La referente de los prestadores de servicios para personas con discapacidad Laura Lavega advierte en una entrevista con El Destape que el cierre de la ANDIS puede generar una pérdida de tratamientos, alimentos y medicación. La decisión repentina del gobierno de Javier Milei ya genera problemas para los prestadores como la parálisis administrativa y la incertidumbre de que pasará con el sector.
Referente de la red de prestadores de discapacidad y responsable de un hogar de residencia permanente, Lavega define la medida como un quiebre institucional de profundas consecuencias. Advierte que “ el cierre de ANDIS como una decisión de enorme gravedad institucional. En lo inmediato, genera desorganización, parálisis administrativa y una profunda incertidumbre en todo el sistema de apoyos”. Para ella, el impacto no se agota en la coyuntura: “a mediano plazo, implica un retroceso en la jerarquización de las políticas públicas en discapacidad, ya que diluye un área específica dentro de una estructura sanitaria que no tiene como eje el enfoque social y de derechos que la discapacidad requiere”.
La absorción de la ANDIS por el Ministerio de Salud no es, para Lavega, una simple reubicación administrativa. Según señala, “la absorción por el Ministerio de Salud reduce la discapacidad a una lógica biomédica, desconociendo su carácter transversal, comunitario y social, y debilita la planificación estratégica de políticas inclusivas”. Ese cambio de paradigma es el que, según los prestadores, explica por qué las consecuencias comenzaron a sentirse casi de inmediato en el territorio.
En la vida cotidiana de las personas con discapacidad, el cierre del organismo ya se traduce en obstáculos concretos. Lavega describe un escenario de creciente precariedad: “en el territorio los efectos ya son concretos y alarmantes. Hay demoras en la emisión y renovación del Certificado Único de Discapacidad, interrupciones en prestaciones básicas, trabas administrativas y una creciente incertidumbre sobre la continuidad de apoyos esenciales”. La incertidumbre se extiende a las familias y a quienes sostienen los servicios, ya que, como advierte, “las familias están angustiadas, las personas con discapacidad ven amenazados derechos adquiridos y los prestadores trabajamos en condiciones de extrema fragilidad, sin previsibilidad ni garantías”.
Lejos de tratarse de un debate técnico, Lavega subraya el impacto humano de la decisión estatal: “esto no es una discusión abstracta: impacta directamente en la vida cotidiana, en la alimentación, la medicación, los tratamientos y la posibilidad misma de una vida digna”.
Esa realidad fue el motor de la movilización convocada para el viernes 02 de enero a las 17 horas, donde trabajadores, prestadores y familias confluyeron para expresar un rechazo colectivo al cierre de la ANDIS.
Desde una lectura política, Lavega interpreta la convocaroria como un límite frente al ajuste: “la movilización de hoy expresa un límite. Es una protesta que reúne a trabajadores, prestadores y familias para decir que la discapacidad no es un gasto ni una variable de ajuste”. En ese marco, sostiene que “el cierre de ANDIS constituye un retroceso en el enfoque de derechos y en la autonomía institucional del área de discapacidad”, ya que se pierde un organismo que, pese a sus falencias, “representaba una conquista histórica del sector”. Lo que está en juego, afirma, es mucho más que una estructura administrativa: “lo que se está defendiendo en la calle es la existencia misma de una política pública con perspectiva de derechos humanos”.
El Gobierno justificó la disolución de la ANDIS en un contexto atravesado por denuncias e investigaciones sobre su gestión. Sin embargo, para Lavega, el problema no radica en la necesidad de control, sino en el modo elegido para ejercerlo. En su análisis, “las denuncias y las investigaciones sobre la gestión de ANDIS debían haberse abordado con más transparencia, control y responsabilidad institucional, pero nunca mediante el vaciamiento o el cierre del organismo”. Advierte además que “la rendición de cuentas no puede convertirse en una excusa para desmantelar políticas públicas” y que los mecanismos de control “debieron fortalecerse sin interrumpir prestaciones ni poner en riesgo derechos adquiridos”.
Con el nuevo esquema institucional aún sin definiciones claras, las consignas del sector apuntan a la restitución de una política pública con jerarquía propia. Lavega sintetiza los reclamos al señalar que “las demandas centrales de la movilización son claras y concretas: la restitución de una política pública de discapacidad con jerarquía propia, la garantía efectiva de derechos, la estabilidad laboral de trabajadores y prestadores, y un financiamiento adecuado y actualizado que permita sostener el sistema de apoyos”. A eso se suma una exigencia política: “previsibilidad, diálogo real con el sector y el fin de decisiones unilaterales que ponen en riesgo la vida de miles de personas”.
En un contexto donde el ajuste redefine prioridades, la advertencia final de Lavega resume el sentido del conflicto: “no estamos defendiendo privilegios, estamos defendiendo derechos y la dignidad de quienes históricamente han sido los más vulnerados”.
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