El Gobierno dice que aplica la Ley de Discapacidad, pero denunciaron que no hay cambios en las prestaciones

Luego de que el gobierno de Javier Milei notificó a la Justicia Federal que inició el proceso para implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad, organizaciones y familiares de personas con discapacidades aseguran que, si bien se iniciaron algunos trámites administrativos, “no hay cambios concretos ni mejoras reales en las prestaciones” y el Ejecutivo mantiene la apelación del amparo judicial que dispone el cumplimiento de la norma. Afirmaron que existen medidas que podrían adoptarse de manera inmediata y cuestionaron el argumento oficial de que se necesita tiempo para aplicar la ley.

En diálogo con El Destape, Valentina Bassi, la actriz y madre de Lisandro, un adolescente de 16 años con autismo, valoró como "un dato político" el cambio de posición del Gobierno frente a la Ley de Emergencia en Discapacidad, aunque advirtió que no implica una implementación real. “Hace un mes la querían derogar y ahora dicen que la están cumpliendo; que es mentira, pero lo están diciendo”, sostuvo. En ese sentido, explicó que la presentación de una nota formal ante la Justicia se produjo cuando comenzaron a correr las multas previstas, lo que, a su entender, forzó al Ejecutivo a dar una respuesta.

La actriz señaló que existen medidas que podrían adoptarse de manera inmediata y cuestionó el argumento oficial de que se necesita tiempo para aplicar la ley. “Para un montón de cosas no se necesita ni un minuto”, afirmó, y mencionó, entre ellas, la deuda de las instituciones con ARCA y la condonación de multas e intereses. Según remarcó, “eso salvaría a las instituciones que están muy endeudadas”, al igual que la compensación por pagos adeudados de años anteriores y la actualización del nomenclador que, dijo, “lo pueden hacer ya”.

Bassi también cuestionó con dureza el contenido del informe que el Gobierno envió a la Justicia y lo calificó como una maniobra dilatoria. “Es mentira que necesitan tiempo, la carta que presentaron es completamente dilatoria”, afirmó. Además, advirtió que el documento omite un punto central de la norma: “En el informe que mandaron no hablaron de las deudas con ARCA, eso es gravísimo porque omiten una parte de la ley muy importante”, sostuvo, y adelantó que los temas relacionados con el organismo de recaudación, la compensación y el nomenclador serán los principales reclamos de las familias y las instituciones en esta etapa.

Este planteo contrasta con la posición que informó este lunes el Ministerio de Salud al Juzgado Federal de Campana. La cartera sanitaria elevó una presentación en la que afirmó haber comenzado las gestiones para implementar la norma aprobada por el Congreso en julio pasado, que está orientada a garantizar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de jerarquía constitucional. En ese texto, argumentó que la aplicación de la norma no es inmediata, al señalar que requiere una serie de trámites administrativos y comunicaciones formales que, según indicó, ya se encuentran en desarrollo.

Por su parte, familiares de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y Argentina Humana Inclusiva (AHI) indicaron a este medio que, por ahora, “solo se iniciaron algunos trámites administrativos, pero no hay cambios concretos ni mejoras reales en las prestaciones”. Desde estas entidades manifestaron que, si bien el gobierno libertario mantiene la apelación del fallo judicial, por disposición del juez está obligado a avanzar con la aplicación de la ley mientras esa instancia se resuelve. En ese sentido, advirtieron que, aunque la norma debería cumplirse, en la práctica todavía no se está implementando.

El informe del Gobierno a la Justicia 

El Ministerio de Salud presentó un informe ante el Juzgado Federal de Campana en el que señaló que ya inició las gestiones necesarias para poner en marcha la norma sancionada por el Congreso en julio pasado. La ley tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el escrito, la cartera sanitaria aclaró que la aplicación no puede concretarse de manera instantánea, ya que requiere una serie de trámites administrativos y comunicaciones formales que, según sostuvo, ya están en curso. La presentación fue realizada en respuesta a una intimación del juez federal Adrián González Charvay, quien el mes pasado declaró inválido el artículo del decreto reglamentario que supeditaba la vigencia de la ley a la asignación de partidas presupuestarias.

Ese fallo había dispuesto la “inmediata aplicación” de la ley 27.793 y cuestionó los argumentos del Gobierno para postergar su implementación. El magistrado consideró que la falta de financiamiento del sistema de prestaciones básicas pone en riesgo tratamientos esenciales y vulnera principios constitucionales e internacionales como la igualdad, la no discriminación y la progresividad de derechos. Con el informe ya presentado por el Ejecutivo, el expediente continuará con la intervención del resto de las partes. Luego, el juez deberá resolver si las medidas informadas alcanzan para dar por cumplida la orden judicial.

La ley de emergencia en discapacidad establece un régimen integral de alcance nacional hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año, y apunta a asegurar las obligaciones del Estado en materia de derechos de las personas con discapacidad. Si bien fue aprobada por el Congreso, el decreto de promulgación había condicionado su vigencia a la disponibilidad presupuestaria, lo que dio origen a una acción de amparo iniciada por la familia de dos niños de 11 años con discapacidad.

El Gobierno había apelado la sentencia ante la Cámara Federal de San Martín, que comenzará a intervenir a partir de febrero, cuando se retome la actividad judicial plena. No obstante, el juez habilitó la feria de enero para controlar el cumplimiento del fallo y exigió al Ministerio de Salud que informe sobre los avances. Además de la familia demandante, se espera ahora la opinión de las organizaciones que participan del proceso como amicus curiae y de la Asesoría Tutelar de Menores, antes de que el juzgado adopte una nueva decisión.