resolverlo —probar su vínculo de filiación con bebés apropiados durante la dictadura— se creó en 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, del Banco Nacional de Datos Genéticos, que en estas cuatro décadas no solo ayudó a restituirles la identidad a 140 nietos (de los 500 que se estima fueron robados), sino que además se constituyó en un centro crucial para la formación de recursos humanos en genética forense.
“Tanto el Banco, como el Equipo Argentino de Antropología Forense y el Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, son instituciones pioneras de las que muchas veces no se advierte el peso que tienen dentro de la comunidad forense internacional –subraya Franco Marsico, que estuvo trabajando en el BNDG en 2020, justo antes de la pandemia e hizo su doctorado en genética forense en el Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, donde ahora es docente–. Hace dos años, por ejemplo, estaba en Santiago de Compostela, en el Congreso de la Sociedad Internacional de Genética Forense, y advertí que la Argentina es uno de los cinco países que más miembros le aportan; o sea, es un semillero de genetistas forenses, y también de desarrollo y de aplicación de la genética forense en el contexto humanitario. En ese marco es un poco contradictorio que acá se lo critique, como si atacar a instituciones fuese atacar la política de Abuelas, o que se hable de que tuvo una tendencia muy específica para esos casos, y en realidad es una infraestructura que funciona como base para el desarrollo de la ciencia. Tengo colaboradores en Noruega, en Italia, que reconocen el rol protagónico que tiene el BNDG. El ataque es ir en contra de la tradición científica del país, y es un corte en la cadena de inversión de recursos de años. Ahogarlo es darse un tiro en el pie”.
Sin embargo, hoy ese organismo enfrenta un recorte que amenaza su existencia. Después de un crecimiento sostenido durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando recibió su máximo financiamiento en 2022 con 6.100 millones de pesos constantes, la caída presupuestaria es brutal: de más del 57% en los últimos dos años (35,1% en 2024, y 30,1% en 2025, y este año el presupuesto vigente se deteriora un 5,8%).
Según un informe que dio a conocer el grupo Economía, Política y Ciencia (EPC, perteneciente al Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación), "el ajuste se ejecutó con fuerza en los gastos de funcionamiento (bienes de capital y de consumo), que caen un 65,8% en tres años, y en la masa salarial, que cae un 46% desde 2023".
Los presupuestos recortados se traducen, tarde o temprano, en personas que se van. Su personal cayó continuamente hasta perder un 34% entre diciembre de 2023 y el mismo mes de 2025. Según datos del Indec, en noviembre de 2023 el BNDG contaba con 47 personas en su planta. En enero de 2026, ese número había caído a 33. Es el tercer organismo más afectado por la pérdida de puestos en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
“Si en estas instituciones no se permite la contratación de nuevos especialistas, hay solo una puerta de salida para la gente que se va por razones económicas o personales; de alguna manera estás enmascarando una reducción de planta. Tal vez no echás, pero molestás a tal punto que las personas deciden irse y no son reemplazadas”, comenta Marsico. Cada persona que se va lleva consigo años de capacitación especializada en genética forense, conocimiento sobre las muestras almacenadas.
Creado por la Ley 23.511, el BNDG fue instalado originalmente en el Servicio de Inmunología del Hospital Carlos A. Durand de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, cuando las abuelas encontraban un posible nieto, se hacían los estudios y pronto se advirtió que era necesario crear un banco que permitiera almacenar las muestras y la información genética que surgía de ellas. Su mandato era garantizar la obtención, el almacenamiento y el análisis de la información genética necesaria para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado hasta el 10 de diciembre de 1983.
En 2009, la Ley 26.548 lo dotó de autonomía plena: pasó a ser un organismo autónomo y autárquico bajo la jurisdicción del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Esta estructura le permitía actuar con independencia técnica y científica, libre de presiones administrativas. Así, alcanzó su mayor reconocimiento internacional. En 2018, la Fundación Konex premió al BNDG con el Diploma al Mérito como una de las instituciones de investigación científica y tecnológica más importantes de la década en la Argentina, aunque hoy ya es un centro de referencia reconocido en el mundo. Su acreditación ISO/IEC 17025 en 2024, que valida su competencia técnica, precisión y fiabilidad en la obtención de perfiles genéticos para la identificación humana, lo coloca en la vanguardia mundial de la genética forense.
En mayo de 2025, el decreto 351/2025 —firmado por el presidente Javier Milei— transformó al BNDG de organismo descentralizado (autónomo) a organismo desconcentrado, eliminando su independencia administrativa y subordinándolo a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. El gobierno justificó la medida como una reforma para "reducir el gasto público”, pero la Mesa Federal por Ciencia y Tecnología advirtió que el cambio de estatus no garantiza el cumplimiento de sus funciones, sino que lo pone en riesgo, insertando al BNDG dentro de la maquinaria de la Secretaría que ya viene ejecutando el desfinanciamiento del sistema científico nacional.
El BNDG no es solo un archivo. Es una institución viva que recibe unas 120 consultas mensuales de personas que dudan de su identidad. Hay nietos que aún no fueron encontrados. Hay bisnietos, porque "la identidad se hereda" y las consecuencias de la dictadura alcanzan a nuevas generaciones. Incluso, más allá de su origen, el banco demostró ser una herramienta fundamental para la identificación de víctimas de catástrofes, accidentes y situaciones de violencia actuales. Y su experiencia es referencia obligada para países como Colombia y Perú, que enfrentan sus propias tragedias de personas desaparecidas.
El país fue pionero en utilizar la genética al servicio de la justicia y los derechos humanos. Esa capacidad fue reconocida internacionalmente, copiada por otros países, premiada por la comunidad académica. “El Banco investiga delitos de lesa humanidad y las muestras (allí hay depositadas más de 10.000) fueron dadas en ese contexto, están a cargo del Estado –concluye Marsico–. Se están haciendo identificaciones recientes, muy activas, y hay un listado de casos que no están resueltos, muchos relacionados con mujeres de las cuales la familia ni siquiera sabía que estaban embarazadas". A 50 años del golpe, éste es otro ejemplo para lamentar. El cientificidio no se detiene.
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