Como consecuencia de la demanda de recursos por parte de las empresas prestatarias de transporte en Salta, el Gobierno de Gustavo Sáenz retrocedió y desde SAETA, la empresa estatal que gestiona el transporte público, reconocieron la necesidad de gestionar una asistencia financiera extraordinaria. Por su parte, desde el sector aseguraron que todavía no se presentó una respuesta concreta que permita destrabar el conflicto mientras sí se exigió a las compañías garantizar el servicio local.
La comunicación fue firmada por el presidente de SAETA, Claudio Mohr, luego de que las concesionarias advirtieran que, de mantenerse las actuales circunstancias, podrían quedar imposibilitadas de sostener las prestaciones. El requerimiento fue dirigido a los representantes de las empresas Transporte Automotor del Valle, El Cóndor, Transporte San Ignacio, Transal, Ale Hermanos, Eduardo Ale, Alto Molino y Ahynarca, entre otras.
Un conflicto que no deja de escalar
La intimación hace referencia a una presentación recibida el 1 de septiembre, en la que las empresas expusieron las dificultades financieras que atraviesan. Frente a ese escenario, SAETA reconoció que gestiona ante la Provincia una asistencia extraordinaria para atender el déficit operativo del sistema.
"SAETA S.A. se encuentra realizando las gestiones pertinentes ante el Gobierno de la Provincia de Salta a fin de obtener una asistencia financiera extraordinaria destinada a atender el déficit operativo del sistema", señala el documento.
El organismo también sostuvo que viene realizando pagos a las empresas "conforme a los recursos efectivamente disponibles" y que implementa distintas medidas para preservar el funcionamiento normal del transporte.
SAETA exige el servicio y advierte con consecuencias
Aunque reconoce las dificultades financieras, SAETA dejó en claro que las obligaciones contractuales de las prestatarias continúan vigentes. Por eso, exigió que adopten las medidas necesarias para garantizar la continuidad y regularidad del servicio y evitar "cualquier suspensión, reducción o alteración unilateral" que pueda afectar a los usuarios.
El organismo recordó además que el transporte público tiene una "especial trascendencia para la comunidad" y que debe prestarse bajo condiciones de continuidad, regularidad y normalidad. La advertencia incluye también consecuencias contractuales, y que señaló que cualquier incumplimiento será evaluado de acuerdo con los contratos y el marco jurídico vigente y dejó establecido que puede ejercer los derechos y acciones previstos, incluyendo las disposiciones del Capítulo VI, referido a la "Extinción de la Prestación".
Al mismo tiempo, aclaró que las gestiones financieras que realiza y los pagos efectuados según la disponibilidad de recursos no implican una modificación, dispensa, renuncia o suspensión de las obligaciones contractuales de las empresas.
El conflicto empezó por el combustible
La escalada actual tiene como antecedente directo la advertencia realizada por las empresas prestadoras, que señalaron que los recursos disponibles apenas alcanzaban para cubrir cinco días de combustible. Las compañías habían enviado un escrito a las autoridades para reclamar una solución frente a los pagos pendientes y alertaron que la situación financiera comprometía la continuidad de las operaciones.
El combustible se convirtió así en el principal punto de tensión. Las empresas sostienen que, sin fondos suficientes para afrontar ese gasto, el margen para mantener los colectivos en circulación se reduce rápidamente.
En su presentación, las operadoras señalaron que la situación económica actual "compromete la continuidad de todas nuestras operaciones" y advirtieron que, si no aparece una solución, podrían verse obligadas a paralizar completamente la prestación.
Sáenz, ante un problema que todavía no tiene solución
El nuevo capítulo deja al Gobierno provincial ante la necesidad de intervenir para evitar que la crisis financiera termine impactando sobre el servicio. La propia SAETA reconoce que busca una asistencia extraordinaria de la Provincia, mientras las empresas reclaman certezas sobre los recursos disponibles.
Por ahora, no existe una paralización confirmada ni una fecha determinada para una eventual suspensión. Las prestatarias garantizarán el servicio durante las celebraciones del Milagro, pero el escenario posterior permanece abierto.
La posibilidad de que miles de pasajeros queden afectados vuelve especialmente sensible la discusión. Los colectivos son utilizados diariamente para trasladarse hacia trabajos, escuelas, universidades y otras actividades, por lo que una reducción o interrupción tendría un impacto inmediato.