El 24 de marzo de 1976 no solo comenzó una dictadura que tuvo imborrables consecuencias en el plano político e institucional. Fue la inauguración de un modelo económico que generó heridas tan graves que todavía atraviesan a la Argentina.
El quiebre democrático que llevó adelante la Junta Militar no solo implicó la instauración de un régimen represivo, sino también la implementación de un programa económico.. En ese esquema, tuvo un rol central el entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, quien condujo los rieles del sistema entre 1976 y 1981.
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La represión no fue un elemento aislado. Funcionó como una herramienta de disciplinamiento social que permitió avanzar con transformaciones profundas en la estructura económica. El objetivo era claro: desarticular el modelo de industrialización vigente, debilitar a la clase trabajadora organizada y dar paso a la apertura económica, la especulación financiera y el endeudamiento externo.
Los principales indicadores económicos reflejaron ese cambio de rumbo.
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Durante la dictadura, la deuda externa se triplicó, pasando de alrededor de 9 mil millones de dólares a más de 27 mil millones.
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La inflación se mantuvo en niveles elevados: entre 1976 y 1979 promedió el 227% anual y hacia el final del golpe alcanzó el 315%.
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En paralelo, el salario real cayó más de un 30%, mientras que los niveles de pobreza aumentaron de manera significativa: de cifras cercanas al 5% antes del golpe a más del 30% al término del gobierno militar.
Uno de los “hitos” normativos de ese período fue la sanción de la Ley de Entidades Financieras en 1977 -aún vigente- que modificó el funcionamiento del sistema bancario al promover su desregulación y favorecer las operaciones financieras por sobre el crédito productivo.
En ese contexto, también se consolidó la centralidad del dólar en la economía local. A través de la denominada “tablita” cambiaria, el Estado establecía un cronograma de devaluación que incentivaba la especulación en moneda extranjera, al tiempo que ahogaba a los sectores vinculados a la producción y al mercado interno.
El impacto de estas transformaciones también se extendió al acceso a la vivienda. Hasta la década del 70, la posibilidad de adquirir una propiedad estaba mayormente asociada al salario y al crédito público. Con el cambio de paradigma, la vivienda pasó a representar un activo financiero en un mercado inmobiliario que se dolarizaba.
A medio siglo de aquellos acontecimientos, el análisis sobre ese período permite observar que el terrorismo de Estado no solo implicó violaciones sistemáticas a los derechos humanos. La dictadura cívico-militar ejecutó profundas transformaciones económicas: desindustrialización, brutal aumento del endeudamiento y la reconfiguración de las relaciones sociales y productivas.
El modelo neoliberal implementado durante la dictadura genocida constituye un punto de inflexión histórico y sus consecuencias son cicatrices sin cerrar para la estructura económica argentina actual.
