El Gobierno de Javier Milei mantiene paralizados cientos de miles de trámites de pensiones no contributivas por discapacidad y más de 200 mil personas con discapacidad esperan una pensión que el Estado no resuelve. Asimismo, la gestión libertaria apenas resolvió 10 mil trámites en más de dos años. El dato surge del último informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que apuntó que “la falta de resolución expone a las personas con discapacidad a una situación de extrema vulnerabilidad”.
En marzo, el CELS realizó un pedido de acceso a la información pública para conocer el estado de las solicitudes ingresadas en la Secretaría Nacional de Discapacidad (ex ANDIS). La respuesta llegó recién en junio y reveló que existen 324.303 solicitudes pendientes de resolución. De ese total, 96.949 expedientes no pudieron completarse por falta de documentación.
Lo más preocupante del informe es que 227.354 trámites sí están en condiciones de ser resueltos y permanecen sin respuesta. “Se trata de personas que esperan que el Estado cumpla con su obligación de garantizar el derecho a una pensión”, subrayó el CELS. El informe agrega que el 72% de los solicitantes iniciaron el trámite antes del 31 de diciembre de 2023. Es decir, la mayoría lleva más de dos años esperando una definición.
Además, el 86% de ese universo corresponde a solicitudes iniciadas entre 2020 y 2023, lo que equivale a 200.011 expedientes. La demora, según el CELS, “no tiene explicación administrativa razonable”.
Los trámites de pensiones por discapacidad del gobierno de Milei
En cuanto a la actual gestión, entre enero de 2024 y abril de 2026 se iniciaron 90.791 trámites nuevos. De ellos, ninguno fue resuelto en su totalidad. Desde diciembre de 2023, el Gobierno otorgó apenas 8.633 pensiones y rechazó 1.741 solicitudes. En total, resolvió 10.374 casos en más de dos años. La proporción entre lo resuelto y lo pendiente expone una parálisis: mientras se acumulan más de 227 mil expedientes en espera, la gestión solo avanzó en un 4,5% del total.
Para muchas personas con discapacidad, la pensión representa el único ingreso estable. “Ese dinero cubre necesidades básicas como alimentación, medicamentos y transporte”, recordó el CELS en su informe.
Desde el gobierno aclararon que una solicitud solo puede resolverse cuando reúne toda la documentación y supera los cruces con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y la Dirección Nacional de Migraciones. No obstante, el CELS pidió información complementaria para conocer cuántos expedientes completos están en condiciones de ser resueltos, discriminados por año de inicio del trámite. “La falta de transparencia y la ausencia de plazos claros generan incertidumbre y desprotección”, señaló el organismo.
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