Este martes se reanudó la negociación salarial en el Consejo del Salario de la Policía de Santa Cruz, pero la nueva propuesta presentada por el Gobierno de Claudio Vidal volvió a ser rechazada por los trabajadores de seguridad, que la consideraron insuficiente. En ese contexto, efectivos concentrados en Río Gallegos liberaron una de las rejas de acceso e ingresaron al predio de Casa de Gobierno para continuar con la protesta.
En este contexto, la sesión extraordinaria convocada para este martes en la Cámara de Diputados de Santa Cruz tampoco logró avanzar por falta de quórum. La iniciativa, impulsada por bloques de la oposición, buscaba debatir la situación de la policía en la provincia y exigir explicaciones a las principales autoridades del área.
La convocatoria estaba prevista para las 12 en el recinto legislativo de Río Gallegos y tenía como único punto del orden del día la comparecencia del ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, junto a los jefes y subjefes de la Policía de Santa Cruz y autoridades del Servicio Penitenciario Provincial. Según la resolución firmada por la Presidencia de la Cámara, los funcionarios debían presentar un informe sobre distintos aspectos vinculados al funcionamiento del sistema de seguridad y responder a los cuestionamientos planteados por sectores opositores.
Sin embargo, la ausencia de legisladores impidió alcanzar el número necesario para habilitar el inicio de la sesión, por lo que la convocatoria quedó sin efecto. La iniciativa había surgido en un contexto de reclamos y cuestionamientos relacionados con la situación de la Policía Provincial y del Servicio Penitenciario, temas que la oposición pretendía debatir públicamente junto a las autoridades responsables del área.
Mientras tanto, la Legislatura provincial ya tiene prevista una nueva sesión extraordinaria para el próximo viernes 26 de junio. En esa oportunidad, el Poder Ejecutivo presentará el Informe de Gestión correspondiente al primer semestre de 2026, instancia en la que se espera que se expongan los principales lineamientos y acciones desarrolladas por la administración provincial durante los primeros seis meses del año.
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El eje del conflicto
La disputa salarial entre el Gobierno provincial y los efectivos de seguridad tiene antecedentes que se remontan a febrero, cuando integrantes autoconvocados de la Policía y del Servicio Penitenciario presentaron un petitorio en el que reclamaron la convocatoria urgente a una mesa de negociación salarial y una recomposición de haberes.
El documento, entregado el 8 de febrero en Río Gallegos, describió un escenario de fuerte deterioro económico para el sector. Según los agentes, los salarios acumularon una pérdida del 67% de su poder adquisitivo entre 2024 y 2026, situación que habría llevado a gran parte del personal a percibir ingresos por debajo de la línea de pobreza e incluso de indigencia.
El planteo incluyó un pedido concreto para elevar el salario de bolsillo de un agente a 3,8 millones de pesos. Además, los trabajadores solicitaron el pago completo de los viáticos, al señalar que actualmente solo se reconoce la mitad de ese concepto. Otro de los puntos planteados fue la creación de un adicional por insalubridad. Los efectivos argumentaron que desarrollan sus tareas en contextos de exposición permanente a situaciones de violencia, altos niveles de estrés y riesgos físicos y psicológicos.
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