El Gobierno Nacional fue intimado judicialmente por el gremio Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para que suspenda la aplicación de la Resolución 213/25 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), recientemente publicada, que elimina y vacía de contenido al Programa de Metrología Legal, el área responsable de controlar y regular instrumentos alcanzados por normas nacionales, como surtidores de combustibles, balanzas comerciales e instrumentos de uso médico.
ATE presentó una acción contra la gestión de Javier Milei y el rumbo que el Gobierno viene sosteniendo desde su asunción, orientado a desestatizar organismos y avanzar en procesos de privatización. El secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió que la medida “no solo pone en riesgo cientos de puestos de trabajo”, sino que además “atenta contra la seguridad” de la población en general. “El Gobierno decidió avanzar con el vaciamiento de una de las áreas más sensibles del Instituto. Esta resolución encubre un claro intento de privatización. Es llamativo que sean atacadas casualmente todas las funciones de control y fiscalización”, señaló Aguiar.
Al referirse a las consecuencias de la decisión oficial, Aguiar sostuvo que “es evidente” que habrá efectos “graves y concretos” en el funcionamiento diario de numerosas empresas y que, además, “millones de ciudadanos pueden verse afectados”.
El Programa de Metrología Legal tiene impacto directo en la vida cotidiana de la población, ya que, entre otras funciones, se encarga de verificar la correcta medición de alcoholímetros, cinemómetros utilizados para las fotomultas, balanzas comerciales y surtidores de combustibles, entre otros instrumentos.
Desde ATE alertaron que, como consecuencia de esta disposición del Gobierno nacional, el área del INTI dejará de realizar tareas clave como la aprobación de modelos y la certificación del correcto funcionamiento y medición de los instrumentos que hoy se utilizan. “Parece increíble. Nunca nos imaginamos que se llegaría al momento en el que un kilo ya no sea un kilo o que, en los surtidores de nafta, un litro no sea realmente un litro”, concluyó Aguiar.
La privatización del área de Metrología del INTI
A fines de diciembre, el Gobierno nacional formalizó el retiro del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de la verificación de balanzas, surtidores de combustible, alcoholímetros y radares de velocidad, y delegó esas tareas en laboratorios y certificadoras privadas. La medida, publicada en el Boletín Oficial, avanza con el corrimiento del Estado de funciones históricas de control bajo el argumento de eliminar “superposiciones” y agilizar trámites.
Las mediciones, que afectan directamente a consumidores y usuarios, quedarán a partir de ahora en manos del mercado, con riesgo de conflicto de intereses y una mayor fragmentación del control público.
Bajo el argumento de una "verdadera desburocratización y simplificación" para eliminar supuestos obstáculos al comercio y demoras administrativas, la Resolución 213/2025 dispone el cese de las funciones operativas del INTI en el control de instrumentos clave para la confianza pública y la seguridad.
Esta medida implica que el Estado deja de ser el garante directo de la precisión en mediciones que afectan derechos básicos: como el pesaje de productos, la carga en surtidores, el funcionamiento de radares de velocidad (cinemómetros) o termómetros clínicos.
Cerrar sesión