La situación económica de los hogares de Santa Cruz refleja un preocupante nivel de endeudamiento y morosidad, con 61.222 personas registradas como deudoras morosas, según datos difundidos por el economista Hernán Letcher, donde advirtió que la provincia presenta de manera frecuente indicadores de incumplimiento superiores al promedio nacional.
De acuerdo con la información analizada por el especialista, la morosidad alcanza al 21,7% de los deudores santacruceños, un porcentaje particularmente elevado si se tiene en cuenta que la provincia históricamente registra niveles salariales promedio superiores a los del conjunto del país. Para Letcher, una de las principales hipótesis detrás de este escenario está relacionada con la pérdida de puestos de trabajo y el deterioro de los ingresos familiares.
El informe también revela la gravedad de las situaciones financieras que atraviesan buena parte de los afectados, ya que más de 37.000 personas se encuentran dentro de la denominada “situación 5”, la categoría más crítica del sistema financiero, que contempla atrasos superiores a los 90 días y deudas consideradas de difícil o imposible recuperación. En estos casos, las entidades pueden avanzar con la venta de las carteras a empresas de cobro, lo que suele incrementar la presión sobre quienes mantienen los compromisos impagos.
La distribución por edades también aporta una dimensión social al fenómeno. El 75,8% de los morosos de Santa Cruz tiene entre 25 y 54 años, con una mayor concentración entre los 35 y 44 años, es decir, dentro de la población económicamente activa y en una franja en la que se concentra buena parte de los hogares con responsabilidades familiares.
“Son jefes y jefas de familia; hay un claro problema de ingresos detrás”, señaló Letcher al analizar los números en su informe, y cuestionó la idea de que el endeudamiento sea principalmente un problema asociado a los jóvenes o a las apuestas digitales.
Frente a este escenario, el economista planteó la necesidad de avanzar en una regulación de los costos financieros aplicados por bancos y billeteras virtuales, además de establecer mecanismos que permitan limitar tasas que pueden resultar difíciles de afrontar para las familias.
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Caída del consumo y crisis en Santa Cruz
El último informe de la Federación Económica de Santa Cruz (FESC), correspondiente a agosto de 2026, encendió una fuerte alarma sobre la triste realidad económica de la provincia al evidenciar signos claros de estancamiento. Según el relevamiento, el consumo permanece completamente planchado, mientras que la crisis económica provoca el cierre de pymes del sector comercial e industrial mes a mes. Santa Cruz pierde un piso real de entre 3,5 y 4 unidades productivas cada 24 horas.
Esta situación confirma una contracción que afecta en paralelo al sector privado, al empleo público, al comercio de proximidad y a la actividad económica general de la región. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 desaparecieron entre 350 y 400 empresas empleadoras privadas, reduciendo el total de firmas registradas en la provincia de 3.985 a tan solo 3.545.
Con una caída interanual del 6,7% medida a mayo, la Federación Económica advirtió que Santa Cruz se posicionó como la quinta jurisdicción de Argentina con mayor destrucción de empresas en todo el país. Esta cifra duplica el promedio nacional de retroceso, que se ubicó en un 3,3%, e implica que solo en el segmento de empleadores con personal a cargo cierra una firma cada dos días.
El enfriamiento de la economía real se ve reflejado en el Índice Provincial de Actividad Económica (IPAE) que elabora la propia FESC. A febrero de 2026, el indicador encadenó ocho meses consecutivos en baja, registrando una contracción acumulada del 11% en el primer bimestre del año. Los comerciantes y prestadores de servicios señalan una combinación de factores que ahogan la actividad: el deterioro persistente del poder adquisitivo de los salarios, la pérdida de puestos de trabajo, una menor incidencia de la masa turística, la desaceleración de la actividad en la cuenca petrolera y una presión constante por la suba de costos operativos, tarifas e impuestos.