De cara a una nueva Marcha Federal Universitaria, prevista para la primera semana de octubre, un grupo de rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) irá al Congreso a presentar sus necesidades presupuestarias para el año 2027. En la Cámara de Diputados no abrieron la comisión de educación para tal fin, y serán recibidos en el subsuelo del anexo. El lunes los responsables de las casas de estudios repartieron las invitaciones para los legisladores que quieran asistir.
En la primera semana del mes, el CIN tuvo su reunión plenaria en Bariloche donde hizo los cálculos de los fondos necesarios para funcionar el próximo año. Calcularon, para 2027, un núcleo presupuestario de $11.005 miles de millones de pesos ($11.005 billones) para sostener el sistema universitario público nacional. La propuesta surge de una metodología común que integra información presupuestaria, salarial, inflacionaria y requerimientos del sistema, con el objetivo de contar con una referencia técnica, trazable y comparable. Eso se le presentará a los diputados este miércoles a las 14:30 en el marco del debate del presupuesto nacional.
“No nos prestan los salones de comisiones y el presidente de la comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro (PRO) no convoca”, se queja un legislador opositor. La reunión se realizará en el auditorio del subsuelo del anexo de la Cámara. “Nosotros invitamos a todos pero veremos quienes asisten”, cuentan en el CIN. Su presidente Franco Bartolacci, rector de la Universidad de Rosario (UNR) expondrá el cálculo que se produce en medio del incumplimiento de la ley de financiamiento sancionada, vetada e insistida legislativa y judicialmente.
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La ley universitaria fue sancionada el año pasado por el Congreso de la Nación, luego vetada por el Presidente y finalmente ambas cámaras rechazaron la decisión. La ley debía ser promulgada y ejecutada, pero el Poder Ejecutivo impidió materialmente su aplicación mediante un decreto. Las universidades y el Gobierno fueron a la justicia y la Corte rechazó el recurso extraordinario del Estado. Gremios y universidades calculan una pérdida cercana al 40% del poder adquisitivo de los salarios y un ajuste real del presupuesto destinado a funcionamiento del orden del 50%.
Además, el juez federal Martín Cormick hizo lugar al planteo de la Universidad de Buenos Aires (UBA), concedió una medida cautelar, declaró inaplicable la suspensión de la ley de financiamiento educativo dispuesta por Javier Milei. "El Gobierno le miente al juez que todavía no ejecuta la medida cautelar. No hay obstáculos para que Comrick ejecute la medida”, señala un gremialista docente.
Este martes 15 de septiembre, la UBA lleva adelante una jornada de protesta institucional en Plaza de Mayo hasta la medianoche con clases públicas y servicios de salud frente a la Casa Rosada. El camino legal va en paralelo a la negociación paritaria en curso. Mientras este jueves, están citados a la Secretaria de Educación el personal docente y no docente quienes asistirán sin expectativas de una recomposición acorde a lo que han perdido desde 2023.