Tras 10 años cargados de angustia y obstáculos, esta semana comenzó el juicio oral por la causa contra Franco Ramiro Vera, un docente de música acusado de abuso sexual agravado. Los hechos denunciados ocurrieron Escuela N.º 275 de Las Cañas, en la provincia de Catamarca, y tuvieron como víctimas a cuatro alumnos que, en aquel entonces, tenían entre 7 y 9 años de edad.
El inicio del proceso judicial se produjo luego de un extenso período de espera. La apertura del debate representa un hito en una causa que, desde sus inicios, estuvo marcada por la exigencia de que las instituciones rindan cuentas por su obligación de proteger a niños, niñas y adolescentes.
El debate se desarrolla ante la Cámara Penal N.º 2 y, en simultáneo a su arranque, una gran concentración se realizó frente al edificio de Tribunales. Familiares de las víctimas, organizaciones sociales y ciudadanos se reunieron para acompañar a quienes sufrieron por tantos años y para reclamar justicia.
La movilización contó con la presencia de la Red Infancia Robada y de la referente en derechos de la niñez Marta Pelloni, cuya participación le otorgó visibilidad nacional a una causa que, hasta ahora, había permanecido circunscripta al ámbito provincial.
El proceso requirió que los jóvenes vuelvan a someterse a pericias psicológicas años después de los incidentes. “Esperamos que se haga justicia y que mi hija pueda vivir tranquila”, manifestó una de la madre de las víctimas en declaraciones para medios locales. Luego, pidió de manera urgente a las autoridades sanitarias para que proporcionen los profesionales necesarios para acompañar a los chicos en su recuperación.
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A pesar de la gravedad de las denuncias, el camino hacia el juicio estuvo plagado de dificultades e impedimentos. Según relató la madre de una de las víctimas en una entrevista radial, las familias debieron recurrir a marchas y reclamos públicos para evitar que la causa quedara en el olvido, llegando incluso a denunciar que en un momento el expediente se había extraviado.
La mujer también criticó que, mientras el proceso se dilataba por años, el imputado pudo continuar con sus actividades laborales. “En vez de proteger a las víctimas, se lo protegió a él”, afirmó la madre de acuerdo a lo detallado por La Voz.
Uno de los puntos más críticos de la denuncia pública es la ausencia total de apoyo psicológico oficial para los niños afectados. A pesar de que las pericias iniciales recomendaron tratamiento inmediato, la mujer aseguró que desde el área de Salud no se brindó asistencia alguna. Ante esta desprotección, la familia decidió mudarse para alejar a la menor del entorno donde ocurrieron los hechos.
A su vez, el testimonio de la madre apunta a una presunta omisión de las autoridades escolares, afirmando que los docentes ya tenían conocimiento de lo que sucedía días antes de informar a los padres, ya que los propios alumnos lo habían relatado dentro de la institución.