El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, quedó bajo cuestionamientos por el avance de una polémica licitación que, según fuentes vinculadas a la Administración Tributaria Provincial (ATP), podría transferir a manos privadas facultades centrales del organismo encargado de la recaudación impositiva. La denuncia apunta al Concurso Público 01/2026, cuya apertura de ofertas se realizó el 31 de agosto en la sede de Fiduciaria del Norte SA.
De acuerdo con los cuestionamientos, el proceso excedería la contratación de una consultoría técnica y podría implicar una modificación de la estructura interna de la ATP, con facultades para intervenir sobre el personal, los procedimientos y los sistemas tributarios. Por ese motivo, fuentes del organismo calificaron el esquema como una “privatización encubierta”.
Tres empresas presentaron ofertas para el concurso. Pogue Sistemas S.A. cotizó $687 millones mensuales, mientras que ATTI S.A. presentó una propuesta de $31.340 millones por 48 meses y ATS Sistemas y Gestión ofertó $31.521 millones por el mismo período.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con los vínculos entre las empresas participantes. Fuentes cercanas a la ATP señalaron que dos de las firmas pertenecerían al mismo propietario, una situación que, de confirmarse, podría abrir interrogantes sobre las condiciones de competencia del proceso.
El pliego define el objeto de la contratación como una “consultoría integral” destinada a diseñar e implementar mejoras sobre los sistemas y procesos tributarios de la ATP, tomando como base un diagnóstico realizado previamente.
Sin embargo, el alcance previsto generó preocupación entre trabajadores y sectores vinculados al organismo. Según las denuncias, el adjudicatario tendría facultades para modificar la estructura de la ATP y reubicar personal, además de revisar y eventualmente desechar documentos, reglamentos, manuales y procedimientos internos.
Uno de los puntos cuestionados establece que la empresa podrá “validar o desechar” documentación existente vinculada con los circuitos de funcionamiento del organismo, incluso aquella que detalle procedimientos e instrucciones de trabajo. La situación genera especial preocupación porque la ATP constituye uno de los organismos centrales para las finanzas provinciales. Sus decisiones tienen impacto directo sobre la percepción de impuestos y, por lo tanto, sobre los recursos con los que cuenta el Estado chaqueño.
El antecedente de los $1.800 millones
Otro de los aspectos que quedó bajo la lupa es el diagnóstico realizado durante abril y mayo de este año. Según las denuncias, una empresa habría cobrado al Estado provincial aproximadamente $1.800 millones por ese trabajo y posteriormente se habría presentado como oferente en el nuevo concurso.
La situación fue señalada por fuentes que cuestionan que una firma que participó del diagnóstico previo pueda competir luego por la implementación de las reformas derivadas de ese mismo trabajo. A esto se suma una impugnación presentada por Karstec SA, otra de las empresas interesadas en el proceso, que cuestionó los plazos de la licitación y dejó asentada su reserva de recurrir a la Justicia.
El proceso también quedó bajo la atención de sectores de la Legislatura y de organismos judiciales, aunque hasta el momento no existe una resolución que determine que la licitación sea irregular.