Un grupo que reúne a distintos magistrados de todo el país expresó su rechazo a la "campaña de descalificación y presión" contra el juez federal Martín Cormick, quien falló a favor de la Ley de Financiamiento Universitario e impuso multas al Gobierno de Javier Milei por incumplir con la normativa.
"El 14 de octubre, luego de que el magistrado aplicara multas diarias al jefe de Gabinete de Ministros ante el incumplimiento verificado de la medida cautelar que ordena aplicar la Ley 27.795, de Financiamiento Universitario, la Casa Rosada difundió un comunicado que, en lugar de discutir argumentos jurídicos, apunta contra la persona del juez y le atribuye 'pasado y amigos en La Cámpora'", indicó el Copaju en un comunicado.
Tras el mensaje del Gobierno de Milei, distintos medios como Clarín y La Nación se sumaron a publicar artículos con detalles del "pasado" de Cormick, quien está a cargo del juzgado federal en lo Contencioso Administrativo N° 11 desde 2020. "No se tolera este nuevo intento de disciplinar a los magistrados que cumplen con la ley", indicó Copaju.
En su comunicado, firmado por el juez retirado César Raúl Jiménez, la organización planteó que "quien viola la ley es el Poder Ejecutivo, que ignora una ley vigente y todo el iter judicial que la respalda".
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Además, defendió el uso de las astreintes -las multas aplicadas al Gobierno- al señalar que "no son una agresión política: son la herramienta que el ordenamiento prevé para que las sentencias no sean letra muerta". En ese sentido, remarcó que "apelar es un derecho; estigmatizar al juez por sus supuestas afinidades es un mecanismo de intimidación incompatible con el Estado de Derecho".
Por otro lado, Copaju exigió al Poder Ejecutivo Nacional "el cumplimiento inmediato de la Ley 27.795 y de las resoluciones judiciales firmes". También convocó "a la comunidad jurídica, a los colegios profesionales y a las asociaciones de magistrados a defender la independencia judicial frente a toda forma de presión".
Qué pasó con las multas
Esta mañana, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió provisoriamente la aplicación de las multas diarias que Cormick había impuesto 24 horas antes al Gobierno Nacional, una decisión que se conoció en medio de la quinta Marcha Federal frente al Congreso.
El tribunal admitió la queja presentada por el Ministerio de Capital Humano y ordenó al juzgado de primera instancia que tramite el recurso del Estado con efecto suspensivo. La apelación cuestiona la decisión de Cormick, quien había intimado al Gobierno a cumplir con la cautelar y fijado una sanción de $100.000 por cada día de incumplimiento.